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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Salvatore Mancuso

Esto dijo el ministro de Justicia sobre la propuesta de ‘Punto Final’ de Mancuso

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló sobre la propuesta de discutir una Ley de Punto Final, formulada por exjefes de las Farc como Carlos Antonio Lozada y con planteamientos similares desde la defensa de Salvatore Mancuso.

El funcionario calificó la propuesta como algo que hay que analizar muy bien antes de tomar cualquier decisión.

 

“Si una ley llamada ‘punto final’ es compatible con eso, podríamos analizarla. Si no es compatible con eso, primero están los principios de no impunidad, reparación de las víctimas y verdad”, puntualizó Osuna quien aseguró además que para el Gobierno es necesario que primero se diga la verdad que el país necesita conocer y además se cumpla con la reparación a las víctimas del conflicto.

Es necesario “evaluar muy seriamente todas esas propuestas”, dijo.

Ordenan libertad para Salvatore Mancuso

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez fue beneficiado con la orden de juez de ejecución de sentencias de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

La juez Luz Marina Zamora Buitrago aceptó los argumentos de la abogada de Salvatore Mancuso, Beatriz Eliana Quintero, quien expuso que su cliente siempre ha estado dispuesto a las citaciones y compromisos pactos en Justicia y Paz y que el mantiene su firme compromiso de atender todos los llamados que le haga la justicia y que su cliente tiene toda la voluntad para reparar a sus víctimas.

 

Zamora explicó además que la demora en cumplir con la reparación de las víctimas del paramilitarismo se dio porque no estaba en el país, lo que se constituyó en un obstáculo.

Al respecto, la Fiscalía no mostró ninguna oposición frente a la decisión de la juez. La Procuraduría en cambio sí se declaró en desacuerdo, al considerar que se constituye en una afrenta con el reconocimiento de los derechos de las víctimas que se le atribuyen al exjefe paramilitar.

Nerviosismo en las víctimas de Mancuso por su posible libertad

Aunque la posible libertad de Salvatore Mancuso Gómez está en manos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), han sido varias las reacciones de familiares y victimas del exjefe paramilitar deportado desde los Estados Unidos en los últimos días, sobre su eventual liberación.

Familiares de asesinados por orden de Mancuso, afirman que no hay méritos para su liberación y destacan la importancia de la verdad para las víctimas, también resaltan que se ha demostrado que al momento de dejar en libertad a exjefes paramilitares o guerrilleros se reactivan estructuras criminales y la verdad de los delitos cometidos por ellos nunca sale a la luz. Así lo afirmó Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz en el año 2003.

 

Víctimas del paramilitarismo en el departamento del Magdalena entre los años 2000 y 2003 igualmente muestran su preocupación por la posible libertad de Mancuso Gómez y dicen estar a la espera de la designación por parte del Gobierno Nacional de los representantes de las victimas en el proceso en el que el exjefe de los paramilitares hará parte como Gestor de Paz.

Desplazados por Mancuso, en el sur del Atlántico, como Milton Moya también se refirieron a los escenarios de justicia, reparación y restauración de derechos, que aún esperan más de 27.000 mil víctimas del delito de despojo de tierras, no solo en ese departamento sino en varias regiones del país.  Y afirman que lo primero que debe hacer el exjefe paramilitar es hablar y después de esto resolver su solicitud de libertad ante el Tribunal de Justicia y Paz.

Otros sectores de la sociedad se han manifestado solicitando todas las garantías para que el otrora jefe paramilitar diga toda la verdad y de los nombres de los agentes del Estado que trabajaron de la mano con esa organización criminal.

Así mismo criticaron la posible libertad de Mancuso, ya que esto generaría gastos excesivos al Estado, en la seguridad personal del ahora Gestor de Paz.

El regreso de Mancuso

Un “pequeño” error de calculo tuvo el entonces Presidente Álvaro Uribe. Con la extradición de Salvatore Mancuso y otros 13 jefes paramilitares ordenada sorpresivamente el 13 de mayo de 2008, Uribe pretendió enviar la verdad a Estados Unidos sin tiquete de regreso. Lejos estaba de imaginar que estos dieciséis años serían suficientes para que los paras pudieran retornar luego de responder por sus delitos ante la justicia gringa, que habría un acuerdo de paz con las FARC del que se derivaría la Jurisdicción Especial de Paz y que llegaría un gobierno en representación de las izquierdas y las fuerzas alternativas comprometido con el derecho de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El golpe de mano del gobierno de Uribe a los jefes paramilitares no fue de buen recibo entre las víctimas, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y voces calificadas de la opinión pública. Ocurrió después del Acuerdo de Santa Fe de Ralito que produjo la desmovilización y el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia y su sometimiento a ley de “justicia y paz” o ley 975 del 2005. Fue una extradición que privilegió los delitos de narcotráfico ante la justicia de otro país sobre las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos en Colombia, que interrumpió abruptamente la entrega de verdad y los compromisos de reparación de los victimarios ante los tribunales de justicia y paz. Tanto afán tuvo el gobierno en extraditar la verdad que no se establecieron compromisos y procedimientos eficaces para que a los jefes paras se les obligara a seguir respondiendo ante la justicia colombiana, ni se acordaron los mecanismos de repatriación y deportación una vez cumplieran sus condenas en las cárceles de Estados Unidos.

 

Fue tanta la irresponsable laxitud de Colombia en este caso que la Cancillería y el Ministerio de Justicia en el gobierno de Iván Duque reconoció, en respuesta a un derecho de petición, no tener información del paradero de los paras extraditados después de purgar sus penas. Y el caso de Salvatore Mancuso es revelador: cuando se conoció en el 2020 su posible libertad, el gobierno Duque presentó en dos años cuatro solicitudes ante las autoridades norteamericanas, con evidentes errores e inconsistencias jurídicas como para enredar deliberadamente su retorno. La llegada a la Presidencia de Gustavo Petro significó un cambio sustancial en la conducta del Estado Colombiano en este caso. En el marco de la política de paz total Mancuso ha sido declarado por el Gobierno “gestor de paz” a cambio de una eficaz contribución a la verdad, fue aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz ante quien ha venido compareciendo y se destrabaron los mecanismos para obtener   finalmente el regreso a Colombia del emblemático jefe paramilitar.

La llegada de Mancuso esta semana ha generado una inmensa expectativa en el país. Como es su obligación tendrá que atender las decisiones de los tribunales de justicia y paz creados por la ley 975 del 2005, interrumpidos por su extradición. Su voz será fundamental en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP para develar toda la verdad sobre los alcances del fenómeno paramilitar, sus ramificaciones y alianzas políticas y empresariales, y, sobre todo, para identificar y judicializar entramados políticos y criminales que subsistieron a su desmovilización y se reinventaron para mantener el control político territorial en muchas regiones. Incluso su testimonio ha sido solicitado en la justicia ordinaria en el proceso del Expresidente Álvaro Uribe en casos como la masacre del Aro, la creación del Bloque Metro de las AUC, la operación de los 12 Apóstoles y el llamado Bloque Lechero de los paras o el asesinato del defensor de derechos humanos antioqueño Jesús María Valle. Verdades que garanticen la no repetición y que nos acerquen por fin a un cierre definitivo de nuestra reiterada y dolorosa violencia política.                 

Antonio Sanguino

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra quieren a Mancuso como mediador

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, a través de un comunicado aceptaron las gestiones que pueda ejecutar Salvatore Mancuso en favor de un eventual proceso de paz con el Gobierno Nacional.

El grupo armado ilegal solicitó al exlíder paramilitar, para que intervenga a favor de un eventual diálogo de paz que permita la reincorporación a la vida sin armas de sus integrantes.

 

“Las confrontaciones entre nosotros con las AGC es una situación que sigue generando inestabilidad en los territorios que defendemos y que vamos a seguir defendiendo, estamos en medio de un cruce de combates en La Guajira donde los perjudicados son las comunidades por lo que hacemos una invitación a mediar en este conflicto”, dice el texto.

A su regreso al país, Salvatore Mancuso, afirmó que está dispuesto a colaborar en todo lo que se pueda a favor de la paz y la reconciliación del país.

El inventario de crímenes que le espera a Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso tiene cuentas pendientes con la justicia 2.234 crímenes, entre los que se encuentran asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, masacres, desapariciones forzadas y secuestros y violaciones a menores de edad.

Mancuso además conoce sobre los vínculos que tejieron en su momento, empresarios, políticos locales y políticos nacionales con los paramilitares, temas de los que no se sabe si contará y está en disposición de probar ante la justicia.

 

Salvatore Mancuso nació en Montería (Córdoba) el 17 de agosto de 1964. Es hijo de Salvatore Mancuso D’Angiolella, oriundo de Nápoles (Italia), y Gladys Gómez, una mujer monteriana. Tuvieron seis hijos, siendo Salvatore el segundo.

Mancuso se encargó junto a los hermanos Castaño (Carlos, Vicente y Fidel), de crear un ejército de la muerte que se tomó poblaciones enteras desatando una serie de crímenes y violaciones a los derechos humanos, financiado por ganaderos, políticos locales, algunos militares y policías que ayudaron en su creación para enfrentar a las guerrillas en los diferentes territorios del país.

Salvatore Mancuso regresó al país, según él, «a trabajar por la paz»

Tras su llegada a Colombia, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso dijo estar dispuesto para trabajar por la paz del país y aseguró que cumplir con sus funciones de gestor de paz.

Mancuso reafirmó su compromiso de comparecer ante la justicia las veces que sea requerido, afirmando que ha comparecido ante ella durante los últimos 17 años y reiterando su compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición de los actos violentos que marcaron el conflicto armado colombiano.

 

Quiero honrar mi palabra con el señor presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, quien me encomendó la tarea de ser gestor de paz y contribuir con tareas precisas a fin de materializar ese concepto en el cual creo fervientemente, la paz total”, afirmó.

Dijo además que trabajará para que se cierre el proceso que permitió la desmovilización de las autodefensas en Santa Fe de Ralito.

Tanto los excomandantes de las AUC como yo personalmente, estamos listos para instalar formalmente, tal y como usted lo anunció en su momento, la mesa técnica para el cierre definitivo de las negociaciones de Ralito», dijo.

Salvatore Mancuso fue extraditado a los Estados Unidos por el gobierno de Álvaro Uribe, quien consideró que desde las cárceles seguían delinquiendo.

Mancuso denunció amenazas por su aporte a la JEP en tutela

Por medio de una acción de tutela, se supo que el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, pidió a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) que se le respetara su derecho fundamental al debido proceso y a la vida, ya que ha recibido amenazas por sus aportes a la verdad en dicho tribunal.

Además de Mancuso, él señala en la tutela que su familia también ha sido amenazada. Por ende pidió que las audiencias que ofreció durante 10, 11 15 y 16 de mayo dejen de ser difundidas públicamente.

 

«A partir del 17 de noviembre de 2023, se ha filtrado información de carácter reservado en diferentes medios de comunicación, ‘violando la reserva que había sido otorgada y vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y poniendo en riesgo la integridad física'», explicó Mancuso en la tutela.

Para atender la petición de Mancuso, la JEP aclaró que los funcionarios que tuvieron acceso a la información privada en las audiencias y la difundan serán castigados disciplinaria o judicialmente y estudiará dicha tutela.

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Fiscalía citó a Uribe para rendir versión libre

Las declaraciones ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sobre la masacre de El Aro del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, motivaron la defensa del expresidente Álvaro Uribe, que pidió rendir versión libre al respecto y la Fiscalía este jueves lo citó para llevar a cabo esta diligencia.

«Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como parte de la indagación que se sigue por la denominada masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997; y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998″, explicó la Fiscalía en un comunicado.

 

La fecha elegida por el ente acusador para que Uribe pueda rendir versión libre será el próximo lunes 27 de noviembre atendiendo la petición del exmandatario.

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Uribe pide dar versión libre para defenderse por afirmaciones de Mancuso

Desde que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) acogió a Salvatore Mancuso como sujeto incorporado de la fuerza pública para su aporte a la paz del país, el expresidente Álvaro Uribe se ha venido defendiendo y este lunes pidió dar versión libre para defenderse de las declaraciones del exjefe paramilitar.

«He pedido a los doctores Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso», escribió Uribe en su cuenta de X.

 

Salvatore Mancuso en sus declaraciones ha venido sosteniendo que cuando era gobernador de Antioquia él sabía plenamente de la masacre de El Aro para 1997.

Entre otras afirmaciones, el exjefe paramilitar ha hablado de los nexos que Álvaro Uribe con grupos paramilitares durante su gobernación y presidencia. Ante esto, el líder del Centro Democrático pidió dar una versión libre al respecto.

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La respuesta de Álvaro Uribe a los señalamientos de Mancuso

Durante la audiencia reservada ante la Justicia Especial para la Paz, Salvatore Mancuso aseguró que la masacre del Aro se habría cometido, presuntamente, por solicitud de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia y que el entonces gobernador del departamento sabía de este hecho.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, dijo el exlider paramilitar.

 

La respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no tardó en llegar quien desde su cuenta de X retó a Mancuso a probar que el como gobernador de Antioquia tenía conocimiento de este hecho.

La JEP decidió aceptar sometimiento de Salvatore Mancuso

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió aceptar de manera excepcional el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Mancuso fue aceptado como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004. Según la JEP, el exparamilitar «ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública».

 

«Yo tenía carnet del Ejército entregado por la Brigada 11, tenía carnet de policía cívico, chapa de la policía cívica y uniforme de la policía cívica», dijo Mancuso durante la diligencias.

La decisión se tomó en una audiencia única de verdad con Salvatore Mancuso presente de manera remota en la mañana de este viernes 17 de noviembre.

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JEP fijó fecha para acoger en audiencia a Salvatore Mancuso

La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla dio a conocer que Salvatore Mancuso será aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el próximo 2 de noviembre.

Esta sería la fecha fijada por la magistrada Heydi Baldosea de la Sala de Definiciones Jurídicas y se espera que el exjefe paramilitar dé a conocer las declaraciones ofrecidas en los reservados.

 

Macuso estaría ofreciendo declaraciones concernientes a la participación de altos mandos de la fuerza pública y de otros entes del Estado en crímenes y alianzas con grupos paramilitares.

Esta determinación de la JEP llega después de conocer los aportes que Salvatore Mancuso ofreció en audiencia realizada entre el 10 y 11 de mayo y el 15 y 16 del mismo mes este año.

La injerencia de las Convivir en las Autodefensas Unidas de Colombia, la mención del apoyo de integrantes de la familia política Gnecco en el César con nexos paramilitares y el trabajo mancomunado de las fuerzas armadas con el paramilitarismo, fueron algunos de los ítems que Mancuso dio a conocer como aporte.

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Tambalea designación de Mancuso como gestor de paz

El Consejo de Estado revisa  una demanda interpuesta por un ciudadano que considera que el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz carece de legitimidad.

El demandante considera que los colombianos no pueden ver a una persona como Mancuso como un hombre de paz cuando fue condenado por varios crimines.

 

la Sección Quinta del Consejo de Estado le dio cinco días a la Presidencia de la República para que se pronuncie al respecto.

Salvatore Mancuso fue designado como gestor de paz el pasado 14 de agosto por el presidente Gustavo Petro, quien firmó la resolución con la que nombró de manera oficial, anuncio que en su momento generó una profunda discusión en varios sectores en el país.

El Pacto del Sindicato del que habla Zulema Jattin

En el año 2006, el país supo que un grupo de congresistas estaban aliados con las extintas autodefensas de Colombia, pero no se alcanzó a imaginar la dimensión que el fenómeno tomó ni la manera en cómo este se incrustó en las regiones donde se tejieron este tipo de pactos y mucho menos que estos tenían la intención no solo de que se planificaran y se implementaran políticas públicas a favor del paramilitarismo sino además, capturar las finanzas públicas en municipios y departamentos donde tenían origen estas alianzas.

Más de 50 congresistas del momento fueron puestos en prisión por este delito, lo mismo sucedió con un nutrido grupo de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados de las diferentes asambleas departamentales.

 

Se supo además que el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue capturado por el paramilitarismo y que uno de los subdirectores y directores durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Jorge Noguera y José Miguel Narváez) eran fichas del grupo armado ilegal.

Diferentes pactos se tejieron entre congresistas y paramilitares, pero también con políticos locales, uno de ellos, el de Sindicato.

De este pacto se vino a conocer en 2007 cuando Salvatore Mancuso contó que, durante las elecciones regionales del año 2003, un grupo de seis políticos liderados por Zulema Jattin, Julio Manzur, Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda denominado como ‘El Sindicato’ lo buscaron para pedirle su apoyo y así derrotar electoralmente a Juan Manuel López Cabrales quien apoyaba a Libardo López, para ese entonces candidato a la Gobernación de Córdoba.

El Sindicato apoyaba al candidato a la Gobernación de Córdoba, Juan Carlos Aldana.

¿Qué tiene que ver Álvaro Uribe Vélez?

En las declaraciones que hizo la excongresista, Zulema Jattin, ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), reveló que tras ser vetada por Salvatore Mancuso en municipios como Tierralta, acudió ante el entonces presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, para comentarle su preocupación por el accionar de los “paras” en Córdoba, y su intervención en la campaña electoral por alcaldías y gobernación, ante lo cual el entonces primer mandatario le respondió que “si no tenía pruebas, se abstuviera de denunciarlo”.

Orientó mi conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg (colaborador de los “paras”), que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia, y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento le iba a hacer total caso”.

Ante esta revelación, el expresidente Álvaro Uribe negó tal conversación y anunció demanda penal por calumnia.

¿Quién es Zulema Jattin?

Zulema Jattin es hija del excongresista Francisco Jattin Safar, vinculado al Proceso 8.000 durante el Gobierno de Ernesto Samper.

Fue concejal del municipio de Lorica, Córdoba. Llegó a la Cámara de Representantes en el periodo legislativo en 1998. Contrajo matrimonio con el senador fallecido, Luis Humberto Gómez Gallo, a quien también se le condenó por vínculos con los paramilitares.

Luego de ser elegida como senadora de la república, Zulema Jattin, fue detenida por orden de la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, que le condena por este delito.