La plenaria del Senado de la República hundió el proyecto de acto legislativo que permitía a un senador, representante a la cámara, concejal, diputado o edil, renunciar al partido por el que fue elegido sin el riesgo de perder la curul.
La iniciativa conocida con el nombre de «transfuguismo» fue archivado por los senadores con con 55 votos por el “sí” al archivo y 29 por el “no”.
El proyecto avanzó en sus cinco primeros debates, sin embargo, el Centro Democrático y Cambio Radical cerraron filas para evitar el avance a la Cámara de Representantes donde sin duda alguna se hubiese aprobado.
Con esta iniciativa se modificaban las reglas para castigar la doble militancia o apoyar candidatos de distintos partidos, dejando la tarea de investigación y sanción que hoy tiene el Consejo de Estado a los propios partidos políticos.
El senador Miguel Ángel Barreto lanzó una dura denuncia contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, exigiendo respuestas inmediatas frente a la falta de vigilancia sobre el abuso tarifario de empresas como Celsia y la peligrosa concentración del mercado energético en Colombia.
“Hoy seis empresas controlan más del 80% del mercado de generación, transmisión y distribución de energía en el país, y lo hacen arbitrariamente, sin que la Superintendencia actúe. Al final quienes terminan pagando las consecuencias son los usuarios de a pie”, advirtió el senador Barreto Castillo.
Barreto Castillo, exigió respuestas claras a la Superintendencia frente a la crisis de las tarifas de energía, gas natural y GLP en el país, así como por el retraso en el pago de los subsidios que hoy afecta a millones de familias colombianas.
En su intervención durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, Barreto denunció especialmente los abusos tarifarios de Celsia en el Tolima, donde los usuarios han sido golpeados con aumentos desproporcionados sin que haya sanciones ni medidas efectivas para frenar esta situación e instó a la Superintendencia a explicar qué acciones concretas ha tomado para proteger a los usuarios frente a esta alza de tarifas y para garantizar la sostenibilidad del servicio en condiciones justas.
Señaló que millones de colombianos de estratos 1, 2 y 3 ven cada mes cómo sus facturas de energía se disparan, mientras las autoridades responsables de protegerlos miran hacia otro lado.
“El bolsillo de los colombianos no aguanta más, hoy más que nunca debemos defender tarifas justas y un servicio digno. Es urgente que la Superintendencia garantice el pago de las deudas, vigile a las comercializadoras y actúe para evitar un colapso en la prestación del servicio, no puede quedarse solo como espectadora de la crisis”, enfatizó el senador Miguel Ángel.
La mesa directiva del Senado de la República levantó la sesión en la que se esperaba se definiera la suerte del proyecto de acto legislativo que permite el llamado transfuguismo.
La próxima cita será el 6 de mayo donde se dará el debate y la votación del proyecto que podría permitir a los senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales y ediles, cambiar de partido, sin el riesgo de perder su curul.
Luego de superar la votación de los impedimentos y recusaciones, la sesión presidida por el senador Alirio Barrera levantó la sesión por el “escaso quórum” y por las fallas que estaba presentando el sistema.
El proyecto que se encuentra en su sexto debate podría hundirse por las posiciones que han tomado en los últimos días los partidos de La U y el Conservador, uniéndose al anunciado voto negativo de las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical quienes han dicho que no acompañarán la iniciativa, porque, según ellos, «beneficia al Pacto Histórico».
Y aunque la bancada del Pacto Histórico poco se ha pronunciado sobre este asunto, si es cierto que les facilita el camino a una fusión de los movimientos y partidos que conforman la coalición de izquierda. En todo caso, vale la pena tener claro que este proyecto beneficia a los políticos de todos los partidos que por una u otra razón no desean continuar con la bancada en la que fueron elegidos.
En los días que quedan para la próxima cita podrían encontrarse los votos que le faltan a la iniciativa para completar los 53 votos y pasar a la Cámara de Representantes donde sin duda alguna tendrá una rápida aprobación.
El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, en entrevista para Confidencial Noticias, afirma que la propuesta de reforma laboral del Partido Liberal es una reforma bonsái, y señala al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de «ser el jefe de una conspiración».
El presidente del Senado llamó al diálogo para aprobar los proyectos que están relacionados con el sistema laboral en Colombia en lugar de aprobar una consulta popular, ¿no era mejor da la discusión al proyecto de reforma laboral y así nos hubiésemos evitado esta situación?
Wilson Arias: Usted lo ha dicho y yo no tendría mucho que agregar. Un relato de los hechos confirma lo que está pasando, hace varios años se presentaron los proyectos de reforma, luego de una amplia discusión de campaña electoral donde este asunto estuvo en el centro como lo estuvo también la salud y las pensiones, es por eso que se vio a un Sergio Fajardo y a todos hablando y proponiendo. Se radica y durante meses estuvo en el Congreso, pero, comandados por el jefe de la banda según se ha declarado el presidente, Efraín Cepeda, los congresistas se retiraban de los debates, no votaban y después decían que no había suficiente discusión y finalmente lo archivan en la Comisión Séptima en cinco horas, para después decirnos que quieren discutir.
¿Y cree que aún se pueda discutir?
Wilson Arias: Ya pasó la hora del Congreso -ahora cuando le toca al pueblo-, el presidente del Senado se acuerda cual es la obligación del Legislativo. El no se puede declarar el jefe de los conspiradores y ahora mostrarse como el salvador de los trabajadores
El proyecto de consulta popular tiene un punto que tiene que ver con el contrato para aprendices del SENA, que ha generado bastante discusión ¿es posible que el Senado retire esta pregunta del texto?
Wilson Arias: No puedo decir que voy a alquilar un balcón, pero si quiero verlos explicándole a los jóvenes del SENA que no están dispuestos a otorgarles unas condiciones dignas para que presten sus servicios en una empresa.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que si esto no se aprueba es la muestra de que hay una conspiración, ¿está de acuerdo con esta afirmación?
Wilson Arias: La categoría y el señalamiento del lenguaje político admite muchas cosas. Resulta incomprensible que quieran encerrar una reforma en cuatro paredes cuando hay una especie de pacto para que no se apruebe. Yo creo que Benedetti, empieza a tener razón de cara al país.
¿Le gusta la propuesta del Partido Liberal?
Wilson Arias: Es la reforma bonsái con la que nos quieren cambiar la reforma completa, de modo que me sumo a quienes piden la discusión de un texto entero. Antonio Antonio Gramsci tenia una expresión para estos escenarios y me van a tener que perdonar la expresión: “ a veces al pueblo le toca dar una patada en el culo a las instituciones para que avancen en sus derechos.
Creo que al pueblo le va a tocar empujar democráticamente -que no como lo decía Gramsci-, para que el Congreso entienda que el país es mucho más que cuatro paredes.
La comisión accidental conformada por siete senadores encargados de discutir la apelación presentada por el senador, Fabián Díaz, que busca revivir el proyecto de reforma laboral para que sea discutida en el seno de otra Comisión, no se reunió a pesar de que estaba citada para el día de hoy.
La próxima cita quedó para el próximo 30 de abril, día en el cual se estudiaría esta solicitud y se decida lo que pasará con el texto.
Confidencial Noticias pudo confirmar que de los siete senadores que conforman esta comisión solo tres están a favor de que la iniciativa reviva.
De aceptarse la apelación, será una comisión diferente la que estudie el proyecto y decida su suerte, es decir, si se discute, se aprueba y pasa a debate en la plenaria del Senado o si por el contrario, se hunde del todo.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el procedimiento que diseñó la Comisión Séptima del Senado para debatir el proyecto de reforma salud «es una vulgaridad».
Sí los acuerdos en el Legislativo se cumplen, el último año de presidencia en el Senado sería para el Partido Liberal, y desde allá se empieza a dar una batalla entre dos pesos pesados de esta bancada para lograr mayorías y obtener la candidatura.
Los nombres que suenan son, en primer lugar el del senador Lidio García quien goza de ser el ungido por el expresidente Cesar Gaviria para llegar a este cargo.
El otro nombre que suena es el de Alejandro Carlos Chacón, quien no se alinea con las directrices del expresidente Cesar Gaviria, por considerar que la Corporación requiere un mayor entendimiento con el Ejecutivo que le permita superar la polarización actual, sin que necesariamente deba aprobar todos proyectos sin antes debatirlos.
En el caso de que Chacón se decida a dar la pelea, deberá disputar los votos de las otras bancadas que desde ya la Casa Gaviria ha comenzado a buscar.
De esta manera se configura una batalla entre estos dos pesos pesados del liberalismo para ocupar la última Presidencia del Senado del período 2022 – 2026.
El Gobierno Nacional prepara el decreto para la reconformación del Senado de la República y la Cámara de Representantes a partir del período 2026 – 2030, cuando se eliminan las curules del partido de Comunes que el Acuerdo de Paz firmado en el año 2015, les permitió a 10 exfarc llegar al Congreso de la República.
El decreto se encuentra en borrador y está abierto a comentarios de la ciudadanía, planteando la eliminación del parágrafo transitorio del decreto 1066 de 2015 que estableció que, para los periodos constitucionales 2018-2022 y 2022-2026, se otorgarían cinco curules adicionales en ambas cámaras (alta y baja) al movimiento político de quienes venían de integrar la guerrilla de la Farc, surgido tras el final del conflicto armado.
A partir de la próxima campaña al Senado y la Cámara de Representantes, el Partido Comunes deberá salir a las calles a buscar su propia votación si desea no solo obtener curules sino además mantener la personería jurídica.
La Comisión Primera del Senado de la República dio su visto bueno al proyecto de acto legislativo que les permite a los políticos elegidos en corporaciones públicas, cambiar de un partido a otro sin el riesgo de perder su curul, ni incurrir en doble militancia.
A la iniciativa le restan tres debates, uno en la plenaria del Senado y dos más en la Cámara (uno en la Comisión Primera de Cámara y el otro en la Plenaria de la misma corporación) para ser reforma constitucional.
El proyecto indica que el cambio de partido podrá hacerse por una sola vez en el período para el que fue elegido y hasta un mes antes del primer día de inscripciones de la próxima elección sin tener que renunciar a su curul.
La iniciativa defendida por el senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, pasa a sexto debate en la Plenaria del Senado de la República.
No creo que los senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República que hundieron el proyecto de la reforma laboral, hayan quedado satisfechos o contentos porque, aunque se salieron con la suya, la jugada les salió mal.
Hundir el proyecto de reforma laboral, llevados por un sentimiento de desquite contra el presidente Gustavo Petro, no fue lo más adecuado porque puede que con esta actuación hayan ahogado al gobernante, el problema es que resucitaron al político, porque ahora lo tendrán que enfrentar en un escenario donde el primer mandatario se siente fuerte, y es en las calles.
Fue una torpeza por parte de estos senadores hundir este proyecto, porque bien podían discutir y modificar puntos que resultaban inconvenientes para Colombia, y por supuesto votar en contra de lo que no estén de acuerdo, pero dando el debate no evadiéndolo a través de la petición de archivo.
El resultado de esta hazaña que desde mi punto de vista salió mal, es la convocatoria de Gustavo Petro a una consulta popular que utilizará a su favor para reivindicar su movimiento político y darle fuerza a su lista al Congreso de la República.
¿Saldrá bien o mal? No lo sé, el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que, aunque el Senado niegue el proyecto de convocatoria a esa consulta popular, la causa de Petro no se apagará, más bien le darán más gasolina para que utilice la Presidencia de la República e incendie más los ánimos en sus seguidores para que salgan a la calle y permanezcan en ella hasta que lleguen las elecciones.
Veo que los senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República no midieron las consecuencias, y más bien le dieron alas a sus pasiones personales y actuaron ciegamente pensando en hacerle daño a Petro, porque digámonos la verdad, ningún beneficio le hace al colombiano del común de las clases 1,2,3 y hasta 4, dejar intacto el sistema laboral vigente.
Sí se hubiesen detenido a analizar los escenarios que se vendrían, tal vez habrían caído en cuenta que las cosas podrían no salirles igual de bien como sucedió cuando en la misma comisión, los mismos senadores que parecen haber constituido una secta antigobierno dispuesta a acabar con los proyectos más sensibles para la Presidencia de la República, hundieron la reforma a salud, estoy seguro que su actuación hubiese sido diferente.
Ahora esta misma comisión se alista para “debatir” el nuevo proyecto de reforma a la salud que aprobó la Cámara de Representantes. Veremos si piensan un poco antes de dejarse llevar por sus emociones personales. Por ahora, solo puedo decir a estos senadores: ustedes se metieron y ustedes se salen.
Por cierto, diferente hubiese sido si Petro hace caso y piensa en un proyecto de ley estatutaria. No me cabe la menor duda que con la nueva composición de la Comisión Primera de Senado, otra sería la suerte del proyecto de reforma laboral.
En un acto de protesta por la falta de atención a los posibles casos de acoso contra las mujeres al interior del Congreso de la República, un grupo de asesoras de oficinas de la Cámara de Representantes y del Senado, pintaron letreros en los espejos de los baños y dieron a conocer una carta, manifestando estar cansadas de un supuesto acoso por parte de funcionarios del Legislativo con determinado grado de poder.
Las firmantes de la carta aseguran que depositaron sus esperanzas que las Mesas Directivas del Senado y la Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron un protocolo bicameral con el objetivo de prevenir y atender la violencia de género en el Congreso, pero que, en el último período, cuando se debió implementar no se ha hecho nada al respecto.
«Esta ruta de atención se ha convertido en letra muerta. Según el «Informe Final del Protocolo», hasta julio de 2023 se reportaron nueve denuncias de agresiones (siete mujeres y dos hombres), y en 2024 sólo se registró un caso», dice el texto.
Estas funcionarias recuerdan el caso Tania Acero, quien denunció a un fotógrafo de la Cámara de Representantes por agresión sexual, asegurando que, a pesar de la denuncia pública, se vio obligada a renunciar por la presión psicológica de seguir compartiendo su entorno laboral con su agresor.
“La ruta de atención se quedó en el papel. Desde que denuncié en diciembre de 2024, sólo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras, y no he tenido ningún acompañamiento psicológico. Se supone que deben brindarme protección, pero en la realidad aún falta mucho para que cumpla su propósito”, afirma la denunciante Tania Acero.
El protocolo establece una ruta de atención con varios pasos que incluyen reconocimiento del hecho, contacto con los canales de denuncia, activación de una ruta de orientación psicológica y legal, y garantías de protección para la víctima. No obstante, la experiencia de las denunciantes demuestra que en la práctica este sistema no funciona.
De acuerdo con las firmantes de la carta documento presenta fallas estructurales como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la carencia de un enfoque diferencial para poblaciones diversas. Además, no define con claridad las competencias institucionales. Por otro lado, las capacitaciones en violencia de género no son obligatorias ni evaluadas, y no cuentan con indicadores ni herramientas para medir su impacto o la reincidencia de casos.
Al respecto, la senadora María José Pizarro, quien participó en la elaboración de la ruta de atención para este tipo de casos cuando presidió la Comisión de la Mujer en el Senado, lamentó que no se haya implementado, ni se haya hecho nada al respecto.
«El Congreso se rehúsa a enfrentar y acabar con el acoso y abuso sexual y sigue siendo un espacio inseguro para las mujeres. Los mecanismos que dejamos instalados cuando fui presidenta de la Comisión de la Mujer para atender y erradicar estas violencias, no han sido desarrollados», escribió Pizarro en su cuenta de X.
Las funcionarias del Congreso de la República que firman el texto son: Tania Acero, Sandra Vega, Paulina Beltrán, Mónica Acosta, Estefanía Villamizar, y Mónica Acosta,
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa en contra del expresidente Álvaro Uribe Turbay en donde busca establecer la legalidad de los recursos utilizados durante su campaña al Senado de la República en el año 2018.
La investigación quedó en manos del magistrado de la Sala de la Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes Medina, el mismo que en agosto de 2020 dictó la medida de aseguramiento en contra del expresidente, en el curso de la investigación por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, misma por la que actualmente la Fiscalía lo tiene en juicio.
La nueva investigación indaga también si los recursos de la campaña política fueron reportados o no al CNE como gastos de campaña.
La Comisión Séptima del Senado de la República hundió el proyecto de reforma laboral radicado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Tras cinco horas de debate, la célula legislativa llegó a la decisión de dar hundimiento a la iniciativa con la ponencia de archivo con 8 votos a favor y 6 en contra.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insistió en que la idea principal del proyecto era la devolver las garantías laborales a la clase trabajadora como el cobro de las horas extras a partir de las 7 de la noche y el pago de recargo nocturno, festivos y dominicales con el 100%.
El archivo del proyecto fue votado por Ana Paola Agudelo, Esperanza Andrade, Alirio Barrera, Berenice Bedoya, Nadia Blel, Honorio Henríquez, Miguel Ángel Pinto y Lorena Ríos.
Por el No votaron Wilson Arias, Aabián Díaz, Omar Restrepo, Norma Hurtado, Martha Peralta, Ferney Silva.
Con la Comisión Séptima del Senado de la República, toda Colombia está sujeta a la tiranía de unos pocos. Ocho senadores han considerado que están por encima de la voluntad popular y le han cerrado la puerta al país de poder dar las discusiones que este ha reclamado. Ocho senadores que han actuado en línea con los grandes poderes económicos para bloquear en vez de construir, para negar el rol fundamental que tiene el Congreso como espacio de deliberación mediante la radicación de una propuesta de archivo que busca acabar de tajo con la esperanza de las trabajadoras y trabajadores de Colombia de unas condiciones laborales justas.
En este complejo escenario es que aparece la consulta popular como el mecanismo constitucional y legal con el cual se pronunciará el mandato popular frente a qué es lo que desea para el pueblo, o sea, para sí mismo. Si ocho personas creen estar por encima de los 14 millones que en las urnas exigieron a sus gobernantes un cambio,
está en la obligación el poder popular de volver a dejar claras sus exigencias, de manifestar que el voto de ocho no está por encima del voto de millones.
Se les olvida a los Senadores que con la Constitución Política de 1991 pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa, tal como lo ha dejado claro en múltiples pronunciamientos la Corte Constitucional. En una democracia participativa el rol de la ciudadanía no se reduce a depositar un voto para elegir a un candidato, ni se vuelven los candidatos electos los dueños absolutos del ejercicio democrático, sino que se espera que los ciudadanos tengan una injerencia directa en su destino.
Esta es la consulta popular, uno de los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía previsto por nuestra Carta Magna en su artículo 103 y reglamentada mediante la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. El marco normativo establece que la consulta popular sobre asuntos de carácter nacional podrá ser convocada por el Presidente de la República, en la cual se deben hacer preguntas redactadas de forma clara cuya respuesta pueda ser “SÍ” o “NO”.
O sea, el Presidente le preguntará a las colombianas y los colombianos si quieren o no que la noche empiece a las siete y no a las nueve en lo referente al pago de horas extras, si quieren o no que quienes sean padres tengan derecho a una licencia que les permita poder pasar un poco más de tiempo con sus hijos, si quieren o no que los jóvenes del SENA que están trabajando en una empresa se les pueda pagar mejor.
Para que la consulta sea una realidad se necesita que participen más de 13 millones de personas y que la mitad más uno de los participantes respondan afirmativamente las preguntas realizadas. Si esto se da, la Ley determina que la decisión tomada por el pueblo mediante la consulta es obligatoria y el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva. Si esto requiere una Ley, el Congreso deberá tramitarla en el mismo período de sesiones de la consulta o el siguiente.
Con la consulta se previene que por la postura antidemocrática de ocho se le niegue al resto de congresistas la posibilidad del debate. Se le recuerda además al Congreso que la democracia no se agota el día que los eligen, que el pueblo tiene mecanismos varios para presionarnos a cumplir con nuestra principal obligación, que es la de debatir. Y, se valida que la agenda de discusión no es manejada por los congresistas o por el Gobierno, sino que es el mismo pueblo el que decide qué es lo que quiere que sus gobernantes definan.
El presidente de la república, Gustavo Petro, contestó desde su cuenta de X al presidente del Senado, Efraín Cepeda quien dijo en entrevista con la W Radio que si al consulta popular propuesta por primer mandatario, fracasa «el Gobierno queda desinstitucionalizado».
De inmediato el jefe de Estado contestó anunciando que se arriesga:
Los presidente del Senado y de la República, Efraín Cepeda y Gustavo, han sostenido fuertes enfrentamientos por las posturas que han tomado cada uno de los dos poderes.
