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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Simon Gaviria

Café amargo

Bajo cualquier métrica histórica, estamos gozando una bonanza cafetera. El precio de carga en $2.8 millones, representa un aumento de casi 120% frente el año pasado. Con precios que llegan a los US$3.20 la libra, el PIB cafetero creció 33% durante los primeros nuevos meses del año. Además, con una producción que podría superar los 13 millones de sacos, la cosecha rondaría los $13billones. Sin embargo, este éxito tiene un sabor amargo: el programa de forwards de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Aunque la FNC pre-compró la cosecha de café a un buen precio, sus cooperativas afiliadas prefirieron incumplir. Este pasivo creciente, en medio del alza de precios, pone en jaque las finanzas de una de las instituciones pilares del país. ¿Cómo se resuelve? No es tan claro.

En el marco de una estrategia del gobierno Duque de formalizar el agro, la FNC montó una estrategia de compra de café para entrega futura. Se buscaba cooperativas cafeteras para pre-comprar su cosecha, muchas veces sin contratos formales, utilizando apenas mensaje en WhatsApp. Mientras acumulaba posiciones de compra en Forwards, hacía ventas por esos montos en futuros. Este programa, que empezó en 2017, referenciaba precios entre US$0.80 y US$0.90 por libra de café durante el periodo 2018-2020, la FNC hizo plata con la iniciativa. El problema surgió con el alza de precios: cuando el café llegó a US$1.10, las entregas empezaron a quedarse cortas, con US$1.50 la no entrega se generalizó. La consecuencia patrimonial para la FNC se puso complicada.

 

Para entender la equivocación, es clave comprender la diferencia entre un forward y un futuro. El primero se hace a la voluntad entre dos privados que hacen compromisos de compra futura, pero el cumplimiento está sujeto a cumplir un contrato, otras palabras, en un forward existe riesgo de incumplimiento bilateral. Mientras tanto, los futuros son contratos de compra estandarizados donde el vendedor no conoce el comprador, usualmente hay un intermediario que hace que se pague y sino hace efectivo el colateral.

La FNC compraba con forward (expuesta al riesgo de la contraparte) y vendía futuros, donde sin duda le iban a exigir que pagara. Cuando se disparó el precio, las cooperativas prefirieron incumplir para aprovechar el precio alto, cerca de 700 cafeteros vendían su café y no lo entregaban. En vez de demandar el incumplimiento, una solución políticamente complicada, se decidió socializar la pérdida, para que muchos pudieran privatizar la utilidad adicional.

¿De cuánto es el daño? No es tan claro porque sobre estos temas no hay transparencia. La nueva administración no ha podido liquidar los contratos. Se estima que hay 3.000 contratos pendientes, equivalentes a cerca de 700 mil sacos. La FNC viene haciendo un “roll-over” permanente de este pasivo que no se sabe su costo real por falta de transparencia. Irónicamente, los altos precios del café, motivo de jubilo colectivo, son la mayor preocupación de la FNC, cuyas finanzas se deterioran. Sin tener detalles, esto podría costar entre $400 mil y un billón de pesos. No creo que haya plata del gobierno para regalarle a la federación, pero al mismo tiempo un pilar institucional del país no puede caer. Un buen inicio sería que el señor Bahamón y el presidente se tomaran un café.

Simón Gaviria Muñoz

Espaldas de la Amazonía

Gracias a la COP 16, ahora es común escuchar que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Este reconocimiento se debe a que el país alberga más de 58.300 especies registradas: 32.100 animales y 26.200 plantas. De lejos, el número uno en aves, orquídeas y mariposas, el segundo en peces, reptiles y plantas, y el quinto en mamíferos. Si bien existe la duda sobre si Indonesia nos superó desde 2022 en número de especies, Brasil continúa siendo el indiscutible número uno. Lo triste es que a pesar de que gran parte de nuestro potencial y actual riqueza de biodiversidad se encuentra en la Amazonía, el país le da permanentemente la espalda.

En naciones como Perú o Ecuador, la Amazonía juega un papel cultural, abarcando desde la gastronomía hasta el turismo. En Colombia, a pesar de extenderse por 10 departamentos en 40% del territorio, no forma parte de la vida cotidiana del país. Con 1.14 millones residiendo en el Amazonas, pocos platos Amazónica se disfrutan en otras regiones, son esporádicas las noticias por fuera de lo ambiental, y el turismo es limitado. En cualquier estadística de bienestar los promedios están muy por debajo de los nacionales. La Amazonía no solo es ignorada por el gobierno, sino que también está olvidada por la sociedad en general.

 

Las actividades de la región reflejan la composición económica de otras zonas rurales del país: Estado, comercio, agricultura, turismo, y minería. De los 10 departamentos con menor actividad del PIB, siete están ubicados en la Amazonía. En su periferia, actividades ilegales como el cultivo de coca, minería ilegal y deforestación son alarmantes. Cerca del 65% de la deforestación nacional ocurre en esta región, a pesar de una reducción de casi el 38% en 2023. Aunque el esfuerzo policivo está dando resultados, se perdieron 45 mil hectáreas de bosque nativo en ese periodo.

El temor que muchos tenemos es que un desarrollo con una visión del siglo XX en la Amazonía acabe con esta joya de la naturaleza. El propósito no puede ser construir carreteras para reasentar poblaciones o talar bosque para ganadería. Sin embargo, hay inversiones necesarias en electrificación sostenible, mejora de aeropuertos, infraestructura hospitalaria y masificación de telecomunicaciones. Aunque el turismo y algunos productos forestales no maderables (acai, copoazu, entre otras) ofrecen oportunidades de desarrollo, la verdad es que la agenda de conservación global es la mayor esperanza.

Según Climate Policy, con tan solo pagar US$20 por tonelada de carbono capturada, el incentivo de la periferia amazónica de deforestar se acaba (aunque otras estimaciones son tan altas como US$75). En otras palabras, con eso es más rentable conservar que deforestar para la ganadería o cultivo de coca. Según el WHRC, el costo de conservación en el corazón de la Amazonia podría ser tan bajo como US$3 por tonelada. Esto significaría entre US$2.4 y US$5.1 miles de millones en pagos anuales por servicios eco-sistémicos para Colombia.

Entendemos que el gobierno no cree en las soluciones ambientales ni privadas ni de mercado, pero lo que garantizaría la conservación y el bienestar sería una agenda de créditos de bonos de mercado internacionales. Desafortunadamente en Colombia esta agenda no se mueve.

Simón Gaviria Muñoz

Furiosamente Pro-Inversión

Hasta ahora en el gobierno de Gustavo Petro se vive una riqueza de noticias, polémicas y debates por doquier. Se ha dicho mucho, pero en esencia se ha hecho poco, para bien o para mal. El gran logro legislativo es una reforma pensional con poca probabilidad de pasar el examen constitucional. Las innecesarias reformas tributarias ahorcaron el lánguido crecimiento post-pandemia. Al no hacer mucho en materia de seguridad, Colombia es más insegura. Una actitud permisiva pero hostil hacia el capital privado ha venido secando la inversión. El último dato de inversión es el más bajo en 20 años, volvimos a estar por debajo del 15% del PIB. Si el presidente quiere recuperar su imagen, según Gallup con un 66% de desaprobación, necesita que en Colombia ocurran más cosas, se debe volver furiosamente pro-inversión.   

Deng Xio Ping decía que no importa si el gato es blanco o negro, siempre y cuando cace ratones. Esto en referencia a que, con tal de luchar contra la pobreza, no importa si hay que recurrir al sector privado. Lula es reconocido por entender que la inflación golpea más duro a los más pobres. Todos estos líderes de pensamiento de izquierda entendieron que la inversión es fundamental para el desarrollo. Se puede diseñar el modelo económico que se quiera, pero sin inversión, así sea privada y más grave aún si es extranjera, no hay progreso. 

 

La dinámica actual de altos impuestos con mala gestión en la DIAN, la incertidumbre regulatoria con temor de intervención en salud y servicios públicos, la imposibilidad de licenciamiento ambiental con hostilidad administrativa contra minería y petróleo, y el deterioro de la seguridad están obstaculizando profundamente el recaudo. Con limitaciones en el alcance del presupuesto de inversión pública, el gobierno debe pensar en proyectos mixtos o facilitar lo privados.

Independientemente de lo que digan los empresarios frente a las cámaras en los “pactos” que organiza el gobierno, el capital colombiano está votando con los pies. La inversión del país en el extranjero, al mes de julio, ascendió a US$2.044 millones, lo que representa un incremento del 70.5% en comparación con el 2023. Durante el primer semestre, la inversión extranjera en el país disminuyó un 28.6%, es decir, US$2.697 millones menos que hace un año. Entre ambos fenómenos, casi $19.0 billones de capital no están contribuyendo con el desarrollo de Colombia en solo siete meses del 2024. Si las condiciones no cambian para ser amigables a la inversión, preocupa que esta tendencia continúe.

Al no encontrar oportunidades económicas después de la pandemia, la tasa de emigración en Colombia se duplicó para sobrepasar los 500 mil. Se requiere más inversión. Continuar privatizando los requerimientos para el desarrollo, como la consulta previa, las licencias ambientales, la compra de predios, etc., es una equivocación. El gobierno puede tomar liderazgo estructurando proyectos desde colegios hasta autopistas para el progreso. Esto no es un llamado de adulación a decir que los empresarios son héroes o que deben tener utilidades extraordinarias. Es la idea que impuestos competitivos, estabilidad regulatoria y seguridad física son necesarias, independiente de ideología. Lo que si es evidente es que el que no siembra no recoge.

Simón Gaviria

Obsolescencia programada

Yo sufría mucho con la duración de la pila de mi celular, después aprendí que Apple, en una demanda de 2017 conocida como “Battery Gate,” admitió que intencionalmente diseñaba las actualizaciones del IPhone para que los teléfonos operaran más lentos y que la batería durara menos. En lo que sería una innovación en el derecho del consumidor, la senadora Laura Fortich busca proteger al consumidor colombiano de esta terrible práctica. Hay que prohibir que los productores artificialmente limiten la vida útil de productos a través de fallas tecnológicas deliberadas o la no disponibilidad de servicios o repuestos. Iniciativas como esta, hay que apoyarlas.

Batallas contra los gigantes del comercio son casi que quijóticas cuando una senadora se enfrenta contra intereses económicos de esta magnitud, no es solo el mercado colombiano, el precedente internacional es importante. Es verdad que en la agenda existen temas de polémica nacional, pero también se necesita solucionar los problemas del día a día de los ciudadanos. No puede ser que, a pesar de los grandes avances científicos en tecnología y materiales, la Universidad de Bonn haya documentado que para los principales electrodomésticos la tasa de defectos aumentó del 3.5% al 8.3% dentro los primeros cinco años, entre 2004 y 2012. Se vuelve tan eficiente la producción que, con tal de mantener ventas, hay que inducir fallas.

 

Es verdad que la competencia del mercado castiga las marcas que practiquen la obsolescencia programada, pero la práctica se mantiene en mercados oligopólicos. Se puede fomentar la disminución de la vida útil, si las empresas tienen que tener claro que el consumidor tiene poca variedad o donde existe lealtad con la marca como es el caso de celulares. Solo de esta manera se puede explotar la asimetría de saber cuánto podría durar el producto, si, por ejemplo, el consumidor se acostumbra a cambiar de producto en un tiempo programado. Efectivamente no hay que renovar teléfono inteligente todos los años.

En muchos casos la obsolescencia programada se refleja no en el producto, sino en su servicio. Lo que causó la indignación en Francia, país que fue el primero en legislar en la materia, fueron los cartuchos de impresora. Contra la firma Epson, se demostró que, aunque la impresora estaba funcionando perfectamente, la impresora “anuncia” falsamente que no puede imprimir por falta de tinta o que el cartucho como tal dice no tener tinta, a pesar que la tiene. De esta misma manera, una firma puede volver obsoleto un producto sin fallas acabando sus repuestos, mantenimiento o haciéndolo no compatible con un nuevo sistema operativo.

Desde 1923 un cartel de productores de bombillos conscientemente frenó el avance tecnológico de las luminarias. La ley en trámite de congreso: vuelve vinculante la vida útil, obliga al fabricante a anunciar su compromiso con respuestas y servicio, añade protecciones para los productos, genera multas, define conductas y procedimiento para proteger derechos. Adicionalmente, le da la instrucción a Colombia Compra Eficiente de considerar la obsolescencia programada en las compras del Estado. Estos son cambios que necesita el país. Todo esto sin mencionar el beneficio ambiental de evitar millones de toneladas de desechos para el medio ambiente.

Simón Gaviria

Inevitable recorte presupuestal

Los bajos niveles de ejecución nos están salvando de una crisis financiera. Mientras el recaudo del primer trimestre en términos reales disminuyó 1.2%, la expectativa de gasto para 2024 es de $502 billones aumentando $79 billones. El Banco de Bogotá señala que, gracias al nivel de ejecución del 27.6%, el monto más bajo desde que existen mediciones, la expansión de desembolsos del primer trimestre aumentó 22%. Si la ejecución fuera la promedio, el crecimiento de los desembolsos seria de 40%. Sin capacidad de ejecutar los recursos, el gobierno NO DEBE AUMENTAR IMPUESTOS NI TOMAR MÁS DEUDA sino hacer un recorte presupuestal de aproximadamente $10-14 billones.

En materia de forma, el mal trámite de la reforma tributaria está obligando a la Corte Constitucional a declarar inexequible varios impuestos. En el fondo, la reforma tributaria, más la incertidumbre regulatoria desestimuló la economía. En el primer trimestre, la Dian estuvo corta en su meta de recaudo en $4.7 billones. Aunque no se consideran ingresos ordinarios, la DIAN generó la esperanza de $14 billones en conciliaciones judiciales que no se materializaron, en esencia, porque fracasaron en el tramite del Congreso. También estamos esperando la supuesta lucha frontal contra las mafias del contrabando.

 

Grave escuchar las versiones que señalan que el director de la DIAN y el Min Hacienda no se hablan hace meses y se dedican a rumorología palaciega. A pesar de la poderosa evidencia, la narrativa de la DIAN es que el colapso en recaudo se debe al ciclo económico y que pronto se va a recuperar. Hay tiempo para redes sociales, lo demás se dará por sí solo. Incomodan también los rumores de auditorías exhaustivas a sectores en contravía ideológica del gobierno. En salud, minería, petrolero y servicios públicos hay muchas anécdotas.

Mientras tanto la estrategia de fondeo por crédito público está llegando al borde del abismo. Según el mismo informe del Banco de Bogotá, los depósitos del tesoro nacional en el Banco de República, históricamente cerca de $25 billones, colapsaron en el primer trimestre a tan solo $3 billones. Agotando depósitos y con emisiones estimadas durante el primer trimestre en $17.8 billones, ya por concepto de la regla fiscal no hay más espacio de deuda. La mala práctica de disfrazar deuda forzando el pago de deudas con TES ahora se computa, ya no se puede utilizar.

El ajuste debe ser real, por lo menos entre el 0.6% y el 1.0% del PIB. Violar la regla fiscal no solo traería consecuencias disciplinarias para los funcionarios sino tendría consecuencias fiscalmente calamitosas. Si no se entiende esto, insistir en no recortar el gasto con la excusa de impulsar la economía, nos llevaría a una espiral de baja actividad económica, bajo recaudo, mayor deuda y planes de choque inocuos. Crear gasto sin tener fuente de pago es un peligro para el país. La estabilidad macro-económica es un derecho fundamental de todos los colombianos.

Ser responsable fiscalmente es lo correcto, hace parte de una tradición de más de 200 años de pagar los compromisos de la nación. Una cacería de brujas entre el equipo económico para llevar a la hoguera al funcionario “neoliberal” que hace aritmética para evidenciar que las cuentas no cuadran, no conduce a ningún cambio.

Simón Gaviria

Mal de agua

Pareciera que el país se salvo del racionamiento de energía, no es tan claro que nos salvemos del de agua. Gracias a una mesa organizada por la Procuraduría en abril, se conoció que 267 municipios presentan afectaciones por desabastecimiento mientras que 58 ya están racionando. Aunque naturalmente lo visible es Bogotá, en riesgo hay 602 municipios en 25 departamentos. De manera preocupante embalses en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca, ya están por debajo del 30%. Ninguna alerta prendió el sistema, la institucionalidad del agua debe repensarse, no se puede ver como un tema de gestión del riesgo es estructural.

Es normal que El Nino disminuya las reservas de agua, lo grave es que no hicimos nada para conservar hasta que ya era muy tarde. Ahora si bien la institucionalidad energética aumento tarifas, tomo las medidas a tiempo para ahorrar el agua con la que se genera. Mientras tanto para los responsables del agua, el mismo fenómeno los sorprendió. Nadie alzo la mano, ni plantearon inversiones para soluciones estructurales. Sin duda, el manejo del agua se esta viendo afectado por el cambio climático y tiene que cambiar.

 

En casos como el de Bogotá, si bien, de manera excéntrica, Diego Bravo cancelo el proyecto de Chingaza II por conversación con indígenas de la Sierra Nevada, alguien de la sabana cundiboyacense en los 12 anos posteriores debió haber hecho prevaler las decisiones técnicas. La responsabilidad compartida entre Corporaciones, Min Vivienda, y prestadores no esta saliendo bien, especialmente si Min Ambiente se escapa de responsabilidades negando todo porque tiene algún impacto ambiental. Se requiere una política publica integral que permita una visión nacional mas lejos que una sumatoria de POMCA’s.

Entendiendo el buen espíritu del gobierno de invertir en acueductos veredales en las zonas mas apartadas del país, las inversiones criticas de embalses y tratamiento donde viven la mayoría de colombianos, no ocurren. Con coberturas por encima del 90% en acueducto, se tiene que avanzar mas en alcantarillado. Especialmente solo el 52% del agua del país pasa por una planta tratamiento de aguas residuales. Se requiere repensar el modelo de agua, el reúso de agua es fundamental, especialmente, si la construcción de embalses no es una opción.  

Ya México, Perú, y Chile reúsan el agua tratada, inclusive México recicla 60% de estas aguas. Adicionalmente, con la ejecución presupuestal en tan solo 0.7% en Min Vivienda, mientras logran ejecutar proyectos en veredas, se podrían ejecutar macro-proyectos estructurales que nos adapten al cambio climático. Según el Conpes 4004, Min Vivienda debe empezar a entregar proyectos estructurados en el 2025, ojalá esta tarea no se haya olvidado.

Sin una visión definida de largo plazo, el grueso de inversiones es de corto plazo en gestión del riesgo, pero no funcionan. La UNGRD utiliza su régimen excepcional privado de contratación en emergencias para licitaciones ordinarias, espectacularmente, se robaron el agua de los niños de La Guajira. Esta entidad no se debe encargar ni de la erosión costera, ni los embalses de agua, no tiene ni la capacidad técnica, no deberían estar entregando contratos a dedo. Su régimen privado debe ser exclusivo a temas de emergencias. No dejemos que lo urgente mate lo importante.  

Simón Gaviria

Éxito del factoring

La economía esta pasando un momento difícil, como consecuencia sufre el sector financiero. Desde que existen registros en el país, no se había observado una caída tan radical en el crédito de consumo, el monto de la deuda se ubicó en $205,5 billones para 2023, una caída de 3% frente al año anterior. Si bien esto se explica en parte por un alza en la tasa de interés, lo preocupante es el incremento en cartera en mora en un 29,1%. Este último dato es de noviembre de 2023, dado que el deterioro económico se ha acelerado el último trimestre, se espera que el próximo venga mucho peor. A pesar de esta penumbra, un rayo de luz de esperanza puede darse para las PYMES en el factoring. Ajustes del gobierno anterior en la DIAN consolidaron esta modalidad crediticia. Aunque no sea suficiente, es un bálsamo entre tantas dificultades.

El factoring les permite a proveedores de grandes empresas poder endosar facturas a casi el mismo precio del costo de crédito de sus clientes. Si, por ejemplo, un pequeño proveedor del Éxito le vende producto y este le va a pagar en 90 días, el proveedor tiene la capacidad de venderle al tercero esta factura a un descuento. El proveedor financia su capital de trabajo a casi el mismo costo del Éxito. La entidad financiera que presta recursos puede que no le preste a esta pequeña empresa, pero no tiene ningún problema en asumir el riesgo del Éxito.

 

Cuando creamos la ley de factoring con conceptos como la aceptación tácita de la factura y el título valor para la misma, nos hacía falta un mecanismo que le hiciera seguimiento y les diera validez a las facturas. Uno de los logros más importantes del anterior gobierno fue la implementación de la factura electrónica. Para fortuna del país, la capacidad técnica del BID, logró esta transformación cuando modernizó la DIAN al final del gobierno Duque.

En el marco de esta nueva plataforma tecnológica, se lanzó el RADIAN que administra el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas. Este mecanismo elimina los riesgos operacionales de fraude del factoring al dar certeza del tenedor actual de una factura, ya que en ocasiones cambian de propietario varias veces. El sistema faltando diez días notifica al emisor de la factura, le indica a quién la debe pagar. Solo en su primer año, hasta agosto de 2023, el sistema había inscrito 1.6 millones de facturas por $30,8 billones, de las cuales 90.5% sirvieron para operaciones de crédito con factoring. Esto también es posible porque los jueces no cayeron en las trampas del populismo económico y están haciendo respetar la ley.

Con los retos que existen en la banca tradicional, durante 2024 el factoring puede ser una bendición para poderle otorgar crédito a miles de empresas. Al atraer mayor capital, esperamos que no solo se permita atender facturas más pequeñas, sino que los emisores disponibles no solo sean los que son AAA. Esta herramienta se debe, inclusive, extender a las libranzas para ofrecer crédito a las personas naturales. Al poner la totalidad de las nóminas en línea, la DIAN podría ofrecer las certezas sobre libranzas que hoy ofrece el factoring. En esta crisis económica, pocas medidas tan costo eficientes como esta para aliviar el bolsillo de los colombianos.

Simón Gaviria

Chat GPT

Hacia una Colombia más inclusiva: el reto de la educación en la era digital

En la encrucijada de la transformación digital, Colombia se encuentra frente a una oportunidad histórica para forjar una sociedad más inclusiva y próspera. Sin embargo, esta transición no estará exenta de desafíos, y uno de los pilares fundamentales para superarlos será la educación.

En un mundo cada vez más conectado, la brecha digital se ha convertido en un obstáculo insalvable para millones de colombianos que carecen de acceso a la tecnología y a una educación de calidad. Esta disparidad no solo perpetúa la desigualdad social, sino que también limita el potencial de desarrollo del país en un contexto globalizado.

Es imperativo que el Estado y la sociedad civil trabajen de la mano para garantizar que cada ciudadano tenga acceso equitativo a la educación y a las herramientas tecnológicas necesarias para prosperar en la era digital. Esto implica una inversión significativa en infraestructura, capacitación docente y programas de inclusión digital que lleguen a todas las regiones del país.

Pero más allá del acceso, es crucial repensar el modelo educativo para que esté en sintonía con las demandas del siglo XXI. Esto significa promover la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, y cultivar habilidades socioemocionales que preparen a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro con resiliencia y empatía.

Además, es necesario reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, garantizando que todos los grupos étnicos y comunidades marginadas tengan acceso a una educación inclusiva y pertinente a sus realidades locales.

La colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad civil será fundamental para impulsar esta transformación educativa. Es hora de dejar de lado las diferencias políticas y unir esfuerzos en pro de un objetivo común: construir una Colombia más justa, equitativa y próspera para todos.

En conclusión, la educación emerge como el motor de cambio en la era digital, capaz de romper barreras y abrir puertas hacia un futuro prometedor para todos los colombianos. Solo a través de un compromiso colectivo y una visión compartida podremos hacer realidad este sueño de inclusión y progreso. Es hora de actuar, es hora de transformar la educación en Colombia.

Hasta aquí, este autor, no ha escrito una palabra de esta columna. En un ejercicio con Chat GPT, le pregunté si conocía las columnas de Simón Gaviria y si me podía escribir una. Esta aplicación leyó las columnas, evaluó temática, y estilo de escribir, ofreció este ejemplo. Si bien mis títulos son de solo dos palabras, hacen falta datos de soporte, y los párrafos son muy cortos, esta columna no es tan distante.

 

En otras iteración sugirió Chat GPT la columna de Simón Gaviria: como crecer promoviendo la igualdad en América Latina. Al tener texto para procesar, el algoritmo aprende con cada iteración, al hacer mejor su trabajo. Si no hay datos colombianos, somos invisibles para la nueva tecnología. Al Colombia no distinguir entre los tipos de datos, para tratarlos todos como importantes, se prohíbe el progreso. Aunque esto parece una preocupación menor, cada vez será más importante.

Simón Gaviria

Libertad de datos

En 2006, qué visionario fue el economista Clive Humby cuando dijo “el activo más valioso ya no es el petróleo, son los datos.” Esta emblemática frase de la cuarta revolución industrial, cada día es más evidente, en un solo día Google recibe más de 3.500 millones de búsquedas y WhatsApp 100 mil millones de mensajes. La abundancia de datos es el motor de las empresas del futuro, la eficiencia del estado, y una mejor calidad de vida. Colombia, por su tortuosa historia de conflicto armado o por la pereza de crear normas y copiar las extranjeras, viene desarrollando una legislación hostil a los datos. Entendiendo los temores, los dividendos de la económica de datos, incluyendo los no-monetarios, son demasiado grandes para ignorar. Colombia debe ser protagonista, como mínimo en América Latina, de la revolución de inteligencia artificial.

Una mala distribución y apropiación de tecnología puede causar mayor desigualdad. Primero hay un efecto de creación de riqueza que se distribuye en sus fundadores. La tecnología de la información representa ya el 30% de la valuación del S&P 500 de la bolsa de Nueva York, la cual llegó a nuevos records en febrero. Si estas empresas, no se fundan en América Latina o Colombia, la creación de riqueza se va a quedar en otras geografías. Sabemos que el talento colombiano puede crear empresas exitosas como Rappi o Nu Bank, pero necesitamos decenas no unas pocas. Si la materia prima que son los datos, no está disponible, no lo vamos a lograr.  

 

También la tecnología genera valor si es utilizada de manera masiva. Un campesino con teléfono inteligente puede negociar mejor su café, al saber el precio internacional. Lo mismo un estudiante motivado en zona rural puede usar un chat bot de inteligencia artificial para aprender un nuevo idioma. Esto para no hablar del número de divorcios evitados por Google Maps de maridos que ya no se pierden conduciendo. Un estudio de UCLA que evaluó el impacto de la introducción de banda ancha en Brasil, encontró que, si bien la tecnología llevó a un aumento de 2,3% en ingresos de trabajadores, el incremento fue del 9% en ejecutivos y 19% para miembros de junta. El que más la usa, es el que más gana.

Dado la falta de empresas de tecnología emergiendo de Europa, mientras EEUU promociona búsquedas en Google y China más likes en TikTok, en Bruselas sacan regulación hostil a la libertad de datos. Colombia, inspirada en Europa, en 2012 sacó una ley de datos que preveía los mismos con un enfoque exclusivo al derecho a la intimidad.  En algunos casos está bien, pero generalizado sale mal. Casi llegamos al ridículo que la SIC contempló sancionar a EEUU como país que no protege los datos.

Las nuevas generaciones tienen estándares de privacidad diferentes, sus vidas están “posteadas” en Instagram. Esfuerzos de no empadronar a los colombianos, se pierden con la adquisición de un teléfono inteligente. Siempre se debe permitir que una persona tenga la opción de excluir sus datos, pero el “default” debe ser la libertad de datos. Si nuestros datos, no están en los algoritmos, es como si no estuviéramos en el mundo digital. Mejores datos significan crédito más barato, mejor seguridad y menor pobreza. Para apropiarnos de esta ola tecnológica tenemos que vivirla, sino después nos vendrán solo quejas.

Simón Gaviria

Impuesto Predial

El viejo IGAC mantenía tan desactualizados los catastros que la demora en cada actualización repartía el descontento entre diferentes zonas del país. Es probable que, si las actualizaciones catastrales si hicieran al mismo tiempo, fuera políticamente imposible hacerlas. Independiente de la tarifa del impuesto, al subir tanto el valor del predio desactualizado, el monto a pagar se podía multiplicar varias veces. Por ello, no hay que satanizar la propuesta del gobierno, hay que estudiarla y si es responsable fiscalmente, le ofrece un alivio al contribuyente, y es esencial para la formalización de los predios rurales, el Congreso está en su deber de darle trámite.

El impuesto predial no es del orden nacional sino municipal, los concejales fijan la tarifa acorde con un marco de ley, pero lo que cambia es que ahora la valuación de la tierra ya solo no la hace el IGAC. Con años de atraso, pero también de progreso económico, al actualizar el valor de los predios en Colombia se va a disparar el monto de pagos de impuesto predial. Con tantos municipios en proceso de actualización, gracias a que no tienen que esperar al gobierno central, el descontento no va estar aislado sino más bien generalizado.

 

La antigua Ley 44 de 1990 simplemente decía que, de un año a otro, a un contribuyente no le podían incrementar el predial más del 100%. La Ley 1995 del 2019 actualizó el cálculo del incremento, creando un tope de 50% para predios de valor menor a 135 salarios mínimos. El reto que deja la ley es que para los inmuebles cuyo valor es superior a esos $157 millones, los incrementos por pago de predial podrían alcanzar el 1.000%. Un incremento claramente inviable de pagar en este contexto de desaceleración económica.

El proyecto de ley crea una senda para moderar los radicales aumentos de predial que se vienen: predios menores a 135 smlv con tope de 50% de incremento, predios entre 135 y 250 smlv con tope de 100% de incremento, y así gradualmente hasta los predios que valgan más de 500 smlv tope de 300% incremento.

Si bien están autorizando incrementos, estos no son alzas de impuestos sino tienen su razón de ser en la actualización de la base catastral. El congreso puede determinar si la senda propuesta puede ser moderada. Si un municipio considera que estos son muy altos, estos concejos municipales que están recién electos son autónomos para disminuir tarifas si así lo consideran. La no aprobación del proyecto en zonas como Bogotá, Medellín o Cartagena entre muchas sería mucho peor.

Ejemplos como el de Barranquilla que en vez de depender del IGAC o los catastros de otros municipios construyo capacidades propias. En parte, su mayor eficiencia catastral explica la fortaleza financiera que tiene Barranquilla. Como tiene plata, puede invertir. También se facilita que, al estar actualizando permanentemente el catastro, los ciudadanos no sienten cambios tan bruscos como el que viene.

Es ineficiente que paguen pocos impuestos los predios de alto valor. La paquidermia estatal por un tiempo permitió impuestos artificialmente bajos, el ajuste debe manejarse, pero no se debe parar. Se requiere mejorar los ingresos propios de las entidades territoriales.  Muchos alcaldes ya han mostrado que, con recursos para inversión, se puede avanzar con el desarrollo.

Simón Gaviria

Israel vs. Hamas

Lejos de un atentado aislado, los ataques terroristas de Hamas contra civiles israelís, tienen un impacto duradero sobre la estabilidad del Medio Oriente. Un ataque impensable en el siglo XXI por su barbarie: masacre de adolescentes desarmados, la violación de abuelas, y bebes secuestrados en jaulas. La decisión de Colombia de no condenar el ataque de Hamas, es el viraje más radical en política exterior reciente del país. Al margen de la conversación sobre la relevancia de establecer un estado palestino independiente y autónomo, las consecuencias para Colombia son duraderas de un ataque frontal contra Israel. A pesar de una inesperada popularidad con la que hoy cuenta Colombia en las calles árabes, no es claro que sean positivas.

Esta tradición de neutralidad colombiana frente a la soberanía de Israel y Palestina viene de atrás. En 1947, cuando la Resolución 181 de Naciones Unidas buscaba una solución para la creación de un país para judíos y otro para musulmanes en el protectorado británico, Colombia fue uno de diez países que se abstuvo de votar. Colombia no reconoció a Israel hasta 1957 y fue el último país suramericano en hacerlo con Palestina en 2018. Mucha prudencia.

 

La estrecha relación con Estados Unidos de los últimos 20 años nos acercó más con Israel. Era común ver cómo Colombia e Israel eran los países respaldando a EEUU en resoluciones de ONU. Uno el mejor aliado de EEUU en las Américas, el otro, el mejor aliado en el Medio Oriente. Colombia e Israel también hacían causa común cuando varias ONG los acusaban de violaciones de derechos humanos en su lucha contra el terrorismo. Tras tratado de libre comercio y varios más de cooperación, casi el 80% del comercio con el Medio Oriente es con Israel. Solo en dos países del mundo negar el holocausto es un delito, uno es Colombia.

No es realista deslindar la relación con Israel de la que tenemos con EEUU, se puede mantener un silencio estratégico, pero es tan estrecha que un ataque sobre uno es como un ataque sobre el otro. Hay más judíos en EEUU que en Israel, solo Nueva York tiene tres veces más judíos que Jerusalén. No solo son democracias, sino que tienen una alineación de seguridad e inteligencia de colaboración extrema. En el plantón pro-palestino en Bogotá, se gritaba “fuera yankee.”

En la política de relaciones exteriores de EEUU, al contrario de la colombiana, el congreso juega un papel fundamental. Al atacar de manera tan agresiva a Israel, nos ganamos de enemigos al American Israelí Political Action Committe, probablemente el grupo de lobby más poderoso de ese congreso. Si bien hasta hoy Colombia contaba con el apoyo Demócrata y Republicano, con esta ruptura vamos a tener nuevos francotiradores que nunca habían participado en la conversación de América Latina.

La conversación del derecho de Israel a existir debería estar superada, solo salvajes como Hamas están en contra. Que Israel tenga el derecho a hacer lo necesario para garantizar su seguridad todavía requiere más consenso. Mientras se eleva la temperatura de la conversación, es difícil separar a Israel de los judíos. Ya empiezan hechos aislados de antisemitismo, en redes sociales ni se diga. Por encima de todo, debemos recordar que la comunidad judía colombiana ha hecho grandes aportes al país, somos afortunados de tenerlos.