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Ironía de OPS

Escrito por Simón Gaviria en May 20, 2025. Publicado en Opinión.

Foto: iStock

El trabajo debía ser el corazón de la “economía para la vida” del gobierno Petro. La promesa era clara: dignificar al trabajador, reducir la informalidad y desmontar progresivamente figuras como las órdenes de prestación de servicios (OPS). Sin embargo, el balance hasta ahora arroja una paradoja: mientras el discurso apunta a la justicia social, en la práctica se consolidan modelos que ofrecen las menores garantías laborales. Se hace campana en poesía, pero se gobierna en prosa. La OPS le ofrece al gobierno la posibilidad de contratar la mayor cantidad de activistas. Probablemente, la promesa electoral de 2022 se ha desdibujado ante la presión de lograr la victoria en 2026.

Según datos de Función Pública, el número de empleados estatales contratados por OPS en 2022 era de aproximadamente 120 mil; en 2024, esa cifra superó los 150 mil. Más de un tercio de ellos están vinculados directamente a entidades del orden nacional, muchas dirigidas por funcionarios que se declaran abiertamente “defensores del trabajador.” Según la denuncia de Mauricio Cárdenas, basada en datos del SECOP, el incremento en 2025 es aún más drástico: solo en los dos primeros meses del año ya se registran más de 140 mil contratistas.

La OPS es una forma de tercerización laboral dentro del propio Estado. En teoría, debería usarse solo para facilitar labores no misionales de las entidades. Sin embargo, un trabajador contratado bajo esta modalidad no tiene derecho a cesantías, prima, vacaciones pagas, estabilidad ni protección en salud ocupacional. Lo más grave es que esta figura, originalmente diseñada para misiones especializadas y de corto plazo, se ha convertido en la forma habitual de contratación del estado. En el gobierno del “cambio”, lejos de desaparecer, se ha normalizado aún más.

Esta contradicción tiene al menos tres implicaciones graves. Primero, deslegitima el discurso oficial sobre trabajo decente. ¿Con qué autoridad puede el gobierno exigirle al sector privado formalizar sus trabajadores si él mismo terceriza de forma masiva? Segundo, deteriora la calidad del servicio público: un trabajador sin estabilidad ni garantías tiene menos incentivos para capacitarse, innovar o denunciar prácticas irregulares. Tercero, amplía la precarización del mercado laboral colombiano. Atrás quedaron las promesas de vincular al trabajador estatal a la nómina.

Este fenómeno también se conecta con el pobre desempeño del mercado laboral. La tasa de desempleo cerró 2024 por encima del 10%, y la informalidad urbana supera el 45%. Es decir, no solo hay pocos empleos, sino que la mayoría de ellos son precarios. Y si el Estado no lidera con el ejemplo, ¿quién lo hará? El resultado es un sistema esquizofrénico: retórica progresista con prácticas clientelistas. Un Estado que quiere ser empleador ejemplar, pero paga con contratos de tres meses.

¿La solución? No es fácil, pero sí urgente. Es necesario crear un estatuto laboral para el contratista estatal, con garantías mínimas y protección social. Y, sobre todo, ha llegado el momento de que el Estado colombiano abandone el doble discurso: no se puede hablar de justicia social mientras se reproduce la precariedad desde el poder. Si el trabajo es la base del contrato social, el Estado debe ser su primer garante, no su primer infractor.

Simón Gaviria Muñoz

Dólar inseguro

Escrito por Simón Gaviria en May 13, 2025. Publicado en Opinión.

Warren Buffet, probablemente el mejor inversionista de tiempos recientes, siempre advierte que nunca se debe apostar en contra de EEUU. La tesis reciente del Tío Sam como una víctima incapaz de competir en mercados globalizados suena ridícula. El dólar, desde Bretton Woods en 1944, es la piedra angular del sistema financiero global. No solo por la magnitud de la economía estadounidense, sino por su estabilidad institucional, su apertura comercial y la previsibilidad de su política económica. El mundo no elige el dólar por simpatía: lo elige por confianza. El gran daño que se está causando el mismo EEUU no es solo en sus aranceles, sino la creciente incertidumbre como destino seguro para inversiones.

Esta nueva narrativa, que apunta al crecimiento interno mediante la protección de la industria local, es un discurso efectivo en tiempos electorales, pero que, en todos los casos, acaba en decrecimiento e inflación. La libertad económica ha sido siempre la principal herramienta de crecimiento. Frente el rechazo generalizado del mercado y la opinión publica al incremento en aranceles, el gran temor es un intento deliberado de debilitar el dólar para conseguir competitividad. Es un esfuerzo de desmantelar Bretton Woods y forzar un nuevo acuerdo global en Mar-a-Lago.

Al EEUU imponer aranceles del 10% a todas las importaciones representa un golpe directo al orden multilateral diseñado por EEUU, en lugar de integración, se propone fragmentación. Una medida así estimularía represalias comerciales, distorsiones de precios y, sobre todo inflación. Además de elevar el precio de los bienes importados, 40% de los importaciones de EEUU son insumos para sus exportaciones. No es que EEUU no pueda competir en manufactura, es que el capital gravita hacia actividades de mayor retorno, como tecnología donde se puede ganar un 40%, en lugar de acererías donde los retornos apenas alcanzan el 10%. La libertad permite la eficiencia.

Trump ha manifestado su intención de presionar a la Reserva Federal para mantener tasas de interés bajas, incluso si las condiciones inflacionarias no lo justifican. Esta politización de la política monetaria, recuerda los errores de los años 70, mina la independencia del banco central, pilar fundamental de la credibilidad del dólar. Sin una Fed libre, los inversionistas internacionales pierden el ancla de confianza que les brinda seguridad sobre sus reservas en dólares. Se insiste, además, en una política fiscal expansiva sin respaldo técnico, lo que obligaría al Tesoro a emitir más deuda en un contexto en el que ya se discute abiertamente la posible pérdida de su calificación crediticia.

Este no es el primer esfuerzo populista en el mundo, pero sí es la primera vez que toma fuerza en EEUU. Es extraño que aquello que Valery Giscard D’Estaing, padre de la Comunidad Europea, llamó el “Privilegio Exorbitante” (que el dólar sea la moneda de reserva global), ahora se perciba como una carga. Los BRICS han fracasado de todas las formas posibles en su intento por generar una alternativa. En parte, ese gran déficit fiscal permanente que alimenta la supremacía militar ha sido posible gracias a ello. Es la primera vez, en la historia reciente, que durante una crisis se aprecia el euro y el oro, mientras cae el dólar. Esperemos que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

Simón Gaviria Muñoz

Vampiros del FMI

Escrito por Simón Gaviria en May 6, 2025. Publicado en Opinión.

En esta columna hemos advertido que, en los próximos seis meses, Colombia podría enfrentar tres pérdidas significativas: la Línea de Crédito Flexible (LCF) otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la calificación de grado de inversión de la última calificadora Moody’s, y la desertificación de EEUU como aliado en la lucha contra las drogas. De estos instrumentos, el menos conocido es el LCF. No se trata simplemente de un crédito sino de un sello de confianza en nuestras políticas económicas. Perderlo no solo sería un golpe grave a nuestra estabilidad macroeconómica, sino que podría ser el primer dominó de un colapso destructivo.

Desde que Colombia accedió a este instrumento en 2009, el país cuenta con un seguro para enfrentar choques económicos sin que le pongan condiciones. Su valor está en su sola existencia, es muchas que un crédito. Al reducir el riesgo país, el LCF abarata el costo del financiamiento para el Gobierno, las empresas y los hogares. Al generar confianza entre inversionistas, calificadoras de riesgo y organismos multilaterales, se facilita el acceso al crédito en mejores condiciones y promueve la inversión.

Perder esta ancla de credibilidad tendría consecuencias inmediatas: la prima de riesgo de Colombia aumentaría, los bonos soberanos perderían atractivo y el acceso a financiamiento externo sería más costoso. En un contexto global marcado con tasas de interés aún altas y mercados financieros volátiles, la ausencia de la LCF debilitaría la posición internacional de Colombia. El país pasaría de ser percibido como una economía bien gestionada a una vulnerable expuesta a caídas de los precios de materias primas, crisis financieras regionales o recesiones globales. En un momento creciente incertidumbre, contar con un respaldo de esta magnitud es una ventaja que no deberíamos sacrificar.

Algunos han sugerido que el país debe prescindir de la LCF para enviar un mensaje de independencia, incluso el Presidente ha descalificado el instrumento y tilda al FMI como vampiros. Pero esta narrativa confunde soberanía con vulnerabilidad. La verdadera soberanía económica se construye fortaleciendo la capacidad de respuesta ante eventos adversos, no debilitándola. Mantener el acceso a la LCF es un acto de responsabilidad fiscal y de previsión, no de dependencia. Aunque tiene un costo de disponibilidad, este es ínfimo frente al costo potencial de una crisis financiera. Gastar un poco para tener un paraguas disponible antes de la tormenta es infinitamente más inteligente que improvisar en el aguacero.

Internamente, Colombia enfrenta déficits fiscales elevados, deuda pública creciente, un crecimiento económico moderado y desafíos sociales enormes. En este contexto, la LCF es una pieza fundamental de nuestra arquitectura de estabilidad macroeconómica. Por todo esto, preservar la LCF no es una cuestión técnica o burocrática, es un asunto de Estado. Es asegurar que Colombia siga siendo vista como un país confiable, prudente y preparado. La estabilidad, como la reputación, toma años construirla, pero puede perderse en un instante. No debemos jugar con ella, la responsabilidad macroeconómica es una tradición nacional que ningún gobierno ha sacrificado. Hay una promesa de un recorte presupuestal eso seria un buen comienzo.

Simón Gaviria Muñoz

Felicidad en Colombia

Escrito por Simón Gaviria en Mar 25, 2025. Publicado en Opinión.

Con la reciente publicación del Informe Mundial de Felicidad, elaborado por la Universidad de Oxford, vale la pena analizar el descenso del ranking de Colombia. Con otras mediciones, Colombia fue catalogado como el país mas feliz del mundo, pero en esta que es la mas completa de 147 países observados, Colombia ocupó el puesto 61, mientras que Costa Rica logro el sexto lugar y México el decimo. Lo preocupante es la tendencia descendente de Colombia en los últimos años: en 2018 se encontraba en el puesto 37, en 2020 cayó al 44, en 2021 al 52, en 2022 al 66 y en 2023 al 72. En general, los temas de bienestar emocional son satanizados por los medios como una preocupación superficial. ¿Pero entonces si importa que los colombianos seamos menos felices?

Malcolm Deas destacaba que, al preguntarle a un colombiano cómo está, la respuesta solía ser un simple “ahí vamos,” imprimiendo una permanente situación de adversidad, pero también una actitud resiliente para superarla. El premio Nobel Angus Deaton determino que la correlación entre ingresos y felicidad, en el contexto de EEUU, a partir de los US$5.000 al mes se empieza a aplanar. No obstante, a pesar de las dificultades económicas hay mucho que podemos hacer para mejorar la salud mental.

Este retroceso, no solo se debe a factores objetivos como el ingreso per cápita y la esperanza de vida, sino también a factores subjetivos como el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad, y la percepción de la corrupción. Mientras nuestros pares mejoran, Colombia retrocede. Eso si hay un aspecto en el que el país obtiene resultados especialmente bajos: generosidad, incluso ajustada por nivel de ingreso. El estudio muestra que ayudar al prójimo tiene un impacto estadísticamente relevante en el bienestar personal. En donaciones a causas benéficas, se ubicó en el puesto 130; en voluntariado en el 100, y en disposición en ayudar a un desconocido en el 80.

Además, el informe incluye un experimento en el que los investigadores “pierden” billeteras en la calle para evaluar la percepción de cuantas serian devueltas. Tristemente, los resultados no son alentadores: cuando la encuentra un vecino, el país ocupa el puesto 119; si la halla un extraño, el 113, y si es la policía, el 121. Efectivamente, en Colombia no se puede dar papaya, no confiamos en ningún otro colombiano, no percibimos el apoyo social, esto es coincidente con otro estudios.

Con el riesgo de sonar idealista, el estado podría promover la filantropía y el voluntariado, más allá de sus obligaciones con el presupuesto estatal, cada líder podría hacer mas visible su trabajo personal. Incluso el congreso podría establecer incentivos o días cívicos para fomentar la cultura solidaria. Es fundamental cambiar la percepción de que “el que ayuda es tonto”, porque en realidad, al hacer el bien a otros, nos beneficiamos a nosotros mismos.

En lo personal, junto con mi esposa, María Margarita Amín, apoyamos activamente diversas causas filantrópicas, no solo por satisfacción propia, sino para que nuestras hijas crezcan con este referente. También procuramos que tengas experiencias apreciando la diversa belleza del país, para que su concepto de bienestar sea diferente del monetario. Al final del día, la felicidad está más en dar que en recibir.

Simón Gaviria Muñoz

Talibán ambiental

Escrito por Simón Gaviria en Mar 18, 2025. Publicado en Opinión.

Hemos visto a varios líderes de la región utilizar mecanismos democráticos para acabar con la democracia. En la oposición, defienden derechos que, una vez en el gobierno, encuentran inconvenientes. Así ocurre con el ordenamiento del territorio, ahora el Min Ambiente quiere imponer su voluntad en Cundinamarca y Bogotá declarando reserva agrícola toda la sabana rural por la puerta de atrás. Basándose en un documento con sesgo ideológico y sin rigor técnico, pretende imponer la tesis del decrecimiento económico. Esperamos que la nueva Min Ambiente corrija este error, que este atropello, no sea más que una maniobra fallida para fortalecer la aspiración de la saliente ministra a la alcaldía de Bogotá.

Efectivamente, la Ley 388 establece que al ordenar el territorio se debe tener en cuenta variables determinantes de interés nacional como infraestructura, servicios públicos, conservación ambiental, y el riesgo no mitigable. En el reciente Plan Nacional de Desarrollo se añadieron nuevos criterios, como el patrimonio cultural, vías ferroviarias y seguridad alimentaria. Bajo este pretexto, el Min Ambiente se tomo atribuciones propias de Min Agricultura y Min Vivienda, argumentando inseguridad alimentaria en Bogotá para indirectamente reglamentar los POTs y licencias ambientales en Cundinamarca/Bogotá.

Más allá de regular sobre temas ampliamente ya consensuados, este documento presenta serios vacíos técnicos y espíritu activista. Por ejemplo, al decretar la protección de humedales, no distingue los de mayor importancia. Adicionalmente, emplea una escala cartográfica de 1:100000, lo que puede generar errores de delimitación de hasta un kilómetro. Para un ordenamiento territorial preciso, la escala adecuada es 1:2000. En el caso de Bogotá, esto podría afectar el humedal Juan Amarillo, ubicado entre Suba y Engativá, dos localidades cuya población equivale a la de Cali.

El borrador de resolución elimina el concepto de mitigación de la política de riesgos. En este caso, utilizando la escala de 1:25000 determina que todas las zonas de amenaza, aun sin estudios de detalle quedan restringidas. Lo que ocurre usualmente es que la zona de riesgo se delimita a 1:2000 y solo si no se puede mitigar, se declara de protección por el riesgo. Con esta lógica en un país de cordilleras ni Medellín, ni Pereira, ni Manizales serian viables como asentamientos.

Lo mas extraño de esta nueva regulación es la determinación que toda la ruralidad de La Sabana de Bogotá debe ser una reserva agrícola. En esta locura se inhabilita la posibilidad de nuevas zonas de expansión o vivienda rural, las edificaciones como colegios o puestos de salud en la ruralidad, la construcción de vías terciarias, entre muchas. Esto lo logra modificando el Decreto 3600 para darle jerarquía no solo a las zonas con alto potencial agrícola sino cualquier terreno que pueda sostener agricultura.

Esta medida desconoce que Bogotá lleva más de un siglo “importando” alimentos de otros departamentos y que la verdadera clave para la seguridad alimentaria del país no está en solo ampliar tierras de cultivo, sino en fortalecer el almacenamiento, transporte, y cadena de frio. Sería más útil mejorar la vía al llano que forzar este desastre regulatorio. Si a Bogotá pueden imponerle la tesis de decrecimiento, cualquier región del país es vulnerable.

Simón Gaviria Muñoz

Arancel pitufo

Escrito por Simón Gaviria en Mar 11, 2025. Publicado en Opinión.

No hay mejor herramienta en la lucha contra la corrupción que la libertad económica. Los colombianos llevan esperando décadas que cambien los “corazones” de sus conciudadanos gracias al regreso de la “moralidad.” El narcotráfico y su hermano, el contrabando, utilizan utilidades anormales que construye regulación compleja para financiar sobornos y violencia. Mientras tanto varias fuerzas no dejan que la competencia económica elimine las rentas extraordinarias de la corrupción. Entendiendo que esto choca con ciertos aspectos de política comercial, por lo menos se debería acabar la dispersión arancelaria y normativa para pasar a un sencillo arancel plano, hacer la aduana un ejercicio facil y expedito.

Las aduanas de Colombia son especialmente ineficientes, la última Misión Logística de DNP identificó que, comparada a sus pares de Alianza del Pacífico, las aduanas colombianas se demoran 48 horas adicionales en un trámite de comercio. Nuestra regulación no solo obliga a hacer inspección física a 30% de las mercancías, sino que el 70% de la carga regulatoria es autoimpuesta, no hace parte de tratados internacionales. Existe un laberinto arancelario tan complejo que se podría pensar que está diseñado para contrabandistas.

Con aranceles que oscilan entre el 0 al 40%, Colombia impone aranceles ad-valorem, específicos y mixtos. Hay que entender que muchas veces el contrabando técnico está basado en pagar aranceles para “legalizar” mercancías, utilizando partidas arancelarias de menor costo, sub-facturando, falsificando el origen o declarando volumen incorrecto. Basados en 21 secciones con 95 capítulos, hay un poco más de 10.000 partidas arancelarias en la DIAN. Lo más grave es que, en los últimos 30 años, pasamos de cubrir al 27% de las importaciones con medidas aduaneras no-arancelarias a superar el 80%. Estas últimas causan trámites innecesarios para fortalecer mafias ilegales.

La captura de Diego Marín, alias Papa Pitufo, pone la lupa nuevamente en el contrabando. Claro, tuvo ayuda para que le cambiaran generales incomodos y le nombraran directores de aduana, pero para sobornar tanta gente tenía que ganar mucha plata. No hay que ahorrar esfuerzos de la mano de la Fiscalía y agencias internacionales para auditar, la ruta de por dónde entra el contrabando es la misma por donde sale el narcotráfico.

Si un marasmo de regulación hace que se demore o sea inviable la mercancía legal, mientras la de Pitufo fluye sin obstáculos, su red obtiene rentas extraordinarias. Si, además, los aranceles son altos, la ganancia será aún mayor. Simplificar los aranceles a uno, no solo agilizaría los procesos, sino que limitaría las ganancias mafiosas al fomentar la competencia del sector formal. Un solo arancel del 7% o 10% seria mortal para pitufo, si hay que no tocar aranceles agrícolas no habría problema. Cualquier avance en simplicidad es fatal para la mafia.

El caso de Papa Pitufo dará mucho que hablar. Su amplio poder no podría haberse generado solo con la amistad inspectores de aduana. Si esta red colaboro con organizaciones terroristas del medio oriente, tendremos que ver como avanza la investigación. Ojalá que, al estar el tema de aduanas en la mira, se entienda que, además de ser un instrumento económico, es parte fundamental en la lucha contra las mafias.

Simón Gaviria Muñoz

Aranceles verdes

Escrito por Simón Gaviria en Feb 11, 2025. Publicado en Opinión.

Con la reelección del presidente Trump, se rompió el consenso de libre comercio que dio al mundo su mayor periodo de prosperidad. Al volver a la falacia del juego de suma cero, la nueva administración estadounidense interpreta un déficit comercial como pérdida económica. Las sanciones recientes marcan el regreso al aislacionismo que, hace un siglo, hundió al mundo en una gran depresión. La novedad radica en los llamados “aranceles verdes”, que la Comunidad Europea está por consolidar este año. Si serán medidas acertadas o no, solo el tiempo lo dirá, puede que existan alternativas más efectivas. Lo cierto es que su viabilidad política surge tanto de una genuina preocupación ambiental como del renacimiento del proteccionismo. Estas aguas serán turbias para Colombia, echaremos de menos un mundo basado en reglas.

Para frenar que la industria evada sus compromisos de cambio climático moviéndose a países de regulación ambiental más laxa, la Unión Europea implemento el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). A partir de este año, el acceso al mercado europeo para sectores intensivos en energía como cemento, hierro, electricidad, hidrogeno y aluminio, estará condicionado al cumplimiento de requisitos ambientales. Si bien este mecanismo inicio su etapa de transición en 2024, este año entrará en vigor plenamente, con aranceles adicionales estimados en un 25%. La medida ha sido tan bien recibida que, para 2026, se planea incluir plásticos y químicos, y para 2030 abarcará todos los sectores sujetos al impuesto europeo del carbono.

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Más preocupante aún es la nueva normativa europea contra la deforestación, que entra en plena vigencia también este año. Aunque Colombia no es un actor relevante en las exportaciones de sectores del CBAM, sí lo es en aquellos de la legislación anti-deforestación: ganado, cacao, café, palma, soya, madera, y sus derivados. El mecanismo obligará a los importadores a certificar que, desde 2020, ninguno de estos productos ha contribuido a la deforestación de bosques nativos. Además, otorgará nuevos derechos a las comunidades ancestrales.

Aunque la regulación se aplica a cada exportación y no a países enteros, la Unión Europea clasificará a las naciones según su nivel de riesgo de deforestación. Las multas, equivalentes al 4% de la facturación total del importador, son tan severas que podrían hacer inviables cadenas enteras de producción.

Frente a los aranceles de EEUU, no parece haber voluntad política para solucionar: la victoria “ideológica” parece ser más importante que lo económico. En cuanto a los aranceles verdes de la Unión Europa, el desafío es técnico. Si Colombia hubiera implementado un mercado de créditos de carbono, podría beneficiarse de un acceso preferencial al mercado europeo. Desafortunadamente, ni este ni el anterior gobierno han avanzado en esa dirección. Así mismo, ni Min Comercio ni Min Ambiente iniciaron procesos de certificación en las cadenas más vinculadas con la deforestación. Los grandes productores podrán adaptarse sin dificultades, pero las cooperativas y campesinos necesitarán apoyo.

Este nuevo mundo orden económico será más implacable que el que dejamos atrás. La poesía, aunque sea bien intencionada, pierde relevancia cuando la fuerza tiene la razón. Pésima idea en esta coyuntura, ponerse a renegociar tratados.

Simón Gaviria Muñoz

Error con Trump

Escrito por Simón Gaviria en Feb 4, 2025. Publicado en Opinión.

Al lidiar con EEUU, una cosa es cuando se afecta la agenda de cooperación internacional, otra muy distinta es desviar una prioridad diplomática, pero si se afectan los intereses domésticos de EEUU, la retaliación es exponencialmente mayor, si se violenta el eje central de la campaña electoral: vendrá un huracán. Por ello, el gesto simbólico en contra del trato a los inmigrantes indocumentados, negándole a nuestro principal aliado el ingreso de dos aviones, era previsible que habría consecuencias que pagaremos todos los colombianos. Aún no sabemos todos los detalles de la madrugada de ese domingo, pero sí es claro que Colombia no tiene por qué involucrarse en la política doméstica de EEUU. La época de “don’t lose Colombia” se acabó, si nos ponemos a agredir a el Tío Sam, podemos estar seguros de que habrá respuestas. Esta crisis todavía no se ha acabado.

El tema migratorio es la principal preocupación de los votantes estadounidenses. Según Gallup, al menos un 15% de ellos lo considera su prioridad al momento de decidir el voto. Parafraseando a Steve Bannon, estratega de Trump: “lo que hicimos fue ubicar el comercio que era prioridad 100 y los llevamos a ser segundo, mientras tanto la inmigración que era el tema numero tres, lo llevamos a ser la prioridad incuestionable.” La posición restrictiva no es exclusiva de Trump, la percepción de un –“exceso” de migrantes es un consenso en el partido Republicano y en buena parte de los Demócratas. Un país puede negarles el ingreso a extranjeros, especialmente si lo hacen de manera ilegal o cometen un delito. Si quieren deportar a los inmigrantes ilegales, incluyendo a los colombianos, esta paranoia desmesurada esta cobijada en el derecho internacional.

Con el discurso de frenar la inmigración ilegal, Donald Trump, aun teniendo la mitad del presupuesto que Kamala Harris, ganó ampliamente la presidencia. Hoy, la política migratoria en EEUU responde a un mandato claro, la retórica poética del presidente colombiano no cambiará esa realidad. Al sabotear este esfuerzo, Petro no solo desafía a Washington, sino que deja en el limbo a nuestros compatriotas, que quedarían en tierra de nadie. Craso error sería, como insinuó el Presidente, responder expulsando a los estadunidenses con visas vencidas en Colombia.

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Trump, en su intento de ejercer una presidencia imperial, lanzó provocaciones a Canadá, México, Panamá y Dinamarca, entre otros, pero ninguno cayó en el juego. Por eso resulta difícil entender por qué Petro decidió hacer un gesto ideológico a la izquierda latinoamericana a raíz de un vuelo rutinario del gobierno estadounidense. Por cuenta de esta faena, pierden nuestro migrantes, nuestros exportadores, nuestros turistas y, en general, ambos países. Sobra decir que es probable que el mayor costo lo asuma Colombia.

La amistad entre Colombia y EEUU es difícil de romper, pero eso no significa que sea inmune a los errores. El falso patriotismo y la retórica contra el “imperio” solo perjudican nuestros intereses. Así como el gobierno ha mostrado sensibilidad diplomática para tratar con Venezuela, es momento de aplicar la misma cautela y pragmatismo con nuestro principal aliado. La época de andar insultando, se acabó. Ojalá la nueva canciller use su influencia, que no le falta, para reversar este error.

Simón Gaviria Muñoz

Integración servicios públicos

Escrito por Simón Gaviria en Ene 28, 2025. Publicado en Opinión.

Las leyes 142 (saneamiento básico) y 143 (energía) son los pilares de la profunda transformación de servicios públicos en Colombia de los últimos 30 años. Permitieron la transición de la ineficiencia politizada, a un modelo de Estado regulador que incentivó la inversión en cobertura y calidad. Su eje central fue la promoción de la competencia, entendiendo que los monopolios sin control, sean públicos o privados, perjudican al consumidor. Adicionalmente, los pírricos presupuestos estatales, no alcanzaban para subsanar décadas de sub-inversión. Los avance tecnológico demandan más inversión y competencia no menos. Con convergencia de telecomunicaciones, energía, y agua en retos de acceso de ultima milla física en el hogar y ultima milla digital en el celular, es hora de coordinar mejor la regulación.

El impacto positivo es indiscutible. Según datos de Andesco, entre 1990 y 2023, las coberturas en millones de usuarios aumentaron de manera exponencial: energía 4.023%, gas domiciliario 62.500%, acueducto 3.884%, alcantarillado 4.057% y aseo 4.843%. Este crecimiento alcanzó, en muchos casos, coberturas cercanas al 97%-99%, siendo la ruralidad extrema el mayor obstáculo para una mayor expansión. Además, bajo los principios de estas leyes, surgieron sectores como internet fijo, telefonía móvil y televisión paga, desarrollados sin necesidad de recursos públicos. Al pasar de empresario a regulador, el Estado logró que actividades que antes generaban pérdidas ahora contribuyan con casi el 11% del total del recaudo tributario.

La regulación del futuro debe abordar desafíos emergentes como el despliegue de infraestructura 5G, la disminución de pérdidas a través de medidores inteligentes, o la promoción de ciudades inteligentes. La última milla es crítica y la coordinación entre la CRA, CREG y CRC es fundamental, no pueden avanzar cada una como rueda suelta. Estas entidades deben alinearse para gestionar la creciente interdependencia entre servicios: la facturación de energía asegura la viabilidad de servicios de aseo o la compartición de infraestructura de ciudades inteligentes. El futuro es convergente, pero persisten retos.

La crisis energética en el Caribe contrasta con los avances logrados por regiones con menores entornos de desarrollo. Las inversiones necesarias para salvar esta región, son tan significativas que solo dos empresas públicas (Pereira y Medellín) asumieron el riesgo, a costa aumentar los privilegios para las empresas previas a la Ley 143. La competencia se puede incentivar si se garantizan condiciones de igualdad, todos en la cama o todos en el suelo, y evitando la peligrosa influencia de la información privilegiada.

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En su momento, la poderosa bancada antioqueña no permitió a separar las funciones de generación, distribución y transmisión. La privatización parcial de las de empresas municipales otorgan a privados ventajas no razonables en el espacio publico. Propuestas de expandir el conglomerado de Ecopetrol a lo divino y lo humano generan mas preocupaciones. Cualquier actualización que regula la convergencia debe profundizar la inversión y la competencia. Antes de hablar de fusionar las comisiones de regulación, una vez el presidente logre nombrar la CREG, estas podrían empezar a hacer reuniones de coordinación de agenda regulatoria.

Simón Gaviria Muñoz

Elegir jueces

Escrito por Simón Gaviria en Oct 22, 2024. Publicado en Opinión.

El gobierno floto la idea de elegir a los jueces de Colombia mediante voto popular, como lo quiere hacer México. En otras palabras, someter al escrutinio público decisiones impopulares: la creación de impuestos, los derechos de minorías sexuales y étnicas, o rehabilitación de condenados. Estas dejarían de estar protegidas por la constitución y quedarían sujetas al “estado de opinión.” Someter a los jueces a obtener recursos para la campaña, los expone fácilmente a ser cooptados por intereses económicos, como pasa en EEUU. Peor aún, en un país como Colombia, donde grupos al margen de la ley ejercen control territorial, podrían elegirse jueces que simpaticen con las causas del Clan del Golfo o disidencias de las FARC. Esta es una mala idea, por donde se mire.

El éxito de las democracias no depende exclusivamente de obedecer a la voluntad de las mayorías, sino de garantizar las protecciones para las minorías. Las reglas de juego definidas por consenso en las coyunturas constitucionales permiten encontrar mecanismos de disenso sin tener que acudir a violencia. El equilibrio de poderes que ejerce el sistema judicial es fundamental para proteger la democracia. Tanto el Banco de la República como la Corte Constitucional se eligen de manera gradual, de tal manera que ninguna persona o grupo los controle. En otro momento de nuestra historia, la izquierda colombiana hubiera protestado enérgicamente si en el apogeo del Uribismo los jueces se hubieran elegido por voto popular.

En México, los controles al poder mayoritario del partido de gobierno por parte del sistema judicial llevaron al gobierno a imponer la elección popular de jueces. En las elecciones del 2025 se van a elegir 785 plazas de jueces y magistrados de diferentes rangos, otra tanda quedará para 2027. En nuestro hermano país prosperó la tesis que los jueces deben ser parte del cambio y colaborar con sus sentencias. Como estorbaban y no eran incondicionales, los quieren cambiar.

Esta es la explicación amable de democratizar la rama judicial, pero otros observadores más críticos denotan el creciente poder de los carteles del narcotráfico en México. Qué mejor para las bandas criminales que promover jueces con línea jurisprudencial exageradamente exigente en habeas corpus o simplemente que sean de su bolsillo. Si en Colombia, en los 80s y 90s, los jueces hubieran sido elegidos por voto popular, la democracia probablemente no habría sobrevivido.

Lo propuesta del presidente fue rechazada enfáticamente por el grueso de la academia colombiana. Puede que efectivamente sea como muchas veces ocurre, una idea suelta y espontánea sin mucha preparación o estudio, probablemente motivada por la frustración ante las sentencias del Consejo de Estado y Corte Constitucional sobre reformas mal tramitadas en el Congreso. También refleja una desconexión frente al castigo electoral que se vislumbra en las elecciones de 2026 para el gobierno y sus aliados.

Una de las grandes críticas a Netanyahu, el primer ministro de Israel, por parte del mismo presidente colombiano que rechaza tan enfáticamente a otros, es precisamente su reforma judicial, la cual busca limitar los controles judiciales. Para muchos, esta propuesta nace muerta, pero es importante que, sin importar nuestra ideología, nos aseguremos de enterrarla definitivamente.

Simón Gaviria

Panamá – Colombia

Escrito por Simón Gaviria en Jul 2, 2024. Publicado en Opinión.

Pocas cosas traen más esperanza a un país que un nuevo gobierno, Panamá está en su luna de miel. Con 33.8% de los sufragios, José Raúl Mulino fue electo en mayo como presidente de la hermana república. Con una campaña marcada por la amenaza de intromisión de la rama judicial, a varios candidatos de su partido, incluyendo el expresidente Ricardo Martinelli, no se les permitió participar, es una victoria contundente para estándares del istmo. El mandato para recuperar el crecimiento económico es claro. Mulino, llega aprendido siendo magistrado suplente de la Corte Suprema, se destacó como Canciller, Min Defensa, y Min Interior. Sería útil que el nuevo Min Comercio, Cancillería y Min Minas empezaran una conversación pragmática con Panamá.

Esta nueva conversación tiene que enmarcarse en la nueva realidad migratoria. La red criminal del Tren de Aragua con el Clan del Golfo que manejan el tráfico de personas hacia EEUU, enrarecen el ambiente. Desde el mes de septiembre están entrando más venezolanos (50.000) ilegalmente a EEUU que mexicanos (30.000). Si Colombia colabora activamente en este problema, haría mucho para mejorar la relación con Panamá y especialmente con EEUU.

Gracias a la gira de la Vice-Presidenta por áfrica, Cancillería tomó la decisión de eliminar visas de tránsito a 9 países del continente, 4 del medio oriente y Cuba. Esta medida diversificó la actividad criminal, ampliando la red de trafico mas haya de Venezuela, donde cobran entre 8 y 10 mil dólares por migrante hacia EEUU. A El Dorado pueden estar llegando entre 100-300 migrantes africanos diariamente.

Con este panorama, la eterna carretera panamericana no es posible, pero si la interconexión energética. En este caso, tendría un trazado por el mar en vez de por la selva, pero también permitiría la mejor conectividad en telecomunicaciones. Saliendo de las dificultades de El Niño, Colombia tiene un inmenso potencial de energía que podría ayudar a Panamá a bajar costos, confiabilidad, y huella de carbono. Sobra decir que Panamá para nosotros es la entrada a todo el mercado centro americano de energía.

Adicionalmente, dadas las equivocadas políticas tributarias de Colombia de los últimos 20 años, el flujo de colombianos emigrando a Panamá está disparado. No es solo los migrantes busquen mejor empleo, se estima que casi 100 mil colombianos ya son residentes fiscales en Panamá. En esta migración se van nuestros connacionales de más altos ingresos, así como multilatinas que operan en múltiples países. Sin voluntad de resolver la anti-competitividad del estatuto tributario colombiano, se debe trabajar en el marco de esta nueva realidad. Tratados sobre integración económica que faciliten el comercio, protección a la inversión, doble-tributación, validación de títulos académicos, entre muchos, deberían estar sobre la mesa.

Con la posesión de ayer del nuevo presidente de Panamá también puede haber esperanza para Colombia. El presidente Mulino y Petro tendrán su primera conversación. El anuncio del cierre de frontera no se puede entender como una ofensa a Colombia sino, como dice Mulino, “la frontera de EEUU en vez de estar en Texas se corrió a Panamá.” Los tres países deben trabajar juntos no solo para afrontar esta crisis humanitaria sino en generar prosperidad compartida.

Simón Gaviria

COP 28

Escrito por Simón Gaviria en Oct 10, 2023. Publicado en Opinión, Para tener en cuenta. No hay comentarios en COP 28

El sistema de conferencias de las partes del cambio climático ocurre anualmente para evaluar y proponer avances. En su versión 28, prevista en Dubái a finales de noviembre, resultó polémica la designación de Sultán Al Jaber a presidir la reunión. El es Ministro de Industria y Tecnología Avanzada, pero también es presidente de la petrolera estatal. Varios activistas argumentan que existe conflicto de intereses, considerando que EAU no solo es miembro de OPEC, sino que es uno de los principales exportadores de petróleo. Sin embargo, dado el sustancial esfuerzo diplomático, es posible que se abra un debate interesante: ¿Puede la industria de petróleo ser carbono neutro? Todo indica que sí.

Se celebró inmensamente el esfuerzo de la COP 21 en París, por ser el primer evento donde se alcanzaron metas concretas frente a la disminución de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). El logro no es una camisa de fuerza, cada país, con la regulación que escoja, puede definir lo que va a lograr en reducción. De esta manera, es la presión de la ciudadanía y la comunidad internacional la que conduce a lograr la meta colectiva. Lo que falta es regulación para los sectores más contaminantes globalmente, incluyendo el petróleo, ya que las responsabilidades nacionales no permiten acuerdos. Nadie quiere de manera individual ser el único que asume costos, perdiendo competitividad.

Así como era necesario un feroz anti-comunista como Nixon para que EEUU hiciera la paz con China, puede que sea el presidente de una petrolera estatal el que nos genere los primeros estándares comúnmente aceptados para los sectores más contaminantes. Tras conversaciones con más de 50 presidentes de petroleras, se está generando un protocolo para lograr el deseado petróleo verde antes de 2050. No solo eso, también se lograría un entendimiento sobre acero, aluminio y cemento. El propósito puntual antes de 2030 sería ser emisores neutros de metano avances que se pensaban hasta poco impensables.

Sí existen voces de ONGs buscando la eliminación gradual de hidrocarburos, pero puede que estemos lejos de esta meta. En la última COP en Glasgow, se estuvo cerca de un lenguaje que gradualmente eliminara el uso de carbón térmico. El énfasis de esta COP estará más enfocado en modernización que en prohibición. EEUU con EAU están pujando duro al sector de hidrocarburos a desarrollar el mercado de hidrógeno, fomentar las tecnologías de captura de carbono, eliminar el metano e incrementar de manera exponencial las energías renovables. Toda esta agenda debería estar replicándose en Colombia, pero se ve poco de este esfuerzo en la política pública.

Razonablemente, Min Minas está enfocando en la eminente crisis de El Niño, pero Min Ambiente, Hacienda, DNP, ANH y Ecopetrol podrían ser mayores protagonistas. En todos los sectores de modernidad, el potencial de Colombia es masivo, se podría generar la posibilidad de que en país también ocurra la innovación. Sabiendo que rogar para intercambiar deuda por conservación tiene poco futuro, Colombia debería liderar la integración de mercados globales de carbono, pero ni si quiera se ha creado el mercado nacional. En lo diplomático, lo perfecto es enemigo de lo bueno, si somos inteligentes entenderíamos que los vientos globales soplan a nuestro favor.

Centenario económico

Escrito por Simón Gaviria en Ago 1, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Para tener en cuenta.

El Senador Víctor Renán Barco decía que gran parte de los escritos económicos en Colombia solo repetían las conclusiones de la Misión Kemmerer. Al cumplir estas un centenario, el diseño institucional económico afrontó crisis políticas y de orden público que pocas democracias hubiesen sobrevivido. Este sentó las bases para el Banco de la República, la futura Superintendencia Financiera y la Contraloría. También ajustó el orden institucional para que el presupuesto estuviera en manos del ejecutivo, no del Congreso. Eso sí, una queja permanente en la opinión pública es la asignación del presupuesto y su transparencia. Estamos ya tarde en modernizar el estatuto de presupuesto.

El Congreso, al recibir el presupuesto, no solo tiene un límite de días para aprobarlo, sino que todas las modificaciones requieren el visto bueno de Min Hacienda. Si no lo aprueba en estos plazos queda aprobado el presupuesto originalmente radicado por Min Hacienda. Si una ley, no tiene sustento presupuestal con aval de Min Hacienda, el Congreso no le puede dar trámite. Inclusive las sentencias judiciales deben respetar en derecho de sostenibilidad financiera. El sistema premia la estabilidad macroeconómica.

La esencia democrática es el control que ejercen representantes ciudadanos sobre ingresos y gastos gubernamentales. Muchos colombianos no son conscientes que viven bajo una “dictadura fiscal.” Este esquema que premia lo técnico sobre lo político, permitió hacer ajustes necesarios, pero políticamente costosos, varias veces salvó la patria. Lo que se debe replantear es la opacidad presupuestal en la que opera el estado.

Para empezar, las unidades de apoyo legislativo del Congreso no tienen la posibilidad de competir en una conversación técnica con los equipos de Hacienda y Planeación. Esta es una oportunidad que la Contraloría, en contadas ocasiones, ha desaprovechado para ser un árbitro imparcial en los datos. La ley 1985 de 2019 creó la a Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal para el Congreso con este objetivo, sin embargo, esta todavía no despega.

Mucho más se puede hacer para transparentar las líneas programáticas del presupuesto para que el título de cada partida sea más claro frente al uso de los recursos. Se debería categorizar las eventualidades presupuestales como pago de intereses o fallos judiciales, muchas veces son colchones donde se esconde recursos para después trasladar. Un presupuesto consistente con la regla fiscal debería indicar lo que se recorta o se expande en función del comportamiento económico, esta decisión no debe depender del capricho de funcionarios de Min Hacienda.

La evolución natural de la técnica presupuestal de la Misión Kemmerer es un presupuesto informado por resultados. Los ingleses dicen que el amor político se demuestra con presupuesto porque así se marcan prioridades. El presupuesto más que unas páginas amarillas, debe concatenar con la visión de gobierno del plan de desarrollo. Este en lo posible debe incluir los productos que se reciben a cambio de ese presupuesto, por ejemplo, cuantos km de vías hace Min Transporte, o metas como la disminución de tasa de homicidios para Min Defensa. Así se podría por lo menos iniciar la conversación de control politico que para ser tan importante es tristemente limitada.

Tampoco se puede

Escrito por Simón Gaviria en Jun 27, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Para tener en cuenta.

No es imposible, pero si es muy difícil para Colombia reemplazar económicamente los hidrocarburos. Cerca de 3.3% del PIB, 40% de las exportaciones y casi $7.5 billones de ingresos fiscales, depende de la actividad petrolera. Aunque suena lindo para la galería argumentar que se reemplaza con alguna actividad benéfica, la verdad es que en el corto plazo el candidato realista para reemplazar el petróleo es el cobre. Este es un metal verde requerido para la transición energética, para el cual un proyecto pequeño empieza desde US$500 millones de inversión. A pesar de sus bondades ambientales y su impacto económico, en Colombia explotar cobre tampoco se puede.

Así como el peso colombiano se correlaciona con el precio del petróleo, para Chile y Perú sus monedas bailan con el precio del cobre. En nuestra región, Chile es de lejos el principal productor del mundo, Perú es el segundo, Panamá el octavo, mientras Colombia es el 37. Siempre se ha pensado que la misma formación de Los Andes que le da cobre a estos países, debería darle el preciado mineral a Colombia. Efectivamente, departamentos como Córdoba, Antioquia, Putumayo, La Guajira y el Cesar cuentan con excelente prospectiva. Desafortunadamente, el proceso integral de licenciamiento más el orden público, han hecho imposible que despegue el sector.

Al comienzo de la década se pensaba que la producción colombiana se podría multiplicar por diez para 2025, esos sueños de 100 mil toneladas anuales no se van a lograr. En el proyecto de Córdoba, no se logró la aprobación del Plan de Trabajos y Obras por discrepancias menores al 0.5% en el monto de reservas con la Agencia Nacional Minera; en Antioquia, la Anla negó dos veces la solicitud de licencia ambiental, y los demás proyectos no despegan. Ni en esta ni en la anterior administración ha sido posible explicar que hay metales verdes necesarios para lograr la transición energética. No tiene sentido oponerse a toda la minería por filosofía, hay que distinguir entre minerales.

Durante los últimos 20 años, el cobre para Chile ha significado el 13,1% de sus ingresos fiscales. En Chile representó en 2021 el 56% de las exportaciones; en Perú el 31%, y en Panamá el 80%. El proyecto de Antioquia, con 5 millones de toneladas de cobre en reservas, que pagan 5% de regalía al precio actual, retribuiría, solo por ese concepto, $8.7 billones. Existe el rumor que en esa zona hay 14.6 millones de toneladas, sin incluir metales asociados como oro y plata, significa casi tres veces el valor económico de regalías mas otros impuestos y encadenamientos. A Colombia todavía le falta mucho desarrollo económico para olímpicamente desechar estas oportunidades.

El nuevo pronóstico de Bancolombia para Colombia es de tan solo el 0.6% de crecimiento para 2023. El nombramiento de Andrés Camacho, cuota política de las FARC, pero miembro de la UTL de una senadora del Pacto Histórico, en la ANH es diciente: no se va a incentivar producción adicional de petróleo. La posibilidad de aliviar la carga fiscal es requerida. Para producir un MW de energía eólica se requiere 3.6 toneladas de cobre y para MW solar entre 4-5 toneladas de cobre. Aunque sea solo para salvar al planeta, se debería incentivar la explotación de cobre, y si en el camino se alivia la pobreza, aún más.

Simón Gaviria Muñoz

Inteligencia artificial

Escrito por Simón Gaviria en Jun 20, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Opinión | Ven, Para tener en cuenta, Venezuela.

Los dividendos tecnológicos tienden a tomar más tiempo de lo previsto. El internet, el computador personal o los celulares, durante su infancia, no ofrecieron los avances en productividad prometidos. Más bien la tecnología tiene un prontuario masivo de burbujas financieras y falsos profetas, solo en esta última década han coronado los cryptoactivos, el blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada y los Non-Fungible Tokens (NFTs). A pesar de tantos mesías, por lo menos hasta ahora, la inteligencia artificial pareciera que va a tener el mayor impacto en el mercado laboral. Llamados de regulación para evitar una distopia tecnológica tienen el respaldo de voces calificadas, pero la regulación que debe sacar Colombia es más inmediata.

Los impactos de la tecnología son imprevistos, nadie hubiese imaginado que el humilde invento del aire acondicionado cambiaría los patrones de inmigración hacia las costas o que el zoom adaptado en pandemia impactaría tanto a la industria aeronáutica. La clave para entender el fenómeno de estos Modelos Masivos de Lenguaje (MML) de inteligencia artificial es que su impacto inmediato es la disrupción de profesiones que requieren memoria. Son los abogados y los contadores, más que los taxistas, quienes deben comenzar a prepararse.

Funcionalidades como ChatGPT en esencia se alimentan de cantidades masivas de datos para aprender a darle significado. Entre más datos, van mejorando su funcionalidad y ampliando su conocimiento. Este aprendizaje de máquinas podría evaluar la jurisprudencia específica de un juez y de manera posterior identificar los argumentos de un caso más aptos para convencerlo. Esto mismo aplica para la preparación de una declaración de renta, una nota periodística sin análisis o algunos tipos de diagnóstico médico. Puede que se haga un primer buen resumen, pero la calidad del trabajo depende de la calidad de la información de la cual se alimenta.

Asumir que el internet o las redes sociales son la verdad revelada es una equivocación. Están llenas de racismo, sexismo, noticias falsas y excéntricas teorías de la conspiración. Si los MML consumen esta información van a responder con estos filtros para probablemente dar respuestas equivocadas. En la esfera técnica, como la composición química de un producto, no hay tanto riesgo, sin embargo, al entrar a otros temas se requiere muchos más que un grano de sal; en tecnología es como un Google mejorado, que arroja el resultado que hay no el que es.

Existen temores en las áreas creativas donde ChatGPT dibuja, escribe y compone como un artista. La clave es que la inteligencia artificial no compone como Beethoven o Drake, sino más bien que los copia supremamente bien. No solo el público debe conocer cuándo una canción o un cuadro son desarrollados artificialmente, sino que debe desarrollarse tecnología para proteger los derechos de autor de los creadores copiados. En esencia, es la inteligencia de copiar muy bien, por ahora no hay ninguna creación original.

De igual manera, en otras áreas se debe transparentar el uso de aplicaciones que usen MMLs para dar respuestas. En algunos casos el gobierno debe proteger qué tipo de datos se pueden utilizar en los modelos, no queremos que información personal ingrese, quedarían individuos sujetos a manipulación y expuestos a casos de delincuencia informática. Igualmente, hasta mostrar mayor confiabilidad no deberían ser válidas sus recomendaciones en algunas profesiones, por ejemplo, en medicina. Lo que sí es evidente, es que el nuevo petróleo son los datos y eso hay que protegerlo.