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Etiqueta: Sociedad superficial

Primero el negocio después el paciente: urgente la reforma

Jaime Acosta Puertas 

Este texto está basado en hechos reales ocurridos en la segunda semana de enero de 2023 en una ciudad de mediano tamaño y en un hospital de tercer nivel acreditado hace pocos años. 

 

La paciente del régimen contributivo y categoría C, ingresa por urgencias. Primero el triage, después la primera evaluación de un médico general, luego exámenes de sangre, a continuación el diagnóstico del especialista de turno que ordena su hospitalización por infección urinaria. Al día siguiente una ecografía, y el radiólogo le dice que tiene una gran cantidad de cálculos en la vesícula lo cual daría para iniciar de inmediato un proceso a cirugía. Como la paciente toma aspirineta de 100 mgrs producto de un ACV (accidente cerebro vascular), no puede ser intervenida de inmediato, solo días después. Fue dada de alta por su favorable respuesta a los antibióticos, y con una orden para iniciar un posible camino al quirófano posiblemente para extraer la vesícula. 

El acompañante le pregunta al internista qué ocasionó la crisis en el paciente. Este respondió: “una ingesta”. El acompañante sorprendido reacciona: ¿cómo? ¿una ingesta? es decir ¿algo que comió? Sí, respondió el médico. ¿está seguro?. Si. Al acompañante no le gustó para nada la respuesta.  

Dan de alta a la paciente, la sacan en una camilla hasta el carro. No permitieron ponerle la férula, ni los zapatos, envuelta en una sábana encima de una camilla y cual bulto de papas la introducen en el asiento delantero. Urgencias no estaba ni al 50% de ocupación como para justificar afanes y maltrato. Era claro que el objetivo era sacarla o sacarla del hospital, porque si su estado empeoraba tendrían que tenerla ocho días hasta que médicamente fuera posible la cirugía.  

La historia clínica decía que sólo si tenía un cuadro agudo de vómito, diarrea, fiebre, escalofrío, etc etc, la llevaran nuevamente por urgencia, es decir, cuando estuviera en las últimas. Nada advirtieron de la aspirineta. Ni una palabra. Omisión total. Irresponsabilidad absoluta, porque no hubo una explicación integral de la salud del paciente y de su futuro inmediato. 

El acompañante insatisfecho con el diagnóstico de la ingesta, buscó en una IPS Clínica a un médico amigo. Este le dijo que no estaba en la ciudad, pero que recomendaba una revisión urgente por X o Y especialista adscritos a la clínica. Adicionalmente, una médica amiga le recomendó una ecografía de abdomen para ver dónde estaba localizado el problema, porque en la historia clínica de la IPS Hospital no acompañaron los resultados de la ecografía, sino que con base en ellos, en silencio, fue que formularon consulta a un médico general para que este remita al paciente a un cirujano. Todo como bajo una sombra, sin hablarle con claridad  y responsabilidad al paciente. 

La ecografía arrojó un diagnóstico preocupante: una vesícula llena de cálculos en cantidad incuantificable, aunque uno de los cálculos tenía 2 cms de diámetro. Por el asunto de la aspirineta la paciente no fue intervenida de inmediato, sino ocho días después. Es decir, por la aspirineta le dieron de alta en el Hospital, por la aspirineta la aplazaron ocho días la cirugía en la Clínica, y por la aspirineta facturaron el Hospital y la Clínica, pero, por la manera como está diseñado el negocio del sistema de salud curativa, fue que facturaron las dos IPS. Además, dos semanas en vilo por el insuficiente diagnóstico del hospital y su falta de claridad en la ruta a seguir. Al final todo salió bien gracias a los médicos amigos y al buen servicio de la Clínica.  

Dónde falla el sistema 

Asumiendo que la infección se había superado, pero no el problema de la vesícula, en la hospitalización se debió iniciar el proceso de la cirugía, para que transcurridos los ocho días por el uso del anticoagulante, la paciente fuera intervenida. Esos siete u ocho días el paciente los podría pasar en su casa bajo un buen cuidado, e ir a los exámenes y consultas para viabilizar la cirugía. Es decir, en un periodo de una semana y unos días más se habría podido resolver todo el caso, y no en más de veinte días como al final ocurrió.  

Si el acompañante no hubiera dudado del diagnóstico del IPS Hospital y si no hubiera tenido amigos en otra IPS, la paciente hubiera corrido el riesgo de esperar otra crisis para iniciar el mismo proceso por urgencias, de pronto no salir con vida de un nuevo evento, o si no con secuelas mayores. En casos similares, la inmensa mayoría de pacientes regresan a casa con un mal diagnóstico, y la incertidumbre y preocupación por la lentitud del proceso a una cirugía.  

En cualquier circunstancia los médicos advierten que el proceso de autorización hasta el ingreso al quirófano puede durar dos meses, contando con mucha pero con mucha suerte. Algunos lo logran en seis meses, otros en más tiempo y algunos se van de este planeta sin saber por qué se fueron vueltos polvo a los confines del universo. 

Por qué sucede esto, porque el sistema tiene problemas de eficiencia y sensibilidad humana por no tener de primero al paciente. Estas son fallas inherentes a la concepción y mal diseño de la ley 100 con su modelo curativo y no preventivo, donde el esquema de la salud preventiva no cuenta, porque al paciente que origina esta columna, ya le habían diagnosticado los problemas en la vesícula cinco meses atrás. De esta manera, la ley 100 tal como ahora existe no puede adoptar un modelo preventivo. Si la reforma no es profunda en torno a la salud preventiva, los problemas estructurales que padece el sistema no se podrán resolver, porque el robo de las Eps continúa, como ilustra el reciente caso de Emssanar donde había un cartel de tráfico negro con medicamentos para el cáncer y otras patologías.  

 

 

     

   

       

 

    

 

Golpe blando contra el gobierno progresista

Jaime Acosta Puertas 

Escucho radio de lunes a viernes entre las 6 y las 8:30 a.m., y en la noche algún noticiero y programa de opinión. El fin de semana siempre veo Noticias Uno. No mencionó ningún de los grandes medios porque no merecen un segundo de propaganda, pero cito a los que nunca leo ni escucho: Semana, La FM, Blu, El Colombiano, El Espectador, tan querido y respetado, escribí ahí durante dos años hace algunos años, se sumó, desde que Petro ganó la presidencia, a la fuerza de tarea de la desinformación, no obstante, sobreviven columnistas de gran factura ética, ideológica e intelectual. 

 

Los grandes medios siempre han estado al servicio del poder y en las últimas décadas del gran poder económico. Los medios estatales son marginales porque el neoliberalismo apagó decenas de frecuencias para dárselas al gran capital y facilitar la formación de un oligopolio de información privado que por definición es antidemocrático. Hablo de los grandes medios, los que narran la guerra que ellos ven (seguridad democrática con miles de asesinados y desaparecidos), no la guerra que verdaderamente es (falsos positivos, miles de inocentes acribillados y millones de víctimas). Los que narran la corrupción hasta donde la corrupción no se acaba porque de ella también viven (p.e. de las EPS). Los que narran la economía que a ellos les interesa (mercado sin controles + devaluación persistente + petróleo a ultranza cuando los precios van en caída libre + inflación inducida para que la gente culpe al gobierno por los altos precios). No es la economía que a la nación le interesa para desarrollarse (reindustrialización con inversiones como la de Airbus, dólar en revaluación, nuevas exportaciones, innovaciones disruptivas, reformas sociales, alta inversión social y en regiones olvidadas). 

Los grandes medios y la oposición más recalcitrante al gobierno fueron derrotados en las marchas del 7 de junio. Por el estúpido escándalo de Benedetti y Sarabia – error monumental de Petro haberlos nombrado -, muchos creímos que las marchas serían un fracaso, tanto que el presidente fue el primer sorprendido, pues tuvieron que improvisar una tarima para su discurso. Sin embargo, el pueblo no le cree a los grandes medios, ni a sus encuestadoras, tampoco a los partidos de la decadencia y de la corrupción. 

Mucha gente salió, porque más allá de los errores menores, que no son pocos, algunos inventados por el mismo presidente en la obscuridad y soledad de un palacio donde asustan los fantasmas del uribismo, la gente humilde, la gente sencilla, la gente de clase media, la gente inteligente, ve por fin Colombia un presidente que trabaja para ellos. 

Las reformas son para esa gente, no son para los que han capturado todos los beneficios de un presupuesto de la nación que han saqueado en los últimos treinta años.  Los opositores del gobierno, inclusive los enemigos de la coalición o de la coalición de enemigos, quieren unas reformas que no toquen los inequitativos y extralimitados beneficios logrados de con las leyes de salud, laboral y de pensiones de Uribe. Entonces, construir sobre lo construido es construir sobre lo que pronto será insostenible porque será imposible puesto que Colombia necesita de otras políticas para desarrollarse de manera sostenible y en paz. 

Petro tiene una extensa agenda nacional e internacional con numerosas acciones, lo cual puede ser un problema para que sus ministros formados en la visión de un país grande y hermoso, pero imaginado pequeño y destruido a lo grande, puedan articularse, pensar sistémicamente y poner en acción la máquina de inversiones del presupuesto nacional que debe pasar por interminables trámites que han generado una cultura de la ineficiencia en el funcionamiento del Estado. La inmensa burocracia es la base electoral de los partidos políticos que en los últimos cincuenta años no han logrado pensar un país moderno, avanzado, en paz y sostenible. La base sobre la cual hacen política y mantienen feudos de poder, es con burocracia, con micro proyectos que mal o que nunca se terminan por violencia y corrupción: no tienen pensamiento, ni inteligencia, ni visión de desarrollo, ni compromiso para construir una gran nación. 

Petro, con la mejor intensión quiso un gobierno con algunos ministros que venían de partidos tradicionales y de los fatales tibios, pretendiendo construir una coalición de gobierno multipartidista. Le fallaron y por eso divulgaron el texto con críticas a la reforma de salud. Lo que hizo Alejandro Gaviria al hacer público un documento confidencial fue un acto de traición, y mal hicieron otros dos ministros en sumarse al exministro de salud. Bien hizo el presidente en pedirles la renuncia. No pudieron aceptar que alguien al cual veían por encima del hombro, por superficiales razones, fuera su jefe, sobre todo Gaviria y Ocampo que también le dio la espalda al presidente apoyando el nombramiento de un enemigo en la gerencia de la Federación de Cafeteros. 

Sin embargo, a los mercados internacionales Petro los calmó gracias a la política económica y al nuevo aire político para superar un neoliberalismo atrasado, violento y corrupto, que la hipocresía de la política internacional aceptaba, pero que no quería. Petro, es más inteligente que la mediocre dirigencia de Colombia. Los ministros en su mayoría son excelentes y comprometidos con el cambio. 

Preocupan los rumores de que se va la ministra de educación. Es una tremenda mujer. Sería muy grave porque podría ser una candidata a sustituirlo en el 2026. Petro no puede quemar en pocos meses a dos grandes mujeres, como si viviéramos en una Inquisición del siglo XXI: primero a Carolina Corcho y de pronto a Aurora Vergara.   

En cualquier circunstancia, el presidente le sale a la dirigencia un paso adelante. Esta, en vez de conversar y abrir el cerebro a las nuevas ideas, intenta cercarlo y desata un proyecto de golpe blando como en Brasil y Bolivia, a través de los grandes medios de su propiedad.  

Estos medios solo muestran las equivocaciones del presidente. Equivocaciones de Twitter que bajo ninguna circunstancia alcanzan a ponen en peligro las instituciones, al Estado y al plan de desarrollo. Pero, los medios del golpe blando magnifican los errores y los repiten y repiten para atacar al presidente y su gobierno. 

Las buenas noticias de su gestión son confrontadas por agresivos opositores, básicos de ideas, indigestados de odio, deformados en su pensamiento con una ideología de demonios. Pocos ministros son invitados a los programas, pocas veces invitan al presidente y cuando lo hacen, son arrogantes, elementales e ignorantes, pues vuelven una y otra vez a lo que ya está explicado y superado. El cerebro no les da para más porque la orden es esa, no dar más. Repetir y repetir para que la gente repita y destruya su conciencia.  

Los programas de opinión, cuando los invitados son cuatro expertos, tres son opositores al gobierno y a veces los cuatro, y cuando son tres los invitados, dos o los tres son opositores del gobierno. En otras ocasiones, por lo general habla primero la ministra o el ministro y luego los opositores cuyo propósito es aplastar al gobierno. Nunca hay espacio de confrontación para que suceda una libre discusión dentro de una verdadera libertad de prensa – entendida como condiciones iguales por el deber de informar y no de desinformar y deformar -, y no como libertad de prensa favorable a la oposición al gobierno progresista, porque esa no es libertad de prensa, es tiranía de prensa que atenta contra la estabilidad y el equilibrio del Estado. 

En la era de las redes digitales, la gente lee y escucha a otros, conversa con otros, por eso salieron cuando nadie desde el confort creía que saldrían. Incluso, hubo ciudades donde hubo dos marchas el día 7: en la mañana y en la noche. 

Los grandes medios y los congresistas que vendieron su alma al diablo de los partidos decadentes, quedaron neutralizados, incluso, congresistas que triunfaron bajo el paraguas del Pacto Histórico, ahora se oponen a las reformas. No sabemos bajo qué halagos se torcieron contra el gobierno en el trámite del cambio social: el progresismo les asusta, se sienten cómodas en el ambiente de las tibias ideas de los tibios, incluso felices en manos de uribistas. 

La gente quiere las reformas del gobierno, no quiere las reformas de los dueños de las EPS, de los fondos privados de pensiones, y tampoco quiere una reforma laboral que no mejore sus derechos. La gente se ha dado cuenta que mienten, porque no creen que el gobierno progresista vaya a proponer unas reformas en contra de la gente. La única salida de la torcida coalición es apoyar las reformas porque si no se quedan sin votos en octubre considerando que ya no tienen un presidente que les dé plata del presupuesto nacional, como lo hizo Duque con los OCAD de la paz. 

Ahora qué dirán los del golpe blando con los avances en el acuerdo de paz con el ELN, con la muerte del coronel de la policía que hacía parte de la seguridad del presidente, y con los ajustes al presupuesto de la nación por la caída de los precios del petróleo pues fue un error hacer los cálculos con un barril a US$94 cuando está en US$74, y con tendencia a la baja porque ya se absorbió el impacto de la guerra en Ucrania. Los supuestos sobre los cuales se edificó la economía de los últimos 30 años se están viniendo abajo, uno a uno.       

Si las reformas sociales no pasan, la gente volverá a las calles. Y saldrán muchos, pero muchos más, porque el consenso no es el consenso que quieren los del golpe blando. El consenso nacional que se necesita es sobre las ideas y propuestas progresistas.                      

El Banco de la República y Vargas Lleras le tiran a la reforma laboral

Jaime Acosta Puertas 

El estudio sobre “Estabilidad en el mercado laboral y algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral”, que hace poco presentó el Banco de la República, debió comenzar con el último párrafo del texto “…..cabe decir que las estimaciones realizadas se concentran en el aumento de los costos laborales promedio y su impacto en el empleo formal …..Por tanto, dejan de lado los posibles efectos positivos para los trabajadores beneficiados,…por el aumento de su estabilidad laboral y el mayor acceso a mecanismos de protección social…”.   

 

De esa manera, adopta un restringido y tendencioso marco de análisis, en vez de contribuir a un debate serio, propositivo, amplio y con visión de los cambios que debe adelantar Colombia con su política nacional de reindustrialización, la cual debe estar acompasada con las reformas laboral y de pensiones porque son instrumentos normativos de largo plazo, en consecuencia, a largo plazo el desarrollo productivo y la innovación están relacionadas con las condiciones laborales que deben tener los trabajadores en todos los niveles de ocupación para adaptarse e impulsar la construcción de una economía de nuevo tipo, urgente por nuevos factores externos e internos. Asimismo, porque mejores condiciones laborales duraderas aseguran mejores condiciones y multiplican los espacios para que muchos más ciudadanos accedan a una pensión justa y digna.   

Dicho esto, el estudio del Banco deja de lado lo que en teoría se conoce como cambio estructural (desarrollo de nuevas actividades y sectores) y cambio tecnológico (desarrollo tecnológico asociado a la innovación de los sectores productivos especialmente nuevos, exportadores de alto valor agregado y con efectos difundidos en todo el sistema productivo). El estudio del Banco contra la reforma no dice una palabra de como aumentar la estabilidad laboral a través de un sostenido incremento de la formalidad y el acceso de muchas más personas a una pensión digna dada una mayor estabilidad laboral y mayores ingresos derivados de una economía de alta productividad.  

Ni siquiera hay una palabra, menos un párrafo, imposible una sección, sobre las condiciones estructurales que conducirían a una mayor estabilidad laboral si se logran dinamizar sectores con rendimientos crecientes (nuevos, de alta tecnología, y con mercados nacionales e internacionales con crecimiento sostenido a altas tasas) y no se esperan milagros imposibles con sectores con rendimientos decrecientes (los que ahora conforman la producción y las exportaciones de Colombia: manufacturas livianas, productos primarios con escasa transformación), con los cuales la tasa de innovación, diversificación y crecimiento, es menor, incluso, tiende a cero o es negativa, por tanto, la productividad es negativa. En consecuencia, tasas más elevadas y sostenidas de crecimiento del PIB, son imposibles, incluso, con el empujón de las producciones ilegales, que han aportado al crecimiento del consumo, pero nada al desarrollo de la economía – dado que si las políticas económicas no van en la dirección de la alta productividad -, el ingreso de los malos dineros a la economía legal no generan desarrollo, solo crecimiento espurio como espuria es la competitividad basada en la tasa de cambio. 

La inflexión y el malestar que se sienten en los territorios productores y exportadores de cocaína por la interdicción a las exportaciones ilícitas, se debe a que los cultivadores están recibiendo menos plata y los transformadores también, entonces, se genera un malestar hacia el presidente y su gobierno, porque una economía acostumbrada a la ilegalidad, incluidos los legales beneficiados, se sienten afectados, ante lo cual la única acción posible desde el Estado, es una masiva acción estratégica intersectorial, incluidos subsidios temporales, para desarrollar una economía alternativa productiva, sostenible y del bienestar. 

Entonces, las economías ilegales que se asocian por definición a gran parte de la economía informal están por fuera de los circuitos formales de la transformación productiva con alta productividad. Sobre esto ni una palabra en el estudio del Banco a pesar de los efectos positivos en el empleo formal y en las pensiones.  

En últimas, el estudio del Banco es corto para una entidad tan grande e importante, que debe tener un músculo de conocimiento para realizar análisis complejos, sofisticados, innovadores, creativos y transformadores. La autonomía del Banco debe servir para eso. Pero, ni una palabra sobre mercado laboral y la nueva economía que debe venir por la política de reindustrialización del gobierno. 

En esas condiciones, su análisis, por razones metodológicas según el sesgo del estudio, se basa en datos de corto plazo, para mostrar los supuestos efectos negativos del proyecto de la reforma porque elevaría los costos laborales de las empresas, sin ninguna alusión al cambio productivo y tecnológico de base endógena. Si la economía del futuro es la economía de los rendimientos decrecientes del presente, por supuesto que la reforma incrementará los costos laborales afectando aún más la baja productividad de la economía, porque si no es una estructura innovadora, cualquier responsabilidad positiva de una economía dinámica y disruptiva, se verá como un sobre costo y no como parte de la construcción de una producción más diversificada, productiva, innovadora y emprendedora. Cien años de la economía de la innovación, de Schumpeter a Mazzucato, la pasaron por alto, con el acostumbrado desdén de la simplificada arrogancia de la dañina ortodoxia neoliberal.  

El gobierno tiene parte de culpa debido a que no ha logrado mostrar los impactos positivos que tendrá la reforma en la construcción de la política nacional de reindustrialización, y cómo esta generará nuevas condiciones para un nuevo espacio laboral nacional que gradualmente le reste peso a la informalidad y a la ilegalidad. Parece que los ministros, ciertos temas, no los conversan. No se conoce aún una aproximación sesuda del ministerio de comercio, industria y turismo, tampoco del ministerio de ciencia y tecnología, ni de los ministerios de hacienda, energía, agricultura, salud, defensa, sobre la política de reindustrialización y el nuevo espacio laboral que traen las reformas. Por ejemplo, las nuevas industrias y empresas innovadoras de las cinco apuestas estratégicas de la política de reindustrialización, le darían una vuelta completa a la lectura que se debe hacer de la reforma laboral, y también a las pensiones. El presidente y su equipo a veces se complican solos. 

La crítica al estudio del Banco, es extensivo a la agresiva oposición de Vargas Lleras a la reforma. Una diatriba con datos perversamente construidos para destruir la reforma y no aportar a su construcción. Es el mismo talente destructivo, mal intencionado y precariamente argumentado que usa contra la reforma a la salud. Ante el declive de Uribe, por todo y todo, Vargas, ambicioso, patán y ultra derechoso, cree que debe tomarse las huestes uribistas y a todos los opuestos al cambio. Encontró en Caracol y en El Tiempo las tribunas para sus desvaríos ideológicos e intelectuales y sus peligrosas ambiciones políticas.  

Luego del golpe ministerial

El ataque de la oposición y de la coalición de “amigos” enemigos

Desde hace semanas se decía en voz alta que sucedería una crisis ministerial a los ocho o nueve meses de iniciado el actual gobierno. Después de semana santa opositores manifestaron que en 45 días sucedería un golpe ministerial, y que a partir de ahí Petro gobernaría con su gente de confianza. Incluso, voces de personajes demenciales expresaron que se desataría una guerra civil, o una toma violenta de la Casa de Nariño. Aterradoras alucinaciones fascistas.

 

Después del 7 de agosto, pronto la oposición empezó a pedir la cabeza de ministras y ministros: minas y energía, canciller, defensa, y salud. Querían comer gabinete para hacerle imposible la vida al presidente con debates del más bajo nivel intelectual, ético y político, característica de la destructiva oposición que tiene en los grandes medios sus aliados a través de periodistas maestros de la superficialidad destructiva, que daría para demandas judiciales multimillonarias,  porque no es libertad de prensa, es destrucción de la libertad de informar sin mentiras y sin maldad porque desbaratan instituciones y atentan contra la estabilidad del estado atacando al presidente y a su gobierno, pues no quieren ceder un milímetro del poder mal habido durante treinta años de un neoliberalismo insaciable e insalvable. El Centro Democrático y Cambio Radical han sido patéticos, junto a algunos de la mal llamada coalición de gobierno. Todo este sistema político tradicional está desbaratado: sin líderes, lo que tienen son gritones deformadores con poder que actúan como partidarios del caos y del pasado. No tienen nada que ver con los grandes reformadores liberales del siglo pasado. Los partidos de hoy son de la más alta mediocridad posible, incluidos los tibios de Dignidad & Compromiso, que conforman una rara expresión política, una especie de terrícolas abandonados en el espacio.

Entonces, la batalla política se planteó en torno a la reforma a la salud. El gobierno empezó ganando en el congreso, luego empate técnico, y el presidente se dio cuenta que de seguir con el ambiente y la discusión tal como se planteó, sería derrotado en las plenarias. Entregó a la ministra de salud, los partidos de la coalición perdieron ministerios, y Santos salió de su retiro para defender las EPS con la entelequia de construir sobre lo construido. De esa manera terminó empatado el golpe ministerial y como dice el expresidente que le entregó la paz a Duque para que la hiciera trizas, si la pelea sigue, todos pierden.

Sin embargo, mientras en Colombia el ataque al gobierno arrecia, en el ámbito internacional el apoyo aumenta, tanto de gobiernos como de organismos internacionales de distinto tipo. Es decir, una situación donde el gobierno tiene apoyo internacional y la oposición se atrinchera en su locura retardataria.

El presidente vuelve al balcón el 1 de mayo de 2023

Su discurso reflejará el fin de la confrontación y mostrará afinado el talante de cambio, sosiego e intensificación del trabajo de su gobierno porque los problemas son monumentales, en consecuencia, las acciones de cambio deben ser iguales.

Primero, la paz o la paz porque no hay más. Tiene tareas de conducción y de organización que debe ajustar para avanzar en su prioridad política, ahora que la mayoría de grupos armados están encaminados a negociar con el gobierno porque la estrategia de interdicción a los cargamentos de cocaína está en plena ejecución con apoyo de los Estados Unidos. Colombia tendrá en poco tiempo uno de los ejércitos de interdicción más potentes del mundo: decenas de lanchas de combate, decenas de helicópteros, satélites y miles de hombres.

Segundo, desarrollo rural sostenible. Lo militar no resuelve el problema en el campo, porque hay factores sociales y económicos que afectan la producción y la vida en los territorios en torno a la reforma rural que es más que la reforma agraria. Expresa la necesidad de una ruralidad en paz y sosteniblemente desarrollada a largo plazo. El ministerio de agricultura con los ministerios de transporte, industria y comercio, ciencia y tecnología, energía, educación, medio ambiente y vivienda, deben acelerar una monumental acción articulada de corto y mediano plazo, es decir, una misión rural entre estado, cultivadores e industrias por la vida y el desarrollo sostenible.

Tercero, la política nacional de reindustrialización para la transición global

Francamente no entiendo porque sigue encapsulada la política de reindustrialización. He dicho en mis últimas columnas en el Confidencial y en Razón Pública, de la importancia de esta política para el cambio que quiere impulsar el presidente. Parece temeroso y el gabinete igual ante este desafío, donde el sector privado adoctrinado en la fuerza superior del mercado, poco dice, poco aporta, poco piensa, y la academia igual.

El desarrollo del siglo XXI, con sus incertidumbres globales, parece que aún no se entiende suficientemente, y por tanto parecen negados para asumir sin vacilación el cambio productivo y tecnológico. La política nacional de reindustrialización es la mejor política para la elevar la productividad, generar empleo de calidad y duradero a partir de la reforma laboral, ampliar la base de personas a pensionar, y desarrollar las industrias de salud, que hacen parte de la reforma.  El Ejecutivo y el Legislativo poco o nada hablan de esta política para darle piso, claridad y perspectiva a las reformas. Es la primera vez que en treinta años Colombia tiene una política productiva tan clara, aterrizada y transformadora.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) ha diseñado el marco de la política de reindustrialización. Es un excelente documento, fácil de leer, fácil de entender, agradable, inspirador, y con gran rigor conceptual y teórico. Sugiere con claridad la articulación intersectorial que incluye a muchos de los ministerios sectoriales de una ruralidad en paz y sostenible. El MCIT es el articulador y responsable de muchas de las estrategias y programas, nuevos y existentes, que se suma a los ministerios sectoriales de la producción y el conocimiento: agricultura, energía, salud, defensa, transporte, ciencia, tecnología y educación.

Si esta política, a cuyo texto conocido le faltan los recursos que se invertirán y las metas a alcanzar, es porque la están preparando para un Conpes, a no ser que en el plan nacional de desarrollo aparezcan algunos detalles presupuestales y de metas, lo cual no sería suficiente.

El nuevo ministro de Hacienda entiende de la importancia de la reindustrialización, lo ha reiterado en sus declaraciones. Ocampo también, pero no sé por qué se apagó. Pero es el presidente el que debe a estas alturas poner esta política al frente de las políticas económicas. Los avisos y fotos de algunas empresas extranjeras que quieren instalar plantas de producción en Colombia, no son suficiente. Eso está bien para los noticieros, porque así como esas inversiones miran a Colombia, otras iguales se están desplegando en otros lugares del globo. Airbus va a invertir en una planta para producir partes, pero también creará plantas para producir aviones y componentes en otros países.

Cuarto, los medios de comunicación del Estado. El gobierno debe impulsar la más ambiciosa estrategia de comunicaciones. Se demoró demasiado el presidente en nombrar a la directora de RTVC. Sugiero que la gente vaya a la página de Infopresidencia, y a las páginas digitales del presidente y de los ministros y ministras, para que conozcan la otra cara de la noticia de los medios enemigos. El Gobierno informa, debería ser la estrategia contra la mentira y la desinformación.

     

Éxito de Petro en Estados Unidos y dardos de una ministra a la política de reindustrialización

Mientras el presidente Petro avanzaba en su asombrosa visita a Estados Unidos, en Colombia, la ministra de agricultura se fue contra la ministra de minas y energía, e hizo un llamado a poner la transformación productiva en el frente de las políticas de desarrollo del gobierno. Es decir, la política nacional de reindustrialización PNR. Vamos por partes.

El presidente pone a jugar a Colombia en la geopolítica continental y global

 

  1. La manera como el gobierno y otras instancias de poder de Estados Unidos recibieron a un exguerrillero, ahora presidente de Colombia, refleja el apoyo a una definitiva agenda de paz. No olvidar que Petro, desde cuando nombró al embajador Murillo, ha hecho una intensa campaña para crear las mejores relaciones entre los dos países. Hace un mes una delegación de 200 funcionarios del gobierno nacional desembarcaron en Washington.
  2. La estrategia combinada de acciones para atacar al narcotráfico: fortalecer la interdicción a la cocaína por tierra, mar y aire; recursos para la revolución agraria con el fin de sustituir cultivos ilícitos; y apoyo a la transición energética.
  3. Los US$ 500 millones de Estados Unidos para un fondo internacional dirigido a salvar la Amazonia. Esta aspiración se hará realidad cuando Biden y Lula se reúnan, y luego cerrar con una cumbre entre América del Norte y la UNASUR para poner en marcha una estrategia común.
  4. Tal vez, el mayor logro de la visita es la propuesta de canjear deuda externa de los países en desarrollo por recursos para invertir en contra del calentamiento global y los factores que lo impulsan. Biden se comprometió a llevar el asunto al FMI.
  5. Finalmente, se abrió espacio a una negociación política con Venezuela.

Petro ha posicionado prioridades nacionales, regionales y globales. Esto no lo habían dimensionado los presidentes neoliberales. Por eso, esta visita es un golpe a la ultraderecha que se beneficia de la guerra, de la cadena del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, de la extensión de la frontera agrícola para más territorios de coca, y de la corrupción del mercado económico y del mercado político.

Cecilia López y la política nacional de reindustrialización

En menos de quince días la ministra ha dicho en dos oportunidades que se iría feliz si le piden el cargo. Me parece un error cuando está cerrando una larga y muy honrosa carrera política y de tecnócrata. Parece que le duele más la salida de Alejandro Gaviria que la solidaridad con el presidente. En el ministerio de educación el cambio de ministros fue magnífico: la ministra Aurora Vergara es mucho mejor que el ministro que se fue.

Si la ministra presiona su salida, el relevo sería el viceministro Darío Fajardo, que no tiene las dudas de los liberales con el progresismo, porque es de una solvencia intelectual, ética y política de corte progresista a toda prueba. No se puede olvidar que el último liberal reformista fue Lleras Restrepo hace más de medio siglo, antes López Pumarejo, Gaitán fue un descomunal progresista radical de su tiempo, y el liberalismo está huérfano de lideres desde los asesinatos de Galán y de Lara Bonilla.

El neoliberalismo fue un salto al vacío que se refleja en los problemas que hoy padece Colombia comenzando por las reformas sociales a las que se opone. El Partido Liberal se convirtió en defensor incondicional e irracional del mercado y del retiro del Estado en los desarrollos estratégicos de la nación.

Las opiniones técnicas de la ministra, expresadas en voz alta en Medellín, tienen en parte razón, en otras no, y paso a explicarlo.

Tiene razón en cuanto a que lo más importante es la transformación productiva que en términos del programa de gobierno se plasma en la política nacional de reindustrialización (PNR). A reglón seguido dijo que sigue en importancia la transformación de la agricultura. Tiene razón, es prioritaria la soberanía alimentaria, aprovechar ventajas comparativas para exportar más productos agropecuarios, desarrollar y producir nacionalmente eslabones industriales de las cadenas y servicios que de ahí se deriven, y para afianzar una paz total mediante la reforma agraria que reducirá el cultivo de coca cuando su actividad no sea competitiva.

Sin embargo, se equivoca cuando alude que primero está la transformación agropecuaria que la transición energética, porque la transformación energética va de la mano de la transformación agrícola y de la vida en el campo. La transformación de la agricultura también va ligada al desarrollo de industrias de la salud y de un sistema de salud preventiva. Además, con la apuesta estratégica del sector de defensa en la PNR, por la producción de drones de uso en el campo, y el desarrollo de una industria naval más potente a partir de Cotecmar, para fines civiles y de interdicción. También con el sistema de movilidad vía infraestructura, y llevar conectividad digital a todo el sistema rural.

La PNR al frente de las políticas económicas

Por qué la ministra dijo lo que dijo. Si lo más importante es la transformación productiva, entonces se infiere que la PNR aún no está consolidada en el alto gobierno, porque el presidente habla de cambiar la matriz productiva para salir de la dependencia de los minero-energéticos, sin aludir a esta política, en consecuencia, los ministros del flanco económico tampoco hacen de esta política el centro de sus acciones cuando de producción y de innovación se trata.

La PNR se lanzó discretamente a finales de febrero. Nadie se enteró de ese lanzamiento. No estuvo el presidente. No se volvió a hablar de la profesora Mazzucato. Tampoco la ANDI, la SAC y otros gremios de la producción la promueven. Al asesor Ferrari poco se le escucha. Igual a Planeación Nacional. En las regiones el tema es asunto de otro planeta.

Las reformas de pensiones y laboral se pueden soportar y catapultar desde los horizontes de la PNR, porque a donde vaya la producción van la formalización y los derechos de los que trabajan, y el incremento del universo de pensionados.

Si este no es el momento de la reindustrialización, difícilmente habrá otro en los siguientes años, y Colombia será un referente de modelo infortunado, con casos aislados de importantes empresas innovadoras, y no un nuevo sistema productivo inteligente, emprendedor e innovador como consecuencia de un proceso deliberado de reindustrialización a largo plazo.

Si la PNR no está al frente de las políticas sectoriales estratégicas que están relacionadas con las apuestas estratégicas de la reindustrialización, no sucederá un proyecto nacional de nuevo desarrollo. Se irá Petro y un neoliberalismo aún más retrasado podría volver para desgracia eterna de Colombia.

El futuro de la PNR

Un Conpes sería la oportunidad para posicionar la PNR, con el compromiso del presidente de presidir cada cuatro meses el Consejo Nacional de Productividad e Innovación. Podría anunciar esta política en un acto nacional magistral donde estén el Estado, empresarios, emprendedores, investigadores y ONGs, y ahí lanzar la agencia nacional de industrias de la innovación. El tema es fascinante si se entiende su importancia, si se sabe comunicar educando a los medios que poco hablan de desarrollo, si se sabe estructurar en toda la complejidad de su dimensión y alcance, con lo que cuesta y sus metas, usando inteligencia artificial y big data analítica.

En la PNR están las autopistas de las oportunidades, de la esperanza y para el viaje de Colombia al futuro. Así lo han entendido los países avanzados desde la revolución industrial y las nuevas potencias industriales que han emergido en los últimos sesenta años, incluida Brasil. ¿A caso Embraer, Embrapa y Petrobras surgieron de la nada? Surgieron porque la política industrial y de ciencia y tecnología las hicieron posibles. No fue el mercado. Bolsonaro las quería privatizar, fracasó, aunque logró destruir la fábrica nacional de microelectrónica que Lula había creado en su primer gobierno. El neoliberalismo sobrevive en el mundo porque sobrevive en América Latina. Este sería otro tema a tratar con Estados Unidos y otras naciones, dada la nueva política industrial del presidente Biden, y las nuevas olas de políticas industriales nacionales que cruzan el escenario productivo y tecnológico mundial.

Alcancé a pensar que en la magnífica conferencia del presidente Petro en la Universidad de Stanford, remataría mostrando lo que está haciendo su gobierno con la PNR, e invitando a la universidad a trabajar en temas estratégicos de investigación e innovación en torno a la reindustrialización. Será en un siguiente viaje, cuando el embajador ante la Casa Blanca encuentre espacio en otras de las grandes universidades para establecer lazos de cooperación inteligente que contribuya a la revolución de la PNR, la cual se fundamenta en la agricultura, la energía, la salud, la defensa y la vida, y el desarrollo territorial.

Hay que traer a la profesora Mazzucato: la PNR es de grandes Misiones intersectoriales porque las miradas sectoriales son el pasado y las visiones intersectoriales el futuro. Las revoluciones industriales se juntaron. Así, una reindustrialización sectorial no deriva en una reindustrialización nacional. No existe ni en la teoría ni en la práctica de las políticas del siglo XXI.

 

Las líneas rojas de la ciudadanía no son las líneas rojas de los partidos

La discusión sobre la reforma a la salud se ha convertido en la gran discusión de los ilustrados, porque siempre una ciudadanía con problemas de educación – utilizada solo para ganar elecciones – queda en manos de las redes, de los fake de la oposición y de los medios que están a favor de los trimillonarios contrarreformistas que se han beneficiado de las actuales leyes por lo cual no quieren que se acaben los beneficios sin control logrados en gobiernos anteriores.

En estos días de reuniones entre partidos y gobierno en torno a la reforma de la salud, reuniones de las cuales solo se conocen titulares, los grandes medios se han dedicado a decir que el texto del gobierno debe incluir todas las proposiciones de los partidos “amigos” y a la vez opositores del gobierno.

 

Son situaciones indignantes de la política y de la democracia representativa colombiana, una democracia mentirosa, corrupta, mal formada por lo deformada, sin visión de largo plazo para el país, pero sí para ellos, en consecuencia, individualista y costosa porque no genera retornos positivos a la sociedad. Al final, la mayoría de sus decisiones son a favor de ellos. Los políticos han sabido armar leyes para ellos y para los intereses billonarios que representan, que no son los intereses de la sociedad, por eso el derrumbe institucional es total.

Poco funciona bien en Colombia: desaforada corrupción como en el sistema de salud, cuando no es ineficiencia y baja calidad como lo indica la ingeniería colombiana en materia de infraestructura y obras públicas, el Inpec perdiendo evidencias y liberando asesinos, la Fiscalía que no investiga sino que precluye y prescribe, la Procuraduría haciendo política y no control, y sigue la interminable lista de desarreglos institucionales de los cuales no se salvan los grandes medios y los gremios empresariales.

Entonces, en este contexto, los políticos que defienden los intereses millonarios en un sistema de salud sin control de los dineros públicos que mal maneja, han propuesto prácticamente una reforma alternativa, dado que el gobierno es reacio a incorporar el 100% de las 133 proposiciones que equivalen al 90% del articulado de la reforma, con lo cual quedaría la imagen de un texto equivocado, lleno de errores de fondo y de forma, donde solo dejarían los títulos de los capítulos y nada más. Al final una actitud arrogante, de mala índole e indignante de los mal llamados “amigos” del gobierno, que se han sumado al uribismo y al vargismo.

Los medios enemigos de Petro están furiosos porque no incorporan el 100% de las proposiciones de los partidos. Estoy seguro que sin leer ni entender, los medios pagados por defender un sistema impuro y enfermo, no saben de qué hablan. En la madrugada les mandan lo que deben decir en la mañana y al atardecer lo que deben decir en la noche.

Hace bien la ministra Corcho en expresar que las proposiciones se debatirán una a una en el Congreso de la República, por lo tanto, no debe el gobierno hacer la tarea que quieren los ampulosos jefes de los partidos “amigos” de la desaparecida coalición de gobierno.

Quieren poner de rodillas al gobierno. La ministra no debe hacer la tarea de secretaria, así no le guste al ministro Prada, porque significaría que su reforma es un error de principio a fin, lo cual no es cierto, como lo han dicho organismos internacionales y expertos nacionales, salvo los alquilados a Acemi.

Los partidos lo que deben hacer es ir al congreso a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Debatir con inteligencia y honestidad porque si la reforma no avanza en el marco de los cambios que propone el gobierno, los primeros en perder serán los congresistas a pesar de que los grandes medios estarán a su favor y por eso no descansarían en echarle la culpa al gobierno y a la ministra.

Muy mal hace el ministro Prada en ponerse a favor de las enemigas bancadas “amigas”, y en contra de su colega de gabinete y del profundo sentir del presidente Petro. Claro, Prada es político, y no sabemos de sus intenciones para el 2026. De pronto, ser candidato del Petrosantismo para confrontar a Roy el Petrodilianista y cuanta pancarta política impúdica existe, mientras por el camino del centro avanzaría una de las maravillosas ministras del actual gobierno, si nos imaginamos una mujer presidente.

Así las cosas, las líneas rojas de liberales, conservadores y de la U, no son las líneas rojas de la ciudadanía. Las líneas rojas de la gente son las líneas rojas del gobierno. Si Petro y Corcho entregan la reforma a los partidos, la gobernabilidad del presidente habrá terminado, no le quedará más que el micrófono y ella volver al consultorio y al activismo político.

No veo un presidente entregado y a una ministra arrodillada. Ella tiene talante, carácter y el conocimiento suficiente para ponerse al frente de la concertación correcta, construcción e implementación de la nueva reforma.

Petro está haciendo un buen gobierno. Ninguna de las críticas a ciertas actitudes menores es determinantes en la gestión de la administración. Sus ideas resaltan en el espacio internacional. Lo escuchan como ha ningún otro presidente colombiano han escuchado. Tal vez solo a Santos por la paz y nada más. Sus reformas también le gustan al mundo. Su capacidad y características como líder internacional, igual. Va a Estados Unidos con una extensa y variada agenda. Entonces ¿bajo qué ilusión negativa la oposición se imagina a Petro débil y a su gabinete también? El ministro José Antonio Ocampo es muy respetado internacionalmente. No hay ningún economista de la ortodoxia neoliberal con igual prestigio.

Tampoco veo a Petro y a sus ministras Corcho y Ramírez entregando las líneas rojas de la ciudadanía, que son distintas a las líneas de los decadentes partidos opositores de la fallecida coalición de gobierno. Las líneas rojas de la ciudadanía son las líneas rojas del gobierno en las tres reformas sociales.

Jaime Acosta Puertas

Terrible oposición al presidente y las reformas. Ensayo

Espantosa arremetida contra las reformas del gobierno por parte de los poderes económicos y políticos que conforman el sistema de captura de dineros públicos.  Poderes que arremeten contra unas reformas que pretenden una mejor nación, diría que distinta, en la cual hay que reconstruir más que construir sobre lo construido porque lo construido está carcomido de la tierra al cielo.

Con instituciones colapsadas por corrupción, inequidad, atraso, violencia, dolor y lágrimas, hay que reconstruir, reindustrializar y repensar los esquemas mentales de poder, democracia, economía, paz y sociedad.

 

El neoliberalismo de Gaviria no es liberalismo

Error de los hijos de Galán haber entregado las banderas de su padre a una persona que haría todo lo contrario a lo que él hubiera hecho como presidente de Colombia. Seguramente hubiera reformado el sistema de salud, pero jamás habría creado un gigante sin control.

Galán no le hubiera entregado a Uribe la Ley 100 para que la hiciera a imagen y semejanza de una visión errada de un sistema negocio de unos pocos con dineros públicos. Ni siquiera fue un negocio con dinero de ellos, fue con nuestros impuestos y el aporte de los contribuyentes al sistema. Ellos no pusieron nada. Solo dieron los números de sus cuentas bancarias. Diseñaron el sistema para capturar billones a través de un sistema donde el Estado giraba sin control derivando en una perfecta máquina de acumulación y corrupción, mediante el cual se destruyó gran parte de las IPS públicas, las cuales desaparecieron por malversación o porque no les pagaban las facturas. Por eso la atención primaria es tan mala y escasa, y por eso tampoco hay salud preventiva.

Gaviria, impuso una nueva constitución, que hoy vuela en pedazos, porque en seis meses no se podía construir una carta de navegación para los siguientes cincuenta a cien años. Por eso, esa constitución, 32 años después, está vuelta añicos. El derrumbe institucional es peor que el derrumbe de Rosas, pues no se han creado principios, valores y reglas de juego transparentes y duraderas para un cambio cultural y global hacia un desarrollo sostenible inteligente, transparente y humano. El neoliberalismo gavirista fue funcional a toda la economía ilegal, informal, de exclusión y corrupción que atraviesa la economía, los poderes y las instituciones.

Los grandes liberales de Colombia: López Pumarejo, Gaitán, Gabriel Turbay, Echandía, Lleras Camargo y Lleras Restrepo, jamás hubieran pensado un sistema de salud como el de Gaviria ideado para sustraer sin vergüenza los dineros públicos. Por eso, con el apoyo de los godos y de esa rara fuerza que es la U de Dilian Francisca, Gaviria defiende a ultranza el sistema tal cual se ha degradado a lo largo de 30 años. Lamentable que un Gaviria desueto, marginal, rechazado e ignorado por la ciudadanía, sigue siendo el dueño del Partido (Neo) Liberal, porque entre sus congresistas no hay con quien hacer el relevo, los que servían, se fueron, lo mismo sucede en Cambio Radical, en los ultrauribistas y demás retazos de partidos, incluido el descaracterizado centro aglutinado en la nada de Dignidad y Compromiso. Si no fuera porque Petro ganó la presidencia, hoy Colombia tendría el peor presidente de la historia real y de la historia imaginada.

Si los dineros de la salud hubieran tenido control, auditoria, seguimiento, es decir, trazabilidad, la reforma sería otra y no sería necesaria una profunda reestructuración.

La ley 100, ley de Gaviria y de Uribe, confeccionada a medida de los hermanos Vargas Lleras, no hizo nada para desarrollar una industria de salud. Las EPS no hacen investigación. La autonomía del sistema no existe porque la dependencia tecnológica es absoluta. Tecnológicamente el sistema está en manos de importadoras afiliadas a la ANDI y Fenalco. Y los medicamentos e insumos los compran directamente las EPS. Otra caja negra sin fondo.

La reforma a la salud y su articulación con la política nacional de reindustrialización, impulsarán el desarrollo de una industria nacional de salud. Si Gaviria, Vargas Lleras, la señora rubia del Valle, los ultra conservadores del Caribe y el uribismo, tumban la reforma, el proyecto de una industria nacional de salud tampoco será realidad y la ciudadanía pagará las consecuencias.

Lo anterior y más corrige la reforma, pero esto y más es lo que no quieren Gaviria y demás opositores al cambio. No les importa mandar al carajo el país, con tal de atravesarse al progresismo.

Los gremios desvarían

La cabeza de la Andi dijo que de aprobarse la reforma laboral el emprendimiento y las pymes desaparecerían. Parte de supuestos equivocados, igual que Fenalco y otros. La flexibilidad laboral, modelo de trabajo vigente, implementado por Gaviria y profundizado por Uribe, no ha servido, porque el empresariado nunca ha cumplido dado que las políticas de competitividad, productividad, emprendimiento e innovación, no lograron los objetivos que se propusieron. Tuvieron 30 años y poco hicieron por Colombia, pero sí mucho para ellos.

El empresariado promete demasiado cuando de sacar un beneficio se trata: promete generar más y mejor empleo, aumentar la competitividad y la productividad, diversificar y sofisticar la oferta productiva, tecnológica y exportadora. Nada ha cumplido. Treinta años de flexibilidad laboral y la productividad es baja, la economía ha sufrido una retracción estructural espantosa, por lo cual tiene una rezagada estructura productiva que no se inscribe en el cambio tecnológico y productivo mundial de los últimos treinta años.

La informalidad es culpa de las malas políticas de competitividad y de productividad, de una débil cultura empresarial, emprendedora e innovadora por falta de una mejor educación y de un potente sistema de investigación y desarrollo. Un régimen laboral que no incentiva la formalización, por el contrario, lo desestimula porque la economía no genera suficientes oportunidades de trabajo, emprendimiento y condiciones para consolidar las pymes, y estimular el surgimiento y atracción de nuevas grandes industrias de alta tecnología.

Un puñado de grandes empresas empujan al aparato productivo nacional. Sin embargo, ninguna está en la vanguardia del cambio estructural a escala mundial: Colombia no tiene una sola gran industria del sector de la electrónica; ni del sistema de salud; ni del sistema de movilidad; ni de defensa; ni aeroespacial ni naval, salvo Cotecmar una importante empresa fabricante de pequeños barcos y lanchas de combate; ni de bienes de capital; ni de bienes intermedios. Los vehículos particulares y buses son ensamblados o importados, toda la electrónica de base y de consumo es importada. Todos los bienes de capital para la industria, agroindustria, minería, el campo y los servicios, son importados.

Cuando Gaviria llegó con sus mascotas, Colombia tenía más industria y agricultura que serían la base para transformar la economía. Tal vez en esas condiciones la flexibilidad laboral hubiera funcionado mejor, aunque jamás de manera óptima mientras la dependencia y la inequidad estén al frente de las ideas de crecimiento. Abatida la posibilidad de disponer de un innovador sistema productivo nacional, la flexibilidad laboral era una trampa dada la regresividad productiva que impusieron Gaviria y sus mocosos.

Entonces, las empresas formales (40% de la economía) que no pudieron con la productividad, vía la ANDI, Fenalco y otros, amenazan con un alza de los costos laborales que llevaría a la quiebra a muchos emprendedores y pymes. Esa plata que se ahorraron con la flexibilidad laboral, les sirvió para acumular, pero no para innovar y desarrollar la producción.

Fallaron el mercado y el estado, porque el neoliberalismo se convirtió en una mentira, pues tenía entre manos el negocio como principio y fin a todo precio, pero nunca el desarrollo de un capitalismo para el desarrollo de la nación y la paz total. Como no pudieron con la economía, ahora tampoco pueden con un régimen laboral y pensional, más justo, estable y duradero.

Las reformas laboral y de pensiones deben articularse con las políticas productivas sectoriales (agricultura – agroindustria, turismo sostenible, energía, salud, defensa, movilidad…) de la política nacional de reindustrialización. En ella está la fuente de inspiración, sustento y proyección real de las reformas. A donde vaya la producción van el futuro de las pensiones y de las reglas laborales. Por eso sigo sin entender porque la política de reindustrialización sigue guardada. Si están esperando que Schumpeter resucite, que La Silla Vacía permita que venga la profesora Mazzucato, o que suceda un Conpes celestial como si fuera una casa de cristal, las reformas se pueden debilitar porque la producción aún no sabe a dónde ir y cómo ir, entonces el piso y el techo pensional y laboral, tampoco. La política nacional de reindustrialización podría llegar tarde. Cuando no haya eco. Cuando Gaviria y demás hayan golpeado las reformas que necesita la nnación. La reindustrialización llevará aguas arriba al sistema productivo y de innovación, y a los territorios. Las oportunidades para los emprendedores y el fortalecimiento de mipymes y grandes empresas, serán importantes, permanentes, progresivas y sostenidas, y serán empresas más inteligentes, emprendedoras, disruptivas e innovadoras. De esta manera, la reforma laboral debe tener gradualidad en ciertas circunstancias, porque tomará tiempo desatrofiar el sistema laboral, mientras la economía informal sea más grande que la formal.

De otro lado, la reforma pensional, garantizará pensión a los que trabajen, emprendan e innoven, lo cual solo será posible si la reindustrialización sucede. Ahora solo reciben pensión el 25% de las personas en edad de jubilación debido a fallas en el sistema de pensiones y a descomunales fallas de concepción y ética en el modelo económico.

Ecopetrol, desfigurada por la camarilla que se fue, debe reestructurarse. No necesita de 100 vicepresidentes y gerentes de 120 millones de pesos mensuales. Primero debe conformarse como una empresa mundial de producción, investigación, desarrollo, innovación social, en energías y tecnologías alternativas, y luego pensar en salarios estrambóticos.

Bienvenidas las reformas, el equipo de ministros y ministras es impecable, comprometido e inteligente, y el presidente merece el respeto de los opositores y de los grandes medios que se han convertido en enemigos simplemente porque les pagan para que ataquen al presidente y sus políticas.

El presidente tiene la razón y es más inteligente que la jauría que lo acecha, incluidos el fiscal general y la Procuradora, porque no tiene rabo de paja y tiene el país en la cabeza y en el corazón. Por eso a nivel internacional lo respetan y apoyan sus reformas pues observan que Colombia es un país que se desfonda lleno de cocaína, violencia, corrupción y múltiples fundamentalismos fertilizados entre ellos.

Petro, sus ministras y ministros con sus reformas son la esperanza para un capitalismo humano y sostenible.

 

 

 

La “protección” del consumidor y la política de reindustrialización

Esta columna está basada en hechos reales en curso”

El común de la gente no sabe qué política de desarrollo enmarca los derechos del consumidor. Piensan que se trata de un asunto eminentemente jurídico que nace y muere en la Ley 1480 de 2011 vía la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o en un juzgado cuando el afectado no logra acordar una indemnización con la empresa cuyo producto le ocasionó un daño.

 

En cualquier circunstancia, las partes prefieren la negociación previa, porque el proceso jurídico puede ser demorado como demorado e incierto es el sistema de justicia. Las empresas también lo prefieren así para evitar una mala propaganda o un problema mayor.

El derecho en torno a la defensa del consumidor nace a partir de la revolución industrial con la producción masiva de productos: decenas, cientos, miles o millones de unidades, que por fallas en las cadenas de producción y de comercialización, han terminado en una inmensa cantidad de controversias entre productores y compradores, por productos defectuosos.

Sin embargo, la protección al consumidor no es igual en todos los países. En las naciones desarrolladas son más fuertes las normas que lo protegen, lo mismo ocurre en algunos países en desarrollo más que en otros: Brasil más que Colombia. Pero, la distancia entre Colombia y Estados Unidos, por poner un ejemplo, es inmensa: mientras en el país sudamericano la indemnización en un caso individual, puede llegar a 100 salarios mínimos ($120 millones), en la potencia puede ser de un millón de dólares, es decir, 4.500 millones de pesos, con una tasa de cambio de $4.500 pesos dólar.

Esta diferencia se debe a fortalezas o debilidades de las políticas de desarrollo productivo o industrial. Si un país dispone de un avanzado sistema productivo y de innovación, las normas sobre calidad y seguridad son más estrictas, porque parte de la competitividad internacional y de la vanguardia tecnológica de esa economía depende de la calidad, seguridad y confianza de lo que produce. En consecuencia, las indemnizaciones son mayores.

Por eso, países emergentes que disponen de sectores de alta complejidad tecnológica, sus leyes de protección al consumidor son más fuertes que en otros, porque aplica los mismos principios de seguridad, calidad y confianza que en los países de la frontera tecnológica. Brasil desarrolla y fabrica aviones, entonces, sus estándares de calidad, seguridad y confianza son muy altos para poder competir en un mercado internacional que tiene las más altas exigencias de calidad.

En cambio, Colombia tiene un desarrollo industrial inferior, con muy poca producción de bienes de alta y mediana complejidad tecnológica, en consecuencia, la manera como se para frente a la protección al consumidor es relativamente limitada, porque la mayoría de productos industriales son importados, entonces, sus políticas tienen una condición de vulnerabilidad y de dependencia que deriva en una posición de benevolencia con los productos de grandes multinacionales. Esto vincula a la política de desarrollo productivo o de reindustrialización, y a las políticas de ciencia, tecnología y educación.

Cuando la producción de una empresa importadora se adelanta en otro país, las controversias entre el consumidor y la empresa importadora, dificulta la negociación, porque las capacidades científicas y tecnológicas nacionales, expresadas en el conocimiento de quienes deben dirimir un caso, las escasas instancias especializadas para hacer análisis de ingeniería forense, y la norma que supuestamente ampara al consumidor, tiene rezagos que benefician a la empresa. En consecuencia, el consumidor llega en inferioridad de condiciones a negociar con el fabricante o distribuidor del producto defectuoso.

Así las cosas, si un daño se ocasiona en el marco de la cadena del fabricante, distribuidor y comercializador, los conflictos por producto defectuoso se pueden dirimir en una negociación previa a un proceso judicial. Sin embargo, en Colombia, el mayor riesgo lo corre el consumidor considerando que de manera irracional en la ley 1480, a este le corresponde demostrar técnicamente que el producto es defectuoso. Teóricamente es espantoso,  inequitativo, injusto, y diría que es demandable internacionalmente porque el consumidor entra a la controversia en desigualdad de condiciones, a pesar de ser el afectado.

Esta falla normativa es consecuencia del enfoque de las políticas de competitividad y de desarrollo productivo, que terminaron desindustrializando a Colombia, propiciando una enorme dependencia tecnológica y productiva, condiciones que supieron negociar las empresas importadoras, a través de sus gobiernos, para operar con las menores barreras posibles.

Colombia tiene  escasas capacidades para evaluar ciertos problemas de comportamiento y diseño de producto. Los laboratorios de las universidades y sus unidades de ergonomía son débiles y escasas. Sin embargo, hay un grupo de firmas que hacen estudios de ingeniería del factor humano, que sobran en los dedos de una mano, y son de gran calidad con expertos de alto nivel académico y experiencia internacional.

Así como al consumidor se le exige que demuestre la falla del producto, a la empresa también se le debe exigir que demuestre que su producto no tiene fallas de diseño, manufactura y distribución. Un principio de equidad y de reciprocidad con el ciudadano que compra sus productos.

De esta manera, si Colombia es un país importador neto de tecnología (productos finales de consumo, insumos y bienes de capital), productor y exportador de productos primarios no procesados y de algunas manufacturas de baja complejidad tecnológica, las normas terminan favoreciendo a las multinacionales importadoras, neutralizando un proyecto nacional de desarrollo, donde la calidad, la seguridad y la confianza son determinantes para dar un salto productivo, en innovación e investigación, y en la diversificación y sofisticación de las exportaciones.

En países avanzados la cadena de responsabilidad por producto defectuoso vincula producción – distribución – comercialización, caso en el cual, si sobreviene una falla de producto que afecta la integridad física del consumidor, la responsabilidad es de la cadena.

En Colombia, las distribuidoras (incluye al fabricante) el  asumen la responsabilidad, y con menos carga el comercializador final. Entonces, cuando sucede la falla de un producto industrial, esta puede ocurrir en la línea de producción, en el proceso de empaque, en el transporte desde la fábrica al puerto de embarque, luego del puerto de llegada a los camiones de carga, de ahí a la bodega y luego el traslado al punto final de comercialización. Por esta razón la protección al consumidor debe ser mayor, porque los puntos donde puede fallar un producto son muchos, más que si fuera fabricado en el país por productor nacional o extranjero. Estas son condiciones que debe tener en cuenta la normatividad para ser tan exigentes como en otras economías.

En estas circunstancias, por ejemplo, la SIC debe darle igual importancia a la falla de una sola unidad que a una serie de productos iguales, porque en un mundo globalizado, un lote puede distribuirse en más de un país, y porque un lote es uno entre muchos lotes, caso en el cual la responsabilidad no se puede diluir en un lote, porque entonces la falla del producto se está delimitando, lo cual es un artificio contra la norma y el consumidor afectado.

La norma debe aumentar el monto de las indemnizaciones para establecer un punto de equidad en la protección del consumidor. Al ser más elevada la indemnización, más responsable será la tarea de calidad, seguridad y confianza de parte de las empresas de la cadena. En Colombia, el monto de las indemnizaciones es muy bajo y si la normatividad tiene un sesgo a favor de las empresas, se está produciendo una enorme injusticia.

Si Colombia quiere transformar su canasta exportadora, bajar la informalidad, aumentar la productividad, atraer inversión que contribuya al cambio estructural y tecnológico, debe ser más exigente con la calidad, seguridad y confianza de los productos que importa o produce para incrementar el valor de marca país y la protección de sus ciudadanos.

Las empresas, dada la debilidad de las políticas nacionales, ofrecen indemnizaciones muy bajas porque los daños por un producto defectuoso que ocasiona daños físicos, menores o mayores, pero permanentes, solo se asume como un asunto de resarcimiento individual por el daño físico al consumidor, minimizando los efectos en terceros, y las fallas de diseño, que al final se convierten en los elementos de mayor carga para la indemnización y en caso de avanzar a un proceso judicial. Entonces, la empresa termina resarciendo una tercera o cuarta parte de lo que es justo. Por lo tanto la empresa “repara” con un alto grado de injusticia. Por supuesto que son elementos que pueden incorporarse en fases superiores de negociación, o en el proceso jurídico, sobre todo si se tiene la certeza técnica de fallas de diseño. El consumidor debe llegar seguro a la negociación, de lo contrario aumenta su desventaja.

La página de la SIC, es vacía, no hay estadísticas, no hay análisis, no está hecha para que el consumidor aprenda y entienda de manera pedagógica sus derechos. Mientras las grandes organizaciones contratan firmas de abogados y disponen de un departamento jurídico que complementa el trabajo de los abogados externos, respaldados por su núcleo de investigación y desarrollo.

La política de reindustrialización debe fortalecer las infraestructuras en materia de calidad, seguridad y confianza, y revisar la ley del estatuto del consumidor para elevar el nivel de protección e incrementar la calidad y la seguridad de los productos que se fabrican, importa, venden y exporta, sobre todo industriales. Esto determina que la reindustrialización fortalezca las condiciones para el aprendizaje, el desarrollo tecnológico y elevar los estándares de responsabilidad para que las empresas aumenten las fronteras de calidad y seguridad.

Ahora que el gobierno de Colombia está diseñando la política de reindustrialización, debe revisar a fondo la ley 1480 o Estatuto del Consumidor. No puede haber ambigüedades que benefician a las empresas y perjudican al consumidor, porque partiría con pie falso a reindustrializar la economía, proceso que incluye atraer inversión que haga transferencia tecnológica y adelante actividades de Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i). Proteger al consumidor, es proteger la producción en el país para su inserción internacional si quiere que la reindustrialización impulse empresas competitivas y desarrolle sectores innovadores de alta tecnología.  

Jaime Acosta Puertas

Las cortes contra las reformas

El caso del hijo y del hermano del presidente Petro, es el menos grave, aunque es el que más agita a los medios, a las redes opositoras y al lánguido centro más ambiguo que los falsos testigos de Uribe.

Lo que realmente abruma y preocupa es la manera como unos poderes descompuestos y unas instituciones funcionales a esa sostenida desinstitucionalización, están unidas y bloquean las reformas y acciones del presidente Petro y sus ministros.

 

Las amenazas de la Corte Constitucional de intervenir leyes en trámite, y las medidas cautelares del Consejo de Estado para evitar que el presidente intervenga las tarifas de energía, salidas de madre por obra y gracias de los gobiernos de la fundación neoliberal que cruza la constitución de 1991, realmente espanta, porque nunca las altas cortes se han atrevido a una medida de facto puesto que “en Colombia nada cambia si el poder no dice cómo y cuándo”. Pero, cuando llega un gobierno progresista por fuera del molde conservador-liberal y su desastroso neoliberalismo, se descontrolan y atacan.

Las reformas que impulsa el gobierno tendrán censura previa de las Cortes: un adefesio de intervención antidemocrática.  También les pondrán medidas cautelares y amenazarán con intervenirlas. Asimismo, dirán que las leyes ordinarias deben ser estatutarias porque necesitan un “amplio debate ciudadano”. Mentiras, porque en Colombia nunca hay debate ciudadano, porque la democracia representativa una vez elegidos le cierran las puertas a la gente.

De esa manera, las reformas se podrían caer antes de tiempo, o si no serían neutralizadas con lo cual demorarían su trámite, y lo que aprueben será cuando haya transcurrido la mitad del período del gobierno de Petro, entonces, las reglamentaciones consumirían otros meses y solo quedaría un año para la implementación.

Si luego no llega en 2026 un gobierno a implementarlas, ocurrirá lo mismo que con el metro de Bogotá: un paso adelante cien atrás, solo porque la mejor idea del metro subterráneo era de Petro. Santos y Duque se prestaron para ello, y por eso Bogotá sigue jodida mientras Quito inaugura un metro subterráneo de 27 kilómetros. O lo sucedido con la paz hecha trizas en el espantoso cuatrienio de Duque.

Al poder no le preocupa un país colapsado con tal de bloquear al gobierno progresista: tienen la plata afuera y sus negocios en el país marchan a velocidad de mula, como ha ocurrido en los últimos 200 años, por eso la productividad de Colombia es sostenidamente negativa, la peor de la OCDE, es decir, siempre para atrás nunca para adelante, porque es extractivista y violenta. Una violencia es patológica cuando patológica son su dirigencia y sus políticas.

No demoran las dos Cortes en neutralizar la reforma a la salud: dirán que debe ser estatutaria para dilatar y neutralizar su aprobación, reglamentación e implementación. Además dirán que las EPS no pueden desaparecer a pesar de que decenas han desaparecido con billones de pesos, y las que quedan aún deben 23 billones a las IPS, dineros que el gobierno ya les giró. ¿Quiénes tienen nuestra plata?

El poder político y económico que las defiende, dicen que deben continuar. Y ese poder no dice quiénes son los dueños y los miembros de esas juntas directivas, porque sus nombres están ahí.

Igual, las dos Cortes decidirán para neutralizar otras reformas, generando un ambiente de caos institucional, que no será por culpa del presidente y de sus ministros, sino de la atrofiada mentalidad de la dirigencia.

Colombia camina con sus poderes a una solapada dictadura institucional liderada por las Cortes, porque el viejo poder político solo muestra imágenes tristes como las vistas en estos días en la casa de César Gaviria y las de Vargas Lleras en el Congreso de la República.

Entonces, imaginémonos una imagen de ficción de un gobierno compuesto por los presidentes de las altas cortes, por fiscal enemigo, procuradora opositora, presidentes de los partidos tradicionales y de los nuevos partidos, director del Banco de la República, los presidentes de la vagancia gremial, todos con la banda amarilla, azul y roja en su pecho, vestidos de negro, parados al frente del capitolio ante una plaza de Bolívar vacía y entre ellos peleando por mostrar a los medios de bolsillo cuál es el más poderoso y ultraconservador.

Se dividirán el poder, uno visitará la ONU, otro la OEA, otro la Casa Blanca, otro la Comisión Europea, otro al Parlamento Europeo, otro a Zelinsky, otro a Bukele, otro al FMI, otro a la CIDH, otro al Banco Mundial, otro al Vaticano, y así Colombia será el país con más “presidentes” en el universo, recibidos por funcionarios menores, sin alfombras y sin himno, sin café y sin cenas, todo por obra y gracia de las Cortes y sus medidas cautelares, y de los políticos de una rancia ideología conservadora, incluido “liberales” como Humberto de la Calle, salido de calle porque no fue presidente.

La actuación de las Cortes es un viento de golpe de estado jurídico, que será una barrera al cambio estructural en un país donde el modelo económico y de sociedad va en contravía de cambios en el pensamiento internacional que propone nuevos pactos políticos y sociales porque el capitalismo salvaje ya sólo se practica en tierras salvajes.

Si algo está roto en Colombia son las instituciones por corrupción, injusticia social y violencia.

Mientras el poder interno se resiste al cambio, el mundo reconoce a Petro y a su gobierno, y el pueblo también.

A la dirigencia se le pide cordura, responsabilidad, humanidad e inteligencia. Colombia no aguanta más atraso, inequidad y violencia. Quiere igualdad de derechos, libertad para conocerse, amar y convivir, oportunidades para estudiar, trabajar, emprender y crear, y espacio para construir la nación soñada distinta a la de los últimos 200 años.

Colombia no quiere Cortes de facto ni Congreso inescrupuloso. Quiere democracia y necesita un cambio, para ello no necesita cinco Cortes, solo dos, Corte Suprema y un confiable Consejo de Estado, tampoco Procuraduría ni Fiscalía, ni dos cámaras en el Congreso de la República, porque la sociedad se autoregularía a partir de un nuevo pacto social. La constitución del 91, está muerta. La perforaron tanto, que parece un colador que ya no sirve.

Jaime Acosta 

Los contrarreformadores de la salud

Pocas veces la reforma a un sector ha generado tantas angustias entre quienes no quieren que nada o muy poco cambie. Los que dicen que el sistema debe conservarse corrigiendo algunas cosas, sin decir cuales, caso de ACEMI, porque todo el sistema está perforado, y no es asunto de maquillaje sino de una profunda cirugía que deben realizar varios especialistas. Los que no quieren que sucedan cambios atacan sin compasión en las redes y en los medios el texto marco de la reforma.

Cuando los poderosos quieren reformas las tramitan sin ruido en el Congreso de la República porque previamente en cenas y en reuniones privadas las han negociado. Las pocas voces que se levantan solo son una caricatura de la mentirosa democracia representada en el legislativo.

 

Cientos de leyes se han tramitado sin que la opinión se hubiera enterado. Por eso, transcurridos treinta años desde que se aprobó la ley 100, aun la mayoría de ciudadanos no distinguen entre una EPS y una IPS, y el 90% o más, sería bueno precisar, no sabe que es la ADRES, ni la UPC, ni muchas cosas más del sistema. Lo único cierto es que el 67% de ciudadanos tiene una imagen entre regular y mala del mismo, y el 58% cree que se debe reformar, según encuesta contratada por la ANDI a Invamer, cuyos dueños son de la familia del primer ministro de la ley 100. El 56% de los municipios de Colombia no tienen un puesto de salud. Por esto y mucho más, Colombia ocupa entre los países de la OCDE el último lugar por la cantidad de madres que mueren en el embarazo.

Ministro Gaviria, quienes creemos que el sistema debe reformarse no somos ni dogmáticos, ni fanáticos, ni mal ilustrados, ni desapegados de los hechos. La controversia sana es en torno a los contenidos de una profunda reforma no en torno a defender la reforma basada en ungüentos, ibuprofeno y EPS como Medimas.

El gobierno bien podría dar a conocer el articulado de la ley el día que la radique en el Congreso. Así ocurre en las democracias representativas. Decisiones estructurales que toman unos pocos.

Pero bien, hay un gobierno de cambio, y la oposición le exige que dé a conocer la reforma en todos sus detalles antes de iniciar el trámite en el Legislativo.  Incluso, Alejandro Gaviria, actual ministro de Educación, ex ministro de Salud, asumió la misma actitud de la oposición: criticar lo que se conoce de la reforma a través de una carta que nunca debió filtrarse a los medios, por tratarse de un documento a un Consejo de Ministros. Es decir, hay alguien en el alto gobierno filtrando información. Un enemigo interno. Un traidor agazapado.

He leído esa carta, que no es una carta al presidente Petro ni a su colega de gabinete, la ministra Corcho, sino que es una carta abierta a la opinión, puesto que se parece a un breve artículo o a una larga columna de un analista al que no le gusta la reforma. Es inaceptable que esa carta sea pública, porque alude a la tarea de una colega de gabinete y de un superior que no es ni más ni menos que el presidente de la república, es decir, su jefe, el que lo nombró ministro. Un asunto de talante, de lealtad, de decencia, y por supuesto de distancia ideológica o política, caso en el cual debería renunciar.

La propuesta de reforma no acaba con el sistema, pero sí le da una vuelta en aspectos críticos. De la carta del ex ministro de salud, resalto lo siguiente: perfeccionar o mejorar el diagnóstico, y elabora unas preguntas que me parecen válidas como elementos para la discusión, referidas a los pacientes, los recursos del sistema, la transición y el llamado a una tibia reforma. Cabe decir que el asesor principal del componente económico es el profesor Luis Jorge Garay lo cual garantiza la calidad de los estudios.

Como se dio a conocer por twitter, la carta del ministro Gaviria fue discutida en un Consejo de Ministros, por lo tanto, el presidente Petro, la ministra Corcho, y el ministro Ocampo, la tendrán en cuenta para incorporar lo que sea pertinente.

Como Gaviria es ahora Ministro de Educación, es necesario que detenga ya, con ayuda de la Fiscalía, la venta de cupos para ingresar a estudiar medicina o hacer una especialización. El sistema necesita de más médicos generales y de más especialistas para una atención más oportuna y una mayor cobertura para responder a la estrategia de salud preventiva. En este contexto, los médicos generales deben ser mejor pagados. Se debe mejorar la formación de los psicólogos y de auxiliares de enfermería. Incrementar los internistas porque uno se puede perder en el océano de los especialistas. Así mismo, se necesitan más psiquiatras, porque no solo los uribistas están deschavetados, también la sociedad.

La diferencia salarial entre un médico general y un especialista, es monumental, expresión de la inequidad que atraviesa a Colombia en todos los ámbitos. Los médicos generales si quieren especializarse deben ir a otros países a estudiar porque no encuentran barreras de corrupción. Este es un asunto de los ministerios de educación y de salud.

Hay amplias regiones con un solo especialista. Es ahí donde se producen citas a seis meses o a un año, o citas imposibles que jamás ocurren porque el paciente murió. Una cita aplazada seis meses o un año, puede terminar en un asunto penal si las patologías se agravan o fallece el usuario por falta de atención.

El sistema de información para monitorear los recursos públicos que por la ADRESS van a las EPS, se debió implementar hace muchos años, desde cuando el sistema se creó (1993), o años más tarde, sobre todo cuando decenas de EPS empezaron a desaparecer con billones de recursos públicos, incluida Medimas, creada cuando Gaviria fue ministro. No necesariamente fortalecer el sistema público de giro y monitoreo riguroso, implica volver a la anterior ley de salud. El sistema actual ADRESS – EPS está cruzado de corrupción, billones se evaporan, y sobre lo cual Gaviria nada dice en su carta. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, nos deben las investigaciones de quienes se llevaron billones del sistema de salud. El caso de Saludcoop, solo es uno, y no es el más grande. Como están callados, dejan al gobierno en manos de los afiliados de ACIEM, para que estos ataquen la reforma sin solvencia técnica y sin escrúpulos.

Colombia tiene unas instituciones muy frágiles atravesadas por el crimen y la corrupción. Ese es un problema estructural de fallas del Estado y del mercado que amerita una profunda revisión constitucional. Por eso, el manejo de recursos públicos en manos del estado o de los privados, o entre ambos, corren el riesgo de perderse. Toda reforma corre el riesgo del mico tramposo por donde va el túnel de fuga de recursos públicos al bolsillo de políticos, empresarios, asesores y funcionarios malandros.  El mercado lo tuvo todo para hacer de la salud un sistema ante todo humano antes que un negocio. El capitalismo salvaje es el invento más salvaje de la humanidad.

El 14 nos vemos en la plaza.

Jaime Acosta Puertas