La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses.
En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el stress del Sistema de transmisión nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.
Y ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Y debido los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%.
El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de los $2.6 billones, de los cuales el Presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontó y el Gobierno debe reintegrarles a ellas.
Al corte del mes de agosto dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el Presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a los $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto para 2026 de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7.5 billones.
Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios públicos de la empresa Air-e, que le presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y la razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado. Y la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.
Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.
Mensajes del Presidente Petro con afirmaciones falaces y tendenciosas como que “Colombia es el único país en América Latina donde las tarifas de energía no están reguladas por el Estado”, a sabiendas de este si las regula a través de la CREG, en virtud de la Ley 143 de 1994, llegando al extremo de decir, mentirosamente, que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente” y que en consecuencia “las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales”, son señales que atentan contra la confianza inversionista y contra la percepción de la estabilidad jurídica, a causa de los reiterados anuncios de reformar las leyes 142 y 143 de 1994, con el ánimo de intervenir el mercado y fijar los precios y tarifas a su arbitrio.
Es bien sabido que es más fácil hacer política con los precios y tarifas que agenciar una política de precios y tarifas. Bien dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Podemos concluir diciendo que el signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas los aleja!
El Ministerio de Minas y Energía estableció un nuevo tope para las tarifas de energía eléctrica que se comercializan en la Bolsa de Energía del mercado colombiano, con base en los recursos de generación: renovables o fósiles. Ahora ahora se establecerán dos tarifas diferenciales para los precios de generación.
El ministro de Minas Energía, Andrés Camacho, explicó en su cuenta de la red social X que “hasta ahora, los precios en bolsa eran altamente ineficientes al estar determinados por las plantas menos competitivas, haciendo que la energía hídrica y solar se pagara a precios hasta 10 veces más altos de su costo real de producción.
El jefe de la cartera dijo que mientras hasta ahora la bolsa de la energía funcionaba con un único precio de escasez (precio tope de venta) para todas las plantas generadoras de energía, con la nueva medida serán dos tipos para definir el precio:
Grupo de plantas con precios altos. Corresponde a plantas que operan con gas, gas importado o combustibles líquidos (Acpm, fuel oil, etc.), y que tienen un costo de operación alto. La mayoría requieren del uso de combustibles importados, cuyo precio se fija según variables exógenas al mercado colombiano, y son requeridas para abastecer la demanda en periodos de sequía o por restricciones de la red.
Grupo de plantas con precios bajos. Corresponde a plantas que operan con recursos renovables (agua, sol, viento) o carbón como recurso principal. Este grupo de plantas son aquellas cuyo costo de operación es el más económico y la mayoría del tiempo son usadas para abastecer a la demanda.
Con esta Resolución, los usuarios tendrán ahora un precio tope mucho más bajo que estará asociado a las plantas que generan energía a través de carbón y fuentes renovables y el precio de escasez tradicional que solo aplicará para las tecnologías más costosas y cuyos precios están asociados a precios internacionales.
“Con esta diferenciación se permitirá mantener un precio eficiente en la energía que se produce a costos bajos y competitivos”, agregó el ministro Camacho.
El veedor del sector energético en Colombia, Hermann Garrido, instauró una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al Alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, y a los Concejales que aprobaron el acuerdo municipal que según el, «el costo del servicio de energía del alumbrado público en este territorio».
El Veedor Hermann Garrido instauró dos quejas formales ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al Alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, y a los concejales que aprobaron el acuerdo que en efecto causará el aumento del costo de energía eléctrica.
«Instauré esta queja porque como lo denuncié en su momento, si el alcalde no tiene los estudios para crear la empresa de economía mixta, él no puede saber con certeza que no van a subir las tarifas en un proceso de modernización, pues carece de los estudios demostrativos de viabilidad. En este orden de ideas, al hacer inversiones que no tengan respaldo y estudios técnicos pues seguramente desconoce la norma que sostiene claramente que las tarifas son las que recuperan esos costos de inversión, siendo el usuario final el más afectado; incurriendo en una falla disciplinaria, la cual tendrá que investigar la Procuraduría», concluyó Garrido.
Para el Veedor tanto el Concejo como el mandatario hicieron de manera irregular la propuesta y es por esta razón que se advierte de un posible incremento indiscriminado en el recibo de la luz.
Despertó gran expectativa el anuncio por parte del Presidente de la República Gustavo Petro, desde San Basilio del Palenque, el pasado 23 de los corrientes, de una alocución por los canales de televisión, grabada en un barrio estrato 2 de la ciudad de Cartagena, en la cual, según explicó, se referiría a “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.
Pero, cuál sería nuestra sorpresa cuando pudimos constatar que en su intervención no fue más allá de lo que ha venido manifestando, atribuyéndole las altas tarifas y las desproporcionadas alzas de las mismas al hecho de que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente”. Sin mencionar la fuente, arremetió contra las empresas generadoras y afirmó que a los generadores de energía les cuesta el kilovatio $1.000 y lo “puede vender, digamos a $5.000, entonces se gana $4.000”. Con razón en días pasados, espetó en una declaración a los medios que “Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio”. Nos quedamos sin saber “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.
Pero lo que causó más asombro entre los entendidos fue su afirmación, en medio de su confusión entre los costos, los precios y las tarifas de la energía, en el sentido que “Colombia es el único país de Latinoamérica en donde el Estado no regula el costo de la energía”. Lo cierto es que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos lo pueden prestar “el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares” y enfatiza en que “el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia”. Este precepto fue desarrollado por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, creando las comisiones de regulación para tal efecto.
De no existir la regulación en Colombia no se entendería la Resolución 701 063 que acaba de expedir la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), fechada el 29 de los corrientes, “por la cual se adoptan ajustes regulatorios para la reducción de las tarifas de energía eléctrica para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del SIN”. Y la expidió “en ejercicio de las atribuciones legales” que le han sido conferidas por la Ley.
La Resolución tiene como objetivo fundamental regular el traslado de los beneficios a los usuarios, resultantes de la financiación para el pago de los saldos de opción tarifaria e incentivar la renegociación de los contratos bilaterales de energía con destino al mercado regulado. De esta manera se habilita el acceso de las empresas comercializadoras a recursos de crédito con tasa de interés compensada dispuesta por FINDETER. Se trata de que se ajuste la fórmula tarifaria de tal suerte que esta refleje tal beneficio y se ajusta también la tasa de interés para aplicable.
Pero, como la Nación debe honrar su compromiso de asumir la deuda de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, que asciende a los $2.8 billones aproximadamente, se deberán dar los pasos conducentes al reintegro de dicho monto a las comercializadoras, para que estas dejen de cobrársela al usuario. Como lo ha anunciado el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el Gobierno presentará próximamente al Congreso para su aprobación el proyecto que lo faculte para que disponiendo del recurso apropiado se le pueda condonar la deuda con FINDETER que están contrayendo las comercializadoras.
Con respecto a la renegociación de los contratos bilaterales de energía, esta es de carácter voluntario ya que se “buscará” su modificación en procura de una rebaja del precio pactado y hasta ahora solo 3 generadores (EEPPP, ISAGEN y CELCIA) han mostrado su disposición a un descuento temporal del 10%, al cual deberá aplicársele el 35% que representa el cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + D + C + PR + R), razón por la cual su impacto en la tarifa al usuario final será muy limitado. Esta medida reedita la que dio lugar en el 2022 al decepcionante Pacto por la Justicia tarifaria, el cual se tradujo en una pírrica baja del 2.8%, frente a un alza promedio a nivel nacional del 24% y en la región Caribe por encima del 40%.
Otro aspecto que contempla esta Resolución es el atinente al indexador que se aplica en los contratos entre generadores y comercializadores, que en el pasado contribuyó y de qué manera a la espiral alcista de las tarifas, toda vez que el Índice de precios al Productor (IPP), que era el utilizado, se disparó pasando de 4.7% entre los años 2018 y 2019 al 33.25% en 2022. Se trata, entonces, de llegar a una fórmula intermedia para su redefinición, el cual, según reza la Resolución “podrá” ser usado en lo sucesivo.
En plata blanca con esta Resolución lo único seguro sería la rebaja atribuible a lo que paga el usuario por concepto de la deuda de la opción tarifaria, que oscila entre el 5% y el 20%. Ello, frente a un incremento del 32% de la tarifa entre junio de 2023 y junio de 2024. Lo demás está condicionado al “podrá” del indexador y el acuerdo entre las partes (distribuidoras y generadoras), que es voluntario.
Finalmente, tenemos que decir que resulta inexplicable e insólito que teniendo en sus manos a la CREG con su poder regulatorio, hayamos tenido que esperar dos años para que ella actúe, debido a su inoperancia e interinidad, a la falta de quorum, por el empecinamiento del Gobierno de no nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, a pesar de los requerimientos de la Procuraduría y la orden impartida por el Consejo de Estado y el Tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca, en donde cursa en este momento un incidente de desacato contra el Presidente de la República y el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho.
La reforma laboral que se debate en el Congreso, y que podría incrementar hasta un 20 % los costos laborales de las empresas, sumado a la incertidumbre económica que genera la política fiscal del Gobierno, que recién dio a conocer un anuncio sobre una nueva propuesta de reforma tributaria que podrán en discusión del legislativo, no es la única preocupación que tiene en alerta al sector productivo. El valor de los servicios públicos también causa alarma. ¿Por qué?
Un reciente estudio realizado por la Startup Energy Master, advierte que el costo de la tarifa de la energía en las empresas aumentó hasta un 32 % en el último año y los costos promedio, al revisar la facturación en los principales departamentos del país, presentaron un incremento alrededor del 20 %.
Según el informe, que analizó más de 300.000 recibos de servicios públicos, entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2024, las compañías del sector comercio, restaurantes, oficinas, tiendas de ropa y supermercados, entre otros, pasaron de pagar el año pasado, en promedio, por 1 Kilovatio Hora (kWh) $771, a cancelar actualmente por el mismo indicador cerca de $922.
Por zonas del país, los mayores aumentos en el costo de la energía se presentaron en los departamentos de Bolívar (32 %), Atlántico (26 %), Eje Cafetero (20 %), Santander (19 %), Valle del Cauca (18 %), Bogotá y Cundinamarca (16 %).
De acuerdo con el estudio, este incrementó significó para las empresas una facturación total de $485.728 millones; valor que, según Alejandro Ramírez, CBO y cofundador de Energy Master, “causa un sobrecosto a sus finanzas y genera incertidumbre en la decisión de crear más empleos y hacer nuevas inversiones”.
Para tener en cuenta, la factura de energía es la que hoy más pesa en las empresas analizadas durante el informe, con un 95 % de participación total en el pago mensual de servicios públicos, seguido del recibo del agua (3%) y de gas natural (2%).
Con relación a los operadores que más han incrementado las tarifas, según el componente de generación, en primer lugar, sobresale Afinia (47 %), con presencia en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar; segundo, EPM (37 %), con alcance en Antioquía, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, entre otros; tercero, Air-e (19 %), que presta sus servicios en Atlántico, Magdalena y La Guajira; y cuarto, Enel (3 %), que concentra su operación en Bogotá y Cundinamarca.
Las cuatro razones que explican las alzas de los precios
La generación de energía sigue dependiendo de gran manera de las hidroeléctricas, factor que hizo que el Fenómeno del Niño generará un gran impacto en sus finanzas, en parte por la generación con térmicas y la especulación en precios de bolsa.
Los cobros por opción de tarifa “que, si bien significaron un supuesto alivio para las compañías que se vieron apretadas por estos pagos, con el tiempo terminaron asumiendo valores retroactivos sobre el costo del kWh que no se cubrieron durante la congelación de tarifas que se presentó en la pandemia”, asegura Ramírez
Varios municipios presentan un costo muy elevado en el impuesto de alumbrado público, sumado a que aún se hacen unos cobros por el consumo de energía que no están claramente justificados y que se crearon con la intención de potenciar la eficiencia energética. “Esto demuestra una falla preocupante en la implementación de las políticas del Gobierno Nacional en esta materia”, agrega.
Factores externos, como la fluctuación de precios del gas, que es con el cual en gran medida funcionan las generadoras térmicas, ha hecho que se aumenten los precios, situación que preocupa porque podrían dispararse aún más si se tiene en cuenta que una buena parte de este combustible se está importando y sería un recurso clave en caso que se presentará otro Fenómeno del Niño.
Ramírez advierte con preocupación que, de cara al futuro, no se ve una solución cercana que puede prever un bajón en las tarifas de energía; de hecho, se esperaba que en 2023 el país tuviera por lo menos un 15 % de generación con FNCER (Fuentes de energía no convencionales como solar y/o eólica) que permitiera tener acceso a precios más estables en los próximos 15 años. “Sin embargo, hoy sólo alcanzamos un escaso 2 %, lo que evidencia claramente que durante este Gobierno no se ha avanzado casi nada en este sentido, poniendo en peligro la seguridad energética del país en los próximos años”.
Un dato para tener en cuenta
Los resultados del estudio completo se revelarán durante el Energy Master Summit 2024, evento que reunirá a los principales líderes del sector energético del país, el próximo 28 de agosto en Bogotá.
Desde el año 2022, no solo en Colombia sino en el resto del mundo se dispararon los precios y las tarifas de energía, debido a un brote inflacionario global en el que el servicio de energía llevó la peor parte. No obstante, el alza afecta más a los usuarios de la región Caribe porque sus tarifas son más altas. Mientras en el resto del país las tarifas oscilan alrededor de $850 el KWH en la región Caribe superan los $1.200 el KWH.
La tarifa de energía (Costo unitario) tiene 6 componentes, a saber CU = G + T + C + D + PR + R. Lo que hace la diferencia entre la tarifa en la región Caribe, Mercado servido por Air-e y AFINIA, con respecto a los del resto del país es el cargo correspondiente a las pérdidas reconocidas (PR). Mientras en el resto del país dicho cargo es en promedio del 8.5% en la región Caribe es del 24%, dado que no solo se reconocen las pérdidas técnicas sino las no técnicas o sea la energía que se roban, de tal suerte qué terminamos pagando los justos por los pecadores. Ello solo se explica por el “régimen especial” para el Caribe previsto en la Ley 1955 de 2019 del PND de la administración Duque. Este cobro aunque es legal, porque se sustenta en la Resolución 010 de 2020 de la CREG, no por ello deja de ser injusto.
Un factor que venía contribuyendo a las elevadas tarifas en todo el país era la aplicación de un Índice del precio al productor (IPP), que no consultaba para nada los costos en los que incurren los agentes de la cadena, a varios de los cargos de la tarifa, por fortuna se replanteó su cálculo y la CREG deberá modificarlo y establecer un deflactor más apropiado.
Otra clavija que incluye la fórmula tarifaria es el cargo por restricciones (R), atribuidas especialmente al atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el cual desde el año 2000 se le viene cargando el 100% a los usuarios, cuando, en su lugar, quienes deberían asumirlas son los responsables de las mismas. Pero así lo dispuso la CREG mediante la Resolución 063.
Mención aparte merece la opción tarifaria (OT). A finales de 2022, en el Pacto por la “Justicia tarifaria” anunciado por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se acordó suspender temporalmente el cobro y pago de la OT. Al reanudarse su cobro en enero de 2024, la OT se convirtió en el cargo 7 de la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R + OT), exacerbando las alzas tarifarias.
Después de tres cumbres infructuosas (en el Palacio de Nariño, la primera, en Sincelejo la segunda y en Cartagena la tercera), sin que se alcanzaran acuerdos para bajar las tarifas, el Presidente Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno Nacional asumiría el pago de la Opción tarifaria, lo cual se traduciría en una baja entre el 4% y el 20%, según el caso, en la factura. A poco andar el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho aclaró que solo se asumiría la deuda por concepto de la OT de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ($2.8 billones). Y, para rematar, adujo que la Nación solo podía asumir dicha deuda si el Congreso de la República faculta al Gobierno para hacerlo mediante una Ley, la que se tramitará en esta legislatura que apenas empieza.
Entre tanto el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho expidió el 2 de julio la Resolución 40225, ordenándole a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) la adopción de las “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. No obstante, la CREG, por falta de quorum, no está en capacidad de tomar decisiones. Ya han transcurrido 25 de los 30 días calendarios que le dio el ministro para bajar las tarifas y hasta ahora nada de nada!
Y hablando de soluciones, a propósito de las cuales hemos presentado propuestas concretas y razonables, además de la revisión del cargo por pérdidas reconocidas (PR) y del indexador (IPP) y de la supresión del cargo por restricciones (R), amén del pago de la Opción tarifaria por parte del Gobierno Nacional a las empresas, las empresas generadoras deberían hacer un esfuerzo en esta coyuntura crítica para los usuarios, disponiendo un descuento temporal en el precio de la energía pactado en los contratos bilaterales entre ellas y las empresas distribuidoras, disminuyendo de esta manera el cargo por generación (G). Por su parte las distribuidoras deben hacer un mayor esfuerzo para disminuir su exposición en Bolsa, con el fin de amainar el impacto del precio spot en el componente G de la tarifa (CU) y reducir el cargo por comercialización (C).
Como colofón queremos decir que, como lo hemos señalado, para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impasse de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis. No hay que esperar la reforma de la Ley de servicios públicos para lograrlo, como se ha planteado sutilmente. Quienes como el ministro de Minas y Energía y el Superintendente de servicios Dagoberto Quiroga sostienen esta tesis con ella tratan de tender una cortina de humo, al tiempo que tratan con ello de impulsar el anunciado proyecto de reforma. ¡Ello no pasa de ser una falacia y un espejismo, a la vez!
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) en el marco del Plan de Gestión de Largo Plazo (PGLP) con la empresa Air-e, realizó entre el primero y el seis de julio de 2024, la visita de inspección y vigilancia para complementar la evaluación de los indicadores parciales y de resultado del cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
La Superservicios llamó la atención a la empresa Air-e, recordándole que debe optimizar sus inversiones orientadas a la mejora de la calidad del servicio y de la potencia para cumplir los objetivos del plan de inversión y de la meta establecida en el PGLP, en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira donde opera.
De acuerdo con la entidad, a la empresa se le ha hecho seguimiento especial a la ejecución de proyectos de instalación de macromedición, incluidas en el plan de reducción de pérdidas, teniendo en cuenta que estas inversiones han desmejorado en los últimos meses y esta estrategia representa la posibilidad de cumplir con el objetivo cuatro del PGLP.
La Superintendencia de Servicios Públicos realiza esta evaluación orientada a lograr una efectiva reducción de las tarifas de energía en los departamentos donde opera la empresa.
Lo primero que hay que mencionar, es que las tarifas de energía no bajarán a nivel nacional ni para todos los sectores. Únicamente estará en población más vulnerable catalogado como residenciales, es decir, estratos 1,2 y 3, quedando por fuera el sector comercio y las industrias.
Lo sucedido con Aire en parte responde a las denuncias realizadas por una licitación mal lograda finalizando el año 2023, que lo puso en la mira de la Superintendencia a validar sus inversiones para el año anterior, evidenciando presuntamente datos erróneos y que llevaron a elevar las tarifas alrededor de 86 pesos/kWh en el costo unitario de prestación del servicio, sin haberse realizado dichos cambios.
El alza de las tarifas ha sido extremadamente abrupta para la costa atlántica y a nivel nacional; Air-e por ejemplo, desde mitad del año 2021 (junio) tenía un valor de 569 pesos kWh, y para el mes de marzo de este año 2024 su valor fue de 1.211 pesos kWh, correspondiendo a un alza de más del doble del costo de la energía en menos de 5 años para el mercado regulado.
Frente a la opción tarifaria se abre un debate interesante porque no es que los prestadores hayan optado por bajar la energía eléctrica… Una compañía difícilmente busca perder la utilidad y garantía del negocio dejado por el malogrado periodo de Iván Duque.
El gobierno nacional, en su preocupación por dar resultados, ya que ninguno de sus planes se ha aterrizado en transición energética y desarrollo regional, siente que el tiempo se le está saliendo de las manos y ha tomado la decisión de financiar la opción tarifaria para esta región del país en poblaciones más vulnerables.
Indudablemente el costo elevado de la energía no afecta a los ricos y megarricos de nuestro país, irónicamente afecta a una clase media que se endeuda en los bancos para sobresalir y no quebrar en su intento de reactivar económicamente su sector.
Mi preocupación va más allá… imaginémonos una pequeña empresa o microempresa (restaurante, cafetería, papelería, sastrerías, etc.) que además de la crisis económica que se vive en el país, les ha tocado hacerse a las dificultades para buscar pagar sus servicios públicos.
En nuestra querida Colombia hay 5,8 millones de micronegocios, que emplean a cerca de 21 millones de personas, es decir, el 67% del empleo en el país y el 79% cuando incluimos la pequeña y mediana empresa que contribuyen con entre el 35 y 40% del PIB anual.
Porqué el gobierno nacional no hace esfuerzos: primero por completar el nombramiento de un director con la experiencia y calidad que exige el Consejo de Estado y por buscar ultimar los seis comisionados que se exigen para decidir de manera satisfactoria en las decisiones de laCreg, donde injustamente llevamos más de 18 meses en vilo por falta de gestión.
Una vez teniendo eso, avanzar en todas las propuestas que se han planteado en el plan de desarrollo en el sector energético y porque no, eliminar la opción tarifaria, buscando un costo-beneficio en reactivación económica.
¿Será muy difícil? Si no podemos con los funcionarios, menos vamos a poder con la gestión.
El presidente Gustavo Petro invitó a los alcaldes de los departamentos de la Costa Caribe para que construyan granjas como el Parque Solar Bosques Solares de Bolívar en Sabanalarga, Atlántico.
El mandatario explicó que no se trata de “un simple cambio de tecnología, sino que es el efecto de la revolución”, al asegurar que esta es una forma de reducir las tarifas de energía para los habitantes de la Costa.
Explicó que Colombia produce 20 Gigawatios de energía eléctrica, y de ellas 100 Megawatios se pueden producir en las 150 hectáreas del Parque Solar Bosques Solares de Bolívar.
“Podríamos tener mucho más. Lo mismo que se hace aquí se puede hacer en cualquier otro lugar de la costa Caribe, podríamos llenar el Caribe de paneles solares, para que no sea solo una empresa sino decenas y decenas y centenares de empresas comunitarias, de empresas municipales, de empresas familiares. Igual que se ponen estos paneles, ahí se pueden poner en el techo de una casa”, explicó.
El presidente sostuvo que, si se pusiera un panel solar en el techo de una casa, es hogar cambia completamente. “Ahí está la revolución, porque si yo junto en esa casa humilde, o si se construyeran en cada municipio del Caribe una granja solar de 10 megas con destino a su propia población, tendríamos energía limpia descarbonizada y barata”, afirmó.
Por eso el jefe de Estado se preguntó: “¿Qué les pasa a los alcaldes de Caribe, nos da miedo bajar las tarifas eléctricas? a mí no”, insistió.
Sostuvo que “en estos dos años no he podido encontrar la fórmula de bajar las tarifas, porque una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica que están literalmente ‘ordeñando’ a toda la sociedad colombiana, ‘ordeñando’ a la industria y ‘ordeñando’ la agricultura y el poder productivo de Colombia”.
Un proyecto de ley de iniciativa del senador, Antonio José Correa, que es apoyado por colegas de la región Caribe como Karina Espinoza, Laura Fortich, Claudia Pérez, Julio Alberto Elias, Julio Elías Chagui, busca evitar que a los recibos de luz se le cuelguen otro tipo de arandelas, relacionadas con temas de inversión que terminan por incrementar lo que deben pagar los usuarios.
Los congresistas coinciden en que con los recursos provenientes del sistema general de regalías, recursos del sistema general de participaciones, recursos propios o recursos de OCAD PAZ se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la tarifa.
El Senador Antonio Correa en diálogo con varios de los afectados aseguró que el clamor general es que las inversiones no se reflejan en una mejora del servicio, son frecuentes los apagones, las fluctuaciones de voltaje y los daños a electrodomésticos.
“En menos de un año el valor del kilovatio hora aumentó en un 33% y las facturas han visto alzas de hasta un 40%, en Montería por ejemplo tenemos el deshonroso primer lugar en ser la ciudad colombiana con el mayor aumento en las tarifas de energía eléctrica en el último año, es inadmisible que paguemos semejantes tarifas sin recibir al menos un buen servicio”.
En congresista hizo un llamado a las autoridades locales para que promuevan campañas educativas que incentiven el uso responsable de la energía y además pidió a los organismos de control poner el ojo en quienes insisten en robo de energía.
La procuradora, Margarita Cabello, durante su intervención en el en el evento “Tarifas Justas para el Caribe”, que congregó a los mandatarios de la región frente a esta problemática, recalcó la necesidad que existe en este territorio de Colombia, de prestar un servicio de energía de calidad.
La jefa del Ministerio Público recordó la necesidad de revisar los criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos, para prevenir que se afecte la cobertura o se ponga en riesgo este servicio esencial.
Cabello hizo un llamado para que se piense en la solidaridad con los habitantes de la región Caribe, frente a la problemática por el alto costo de las tarifas de energía que persiste en las ciudades de la costa y que evidencia la urgente necesidad de generar soluciones consensuadas con todos los actores del sector, para mejorar la prestación y la cobertura del servicio.
Durante el encuentro regional por las altas tarifas de energía que se adelanta en laciudad de Cartagena, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char dijo que llegará hasta las últimas consecuencias en su intención de bajar las tarifas de energía en la ciudad.
“Es totalmente injusto, pero vamos a pelear juntos por esto. ¡Sí se puede!”, aseveró el mandatario de capital del departamento del Atlántico.
Dijo además, «los altos costos de la energía están acabando con la economía de los hogares y vinimos aquí en presencia de la Procuradora, de los alcaldes y gobernadores de toda la región Caribe para contarle a la Nación lo que está pasando con nosotros”.
En el evento se encuentran las autoridades de la Costa Caribe, algunos representantes del sector de la energía, junto con la Procuradora, Margarita Cabello.
La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de este mes, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de energía mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta el mes de abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio. Como antecedente es muy importante recordar que el Presidente Gustavo Petro anunció en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO en septiembre de 2022 la intervención de la CREG y asumir sus funciones en respuesta al brote alcista de las tarifas de energía que venía despertando protestas e inconformidad entre los usuarios de este servicio tan esencial.
Según manifestó el Presidente Petro “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales…Si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. A renglón seguido la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció al país que “cumpliendo con lo que el Presidente Gustavo Petro dijo hace ocho días, hoy anunciamos al país que antes de finalizar el año los colombianos verán una reducción en su tarifa de energía.
De la amenaza se pasó a la concertación con las empresas auspiciada por la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, dando lugar al denominado Pacto por la Justicia tarifaria, tendiente a reducir las tarifas, que se firmó en Medellín en la sede principal de ISAGEN, el cual destacó la Ministra como algo “inédito”. Al final dicho Pacto fue un fiasco total, la rebaja no superó los 4 puntos porcentuales, atribuible en gran medida a la suspensión temporal del cobro de la deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria que ya supera los $5 billones4. Concluyó el año 2022 con un alza de la tarifa del 22.4% en promedio a nivel nacional y en la región Caribe entre 26.28% y 37.19%, en contraste con el 13.12% del Índice de precios al consumidor (IPC). De poco sirvió el tal Pacto por la Justicia tarifaria.
El Presidente Petro volvió a la carga y expidió el Decreto 0227 fechado el 16 de febrero de 2023, a través del cual “se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios”. A poco andar el Consejo de Estado suspendió como medida cautelar los efectos del mismo por considerar que tales funciones, especialmente las atinentes al régimen tarifario, están sometidas a reserva legal, habida cuenta que Las leyes 142 y 143 de 1994 se las atribuyó a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).
El zaperoco de la CREG
Después del fallido intento por parte del ejecutivo de arrogarse las funciones propias de la CREG, el mismo Consejo de Estado que se le atravesó en su intentona, anuló el nombramiento de varios de los expertos comisionados que hacen parte de la misma, quedándole servida en bandeja de plata al presidente Petro. Pero, increíblemente, en lugar de integrarla nombrando en propiedad a sus reemplazos optó por designarlos en encargo, con lo que la Comisión entró en interinidad, perdiendo de paso la autonomía que le reconoce la Ley, luego se daría una especie de apagón regulatorio debido a que carecía de quorum reglamentario para tomar decisiones y así entramos en un limbo prolongado perdiendo un tiempo precioso en el cumplimiento de sus funciones y competencias.
Inaudito, después que se quiso intervenir a la CREG y se intentó sin éxito, ahora que por un hecho fortuito quedaba en sus manos, el Gobierno no supo qué hacer con ella. Esta situación se prolonga, porque de los 6 expertos comisionados sólo se han nombrado 4 y sólo uno de ellos en propiedad (¡!). Entre tanto el año anterior el aumento de la tarifa de la energía, una vez más, superó el 20%, más del doble del IPC, que registró el 9.28% (¡!).
En medio de este zambapalo, el 13 de junio de 2023 la CREG expide la Resolución 101018, dizque para controlar las ofertas de precios de los generadores mediante “un esquema de vigilancia que permitiera detectar el posible ejercicio de poder de mercado”, al que el Superintendente la atribuía la escalada alcista de los precios de la energía en Bolsa y de la tarifa de energía a los usuarios finales. Y si ello venía dándose, no se entiende por qué no se apeló al artículo 126 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el cual prevé que las fórmulas tarifarias “excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa”. ¡Sin embargo, con esta Resolución, como diría el poeta, todo pasó sin que pasara nada!
En el mes de julio del año anterior se produjo el relevo en el Ministerio de Minas y Energía y asumió Andrés Camacho, quien con las mismas razones que se esgrimieron para expedir la Resolución anterior y se amagaba con meterle la mano a la formación del precio, se procedió a intervenir el mercado mayorista de energía, luego que los precios en Bolsa se elevaron escandalosamente, superando el precio de escasez, trepándose por encima de los
$1.500 el KWH7. Con tal fin, al cierre del año anterior, se expidió la Resolución a través de la cual se estableció un tope de $532 el KWH al precio en Bolsa, cambiando las leyes del mercado por unas “reglas transitorias” que, a la postre en lugar de beneficiar al usuario final lo perjudica.
Se trata, como lo afirma la Directora ejecutiva de Asociación de grandes consumidores de energía ASOENERGÍA Sandra Fonseca “de una intervención híbrida al precio de Bolsa, que mezcla un esquema marginal para plantas variables (hidro, solar y eólicas) y uno de costos (térmicas). Que, a propósito de estas últimas, al fijar el precio en Bolsa de $532 por KWH, se asume por parte de la CREG que, como lo acota el Director ejecutivo de la Asociación Nacional de empresas generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “el precio de generación con gas natural nacional, el cual sólo representa el 3% de la energía en firme del país, dejando al 70% de las plantas térmicas subremuneradas, sin posibilidad de recuperar el capital invertido y sin rentabilidad”, atentando contra uno de los principios rectores de esta actividad, según lo reconoce la Ley de servicios públicos, el de las suficiencia financiera, que va de la mano con el de los costos eficientes.
Y ello en momentos en los que, merced al fenómeno de El Niño el parque de generación térmica ha pasado de un 15%, en promedio, de participación en la generación de electricidad en condiciones normales, al 45% y de contera en vísperas de la apertura de una nueva subasta de expansión de Cargo por confiabilidad, pues esta es una pésima señal para los eventuales inversionistas, generando un riesgo de desabastecimiento de energía en el mediano y largo plazo, estropeando de refilón la Transición energética, que, dada la intermitencia de le energía eólica y la solar – fotovoltaica, no es viable si no se cuenta conel respaldo de la energía térmica y la hídrica, de las cuales no se podrá prescindir a la bulla de los cocos.
Los usuarios serán los paganines
Según el Ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”. Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.
De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH. Pero, concomitantemente, como lo afirma el Director ejecutivo de Óptima consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido. Este costo sin duda debe ser reconocido, pero claramente asociado al componente que lo genera, no ahondando la bolsa de costos escondidos inherente a este componente tarifario”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.
Por lo demás, como lo acota el experto Alejandro Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”. Y para rematar “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el Ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.
A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el Ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los
impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas”13. Y repite la cantinela de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”14. Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la Directora ejecutiva de ASOENERGÍA, “la gran mayoría de los colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.
Están en juego la confiabilidad y firmeza del SIN
Esta medida, de aplicarse tal cual como está proyectada, agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.
Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas. Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema interconectado nacional (SIN) en el máximo grado de stress.
Pensar en el pago de los servicios públicos y en sí, la energía, que el año pasado estuvo llena de especulación por el fenómeno del niño y la crisis de algunas comercializadoras, junto con el cambio de gobierno y sus políticas públicas, me han llevado a analizar el proceso que nos lleva a generar en muchos casos cobros injustificados y alzas no razonables donde no hay salida justa.
En Colombia, un salario MLMV en una condición social popular esta desglosado en arriendo, alimentación, educación, servicios públicos y transporte. De ahí la importancia en vincular este servicio que, de acuerdo al ministerio de minas, en los últimos cinco años el incremento por kilovatio hora (kWh) es del 15% y que, según la superintendencia de servicios públicos, los hogares colombianos destinan cerca del 20% para cubrir este servicio.
En el año 2007 la Creg generó la resolución 199, donde se pretendía que las tarifas de energía sean asequibles y comprensibles al consumidor, situación que no es tanto cierta y se ha quedado en el papel.
La fórmula utilizada en la tarifa esta manifestada por seis componentes (generación, transmisión, distribución, comercialización, perdidas y restricciones) y de estas un complejísimo método de cálculo con su falta de transparencia, donde se omite la divulgación mensual de costos máximos, restringiendo la participación de los usuarios y generando inconsistencias en los datos presentados. A esto le adicionamos más de 100 fórmulas que van ligadas a los componentes mencionados y al comportamiento del IPC y el IPP.
El índice de precios del productor ha generado un alza desde el año 2021 y de la misma manera los contratos de compra bilateral han incrementado en un 33,2% al finalizar el 2022, generando una variación importante que al compararlos con el año 2018 y 2019 fue del 4,7%, siendo este un factor de impacto en los precios de la energía en todo el territorio nacional.
Tradicionalmente el índice de precios del productor (IPP) debería estar por debajo del índice de precios del consumidor (IPC), en la actualidad se ha desdibujado esa afirmación si observamos la tendencia que ha tomado desde el año 2019, pues al comparar ambos factores, se analiza el aumento más significativo sobre el incremento en los ingresos de las personas en cada año presentado, lo que genera un impacto directo a los bolsillos del consumidor y de tajo la inviabilidad de la formula.
Tomado del Informe de Política Monetaria para enero de 2023, Banco de la Republica.
De ahí vemos con buenos ojos la intervención de la Creg en el mercado de energía para regular precios elevados con el fin de prevenir abusos de posición dominantes, destacando las prácticas de precios elevados de generadoras hídricas y la necesidad de una regulación que refleje los costos reales de generación.
Muchas asociaciones, consultores y compañías saldrán a especular como lo han hecho injustificadamente el año pasado por fenómeno del niño y la condición del mercado. Su bastón será relucir la crisis, buscándole una justificación al fruto de una configuración oligopólica del mercado y las fluctuaciones en la generación hidroeléctrica.
Después de la grave crisis financiera con la que cuentan varias comercializadoras por cuenta de la opción tarifaria, y, dada con el objetivo de mantener estables las tarifas de energía y que va en su fase de recuperación de saldos dejados de cobrar en periodos anteriores, no han logrado dar los frutos esperados.
Ante esto, la Creg ha firmado el decreto 1637, que habilita la línea de crédito por 1 billón de pesos con Findeter para apoyar el hueco en la caja de las comercializadoras.
Entre las 26 empresas afectadas por no pagar sus obligaciones a tiempo están: Air-E, Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora de Caquetá, Empresa de energía de Arauca y Empresa de Energía de Boyacá.
Estas empresas fueron advertidas el pasado 26 de septiembre por XM, que de no ponerse al día el 18 de octubre, se iniciaría una limitación a los usuarios en el servicio de energía, que atienden, en promedio, el 80 por ciento de la demanda de electricidad del país.
Con este decreto, les da un alivio y respiro a la situación actual, donde tendrán cerca de 7 meses para generar una recuperación prolongada y les permitirá una continuidad a los usuarios frente al fenómeno del niño hasta abril del próximo año.
Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), mencionó, que la deuda a diciembre de 2023 podría ascender a los 10 billones de pesos que equivalen a 3,5 años de ingreso anual por parte de las comercializadoras.
La mayor deuda la tiene Afinia, por 1,5 billones de pesos, luego aparecen Aire (993 millones, EPM con 703 millones, Celsia con 463 millones y Enel Colombia con 366 millones.
Mas allá del panorama, XM, siendo el operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, debería meterse la mano al dril, apoyando de cierto modo la situación del mercado y que por un lado hay desfinanciamiento, pero por el otro y más triste aun, el que pagará los platos rotos es el usuario quien sin mediar objeción se les generará el cobro.
Además, será un alivio temporal que no conllevara a la solución, el alza del precio en bolsa supero el precio de escases que ponen a temblar a empresas de energía como la del Bajo Putumayo, Ruitoque o electrificadora del Huila por su altísima exposición.
El acelerador está en el avance de las obras y mejora de sus considerables retrasos de más de 12 años, de lo contrario, el panorama será pañitos de agua tibia y emergencias sucesivas como las que desafortunadamente enfrentamos.
