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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Unidad para las Víctimas

Unidad Para las Víctimas pone la alerta por una nueva modalidad de fraude

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, alertó a los ciudadanos por un nuevo caso de intento de fraude en el que personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios de la entidad, ofrecen supuestas ayudas económicas a cambio de pagos anticipados.

En el caso más reciente, un ciudadano fue contactado telefónicamente y le informaron que tenía derecho a una ayuda por valor de $1.800.000, pero que para recibirla debía consignar $500.000 y reclamarla en una dirección en Bogotá. Caso que ya fue puesto en conocimiento ante las autoridades competentes.

 

Ante esta situación, la Unidad para las Víctimas hace un llamado a la comunidad para que esté alerta, recordando que la Entidad no solicita pagos, consignaciones ni transferencias para acceder a programas, beneficios o ayudas.

Asimismo, se invita a las víctimas y a la ciudadanía en general a no entregar información personal, financiera o documentos a terceros no autorizados, y a verificar cualquier comunicación directamente con las líneas oficiales de atención.

En caso de recibir llamadas, mensajes o correos sospechosos, se recomienda:

• No realizar ningún tipo de pago ni consignación.
• Reportar el hecho a la Policía Nacional o a la Fiscalía General de la Nación.
• Informar de inmediato a la Unidad para las Víctimas a través de sus canales oficiales.
• Reportar casos de presuntos fraudes o estafas.

Justamente, la entidad implementa la estrategia antifraude “Yo tramito sin tramitadores”, una campaña diseñada especialmente para informar y empoderar a las víctimas del conflicto armado, ayudándolas a prevenir engaños y estafas relacionadas con trámites que pueden realizar de manera gratuita y autónoma ante la Unidad para las Víctimas.

Fiscalía formula cargos contra servidor de la Unidad Para las Víctimas por presunta exigencia de dinero

La Unidad Nacional Para las Víctimas se declaró víctima en el caso judicial que involucra a uno de sus funcionarios que estaría pidiendo dinero a la población afectada por el conflicto para asuntos relacionados con la reparación.

La Fiscalía adelantó audiencia de acusación contra un funcionario por presunta concusión, al solicitar dinero a integrantes de una Mesa de Participación Efectiva de Víctimas durante una capacitación, conducta que, de comprobarse, vulnera la ética del servicio público y la confianza ciudadana.

 

La Unidad se ha constituido como víctima en el proceso penal y ha designado apoderado judicial con el fin de respaldar la acción investigativa.

La entidad insistió en el llamado para que la población víctima del conflicto armado tenga claro que los trámites para la reparación no tienen ningún costo y se debe hacer de manera directa, sin acudir a intermediarios.

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La respuesta del Gobierno a Galán por reclamar mayor compromiso con los Emberas

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y la Unidad Para las Víctimas dio respuesta a los reclamos del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá para comprender que esta no es una situación simplista. Se trata de un proceso estructural de retorno, reubicación e integración local, que requiere una articulación real y efectiva entre autoridades del orden nacional, distrital y territorial. La colaboración armónica entre niveles de gobierno es la única vía posible para garantizar derechos y soluciones duraderas”, afirmó la directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas Montoya.

 

Ambas entidades aseguraron que han acompañado a las comunidades que manifestaron su intención de retornar voluntariamente.

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, anunció que » el Gobierno nacional cita mañana a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para abordar el retorno de los Embera y la posibilidad de que algunas de estas comunidades se quieran quedar a vivir en Bogotá”.

La directora general (e) además señaló que una de las condiciones que hoy exige con urgencia la población Emberá, es contar con condiciones dignas en los albergues temporales. Tal y como lo ordena el fallo judicial al respecto, la Secretaría de Integración Social de Bogotá, como entidad encargada del albergue temporal UPI La Rioja, debe encargarse de evaluar, reparar y garantizar el mantenimiento de este espacio.

“Invito al alcalde Carlos Fernando Galán a abrir un diálogo directo con sus secretarías de despacho y a sumarse de manera efectiva a la colaboración armónica entre niveles de gobierno, que es la única vía posible para garantizar derechos y soluciones duraderas. Nos corresponde a nosotros como Unidad para las Víctimas y a ellos como Distrito estos caminos para proteger a las comunidades indígenas”, añadió Cuartas Montoya.

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¿De qué hablaron Salvatore Mancuso y la directora de la Unidad Para las Víctimas?

El exparamilitar, Salvatore Mancuso, sostuvo una reunión con la directora de la Unidad Para las Victimas, Lilia Solano, para hacer la revisión de los bienes que entregó al Estado al acogerse al proceso de desmovilización de la Ley de Justicia y Paz.

De acuerdo con la entidad, «634 bienes inmuebles de los cuales se tiene información de que habrían pertenecido a Mancuso, según archivos de la Fiscalía General de la Nación«. De estos, 105 predios fueron entregados por la Fiscalía a víctimas del paramilitarismo.

 

La Unidad encontró que cuenta con 138 bienes del exparamilitar en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, de los cuales 32 cuentan con información contrastada.

En la cita con la directora de la Unidad Para las Víctimas, Mancuso reafirmó su compromiso y disposición para entregar información del resto y conocer así la vocación reparadora de estas tierras. El resto de los bienes continúan en revisión de las entidades correspondientes para conocer puntualmente dónde están.

Gobierno reconoce a familiares de Nydia Erika Bautista como víctimas de desaparición forzosa

Foto: Yaneth Bautista, hermana de Nydia Erika Bautista

El Gobierno Nacional a través de la Unidad Para las Víctimas reconoció a la familia de Nydia Erika Bautista como víctima de desaparición forzada y homicidio, y a sus familiares como víctimas indirectas.

 

La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, resaltó la importancia de este reconocimiento no solo para la familia Bautista, sino para todas las mujeres buscadoras que han dedicado sus vidas a encontrar a sus seres queridos.

Este proceso inició once años atrás cuando Yaneth Bautista, hermana de Nydia Erika hizo la declaración sobre la desaparición de su hermana, Nydia Erika Bautista, militante del M-19 que fue desaparecida, torturada y asesinada en 1987.

Aunque en 2013 su núcleo familiar fue incluido en el RUV por desplazamiento forzado y amenazas, durante más de una década les negaron el reconocimiento como víctimas indirectas de la desaparición forzada debido a su militancia política, lo que la familia describió como una experiencia revictimizante.

«Reconocemos a Nydia Erika Bautista como víctima directa de desaparición forzada, homicidio y tortura, y a su familia como víctimas indirectas. Este proceso de revisión del caso ha sido una aplicación rigurosa de los estándares jurídicos más altos, para asegurar que el Estado colombiano cumpla con su obligación de proteger a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos», destacó la directora de Unidad para las Víctimas, Lilia Solano.

El caso inició 30 de agosto de 1987 fue detenida y desaparecida por militares de la XX Brigada del Ejército Nacional, en el barrio Casablanca de Bogotá, luego fue trasladada a la vereda Quebrada Blanca en Guayabetal (Cundinamarca), donde fue detenida, agredida y violentada sexualmente. Su cuerpo fue encontrado trece días después en la vía Bogotá-Villavicencio en estado de descomposición.

En el proceso se vio involucrado el coronel del Ejército, Álvaro Velandia Hurtado, sindicado y condecorado. También han sido señalados por su desaparición los suboficiales Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita.

Unidad Para las Víctimas escuchará a la población víctima en Bogotá

El próximo 4 y 5 de octubre, la Unidad para las Víctimas reunirá en Bogotá a más de 1.000 comunidades étnicas, barriales, organizaciones y grupos reconocidos como Sujetos de Reparación Colectiva en el Registro Único de Víctimas (RUV) por los daños ocasionados por el conflicto armado y que actualmente avanzan en la construcción de su plan o que se encuentran implementándolo.

La Unidad para las Víctimas instará a más de 30 entidades a firmar un acuerdo con compromisos que permita avanzar en las acciones acordadas con los sujetos de reparación colectiva.

 

Para la directora general de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, este encuentro es “la oportunidad de dar un paso adelante para que líderes y lideresas puedan contar sus experiencias y dar luces sobre cómo avanzar en la reparación colectiva, porque reparar el tejido social que el conflicto armado fracturó es una deuda social que tenemos”.

Comunidades del Bajo Calima retornaron a sus territorios

Más de 700 personas de las comunidades del río Nueva Esperanza, Ceibito, San Isidro y Guadual, las cuales integran el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Bajo Calima, y que se encontraban albergadas en el coliseo El Cristal y la caseta comunal del barrio R9 en Buenaventura, Valle del Cauca, retornaron por decisión propia a sus territorios de origen.

Así lo confirmó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien acompañó todo este proceso, considerándolo como «un nuevo comienzo».

 

Este retorno se suma al esfuerzo adelantado en diciembre pasado con la comunidad de Santa Rosa de Guayacán, cuyas 31 familias también regresaron al territorio en la cuenca del Calima.

Denuncian posible detrimento en los recursos para la reparación a las víctimas durante el gobierno Duque

Los resultados de la auditoría realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República hablan de un detrimento patrimonial de $4.200 millones, en la Unidad Para la Reparación a las Víctimas durante el gobierno de Iván Duque, al parecer por $3.786 millones producto de alquileres por debajo del precio debido.

 Según la auditoría de la secretaria de Transparencia, «esta irregularidad causó la pérdida de 3.786 millones de pesos ($3.786.954.885) entre 2018 y 2022″.

 

Dice además que algunos de los contratistas cambiaron los nombres de sus firmas para acaparar las contrataciones en la entidad y que no se prestó la atención a esta práctica ni se puso el debido control. «Esto supero los $84.000 millones ($84.585.794.564). 

Sumado a la anterior, el informe revela que los contratos 096 de 2020 por $4.216 millones en el cual se hicieron pagos sin que los anexos del contrato correspondieran con los informes de actividades y supervisión para justificar los desembolsos.

Emberas que se encuentran en el Parque Nacional serán reubicados

La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, acordó con representantes del pueblo Emberá la reubicación de la mayoría de las familias asentadas en el Parque Nacional y la UPI La Florida, en Bogotá.

“En este acuerdo, los representantes Emberá manifestaron la voluntariedad de iniciar un proceso masivo bajo el principio dignidad y con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas”, afirmó Tobón Yagarí.

 

En los próximos días, la Unidad convocará a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) para que el Estado en pleno garantice este proceso que busca la vida digna de las víctimas del conflicto armado.

Pueblo raizal fue notificado como sujeto de reparación colectiva

Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas notificó el pasado viernes 15 de diciembre que el pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son sujeto de reparación colectiva.

A esta notificación se llegó con la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la región insular en el Caribe. De esta manera, al pueblo raizal se le hizo el reconocimiento de los daños colectivos que este sufrió en el marco del conflicto armado para empezar a saldar una deuda histórica del Estado.

 

La notificación de Tobón se hizo en un acto con presencia de Rossana Teresa Livingston, primera vicepresidenta del Raizal Council en la Iglesia Bautista New Life Tabernacle.

“Es un momento histórico. Fue un proceso largo, pero alcanzamos el objetivo», dijo Livingston tras la lectura de la resolución, mientras que la directora de la Unidad para la Víctimas señaló: “Este es un compromiso que asumimos con ustedes dentro del Plan Nacional de Desarrollo para superar los rezagos que no se han reconocido».

Aunque se hizo el reconocimiento, la directora resaltó que esta no es la conclusión del proceso, sino que inicia una nueva etapa para reconocer los derechos de esta población.

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*Foto: petro.presidencia.gov.co

Gobierno reconoce al movimiento sindical como sujeto de reparación

La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, dio inicio al proceso de reparación colectiva del Movimiento Sindical, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación (Fecode).  

Tobón Yagarí resaltó que la inclusión de este movimiento en el Registro Único de Víctimas (RUV) por las afectaciones que sufrieron los integrantes de este colectivo en el marco del conflicto armado es “un acto merecido y esperado”.

 

La directora afirmó que el movimiento sindical ha planteado una agenda de reparación “amplia, ambiciosa y fundamental” basada en la violencia “sostenida, selectiva y sistemática” que sufrieron sus integrantes en el marco del conflicto armado.

Según la funcionaria, el proceso que hoy inicia con el reconocimiento del movimiento sindical espera abrir caminos para contribuir a la transición de Colombia como un país que avanza hacia el reconocimiento y respeto de las diferentes identidades políticas, culturales, sociales y democráticas existentes. 

“Con esto se espera superar la estigmatización y la persecución política contra defensores y defensoras de los derechos humanos, los trabajadores y trabajadoras. Contribuir en el cumplimiento de las garantías de los derechos de este movimiento, es contribuir con garantías y propiciar a que no se repitan más hechos victimizantes en su contra”, agregó.  

Entregan ayudas humanitarias a desplazados en Nariño

La Unidad para las víctimas hizo entrega de ayudas humanitarias a comunidades de seis municipios de Nariño y dos de Chocó por  valor de  2.500 millones de pesos.

Fueron 3.383 kits de alimentos y aseo para igual número de familias incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), que se encuentran confinadas a causa del conflicto armado.

 

En Nariño, los municipios beneficiados fueron Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera, mientras que en Chocó las localidades donde llegaron las ayudas fueron Bojayá y Alto Baudó.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, en los últimos días se han presentado diferentes desplazamientos de personas en el departamento de Nariño como consecuencia de las acciones armadas de los grupos ilegales que operan en el territorio.

El órgano de control llamó la atención llamó al  Gobierno Nacional a prestar atención inmediata a las 200 personas en el municipio de Samaniego  que, en los últimos días, llegaron hasta allí huyendo de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Dos fincas en el Bajo Cauca Antioqueño servían para actividades de minería ilegal

Tras una visita a las fincas Mandinga y Marlengo, ubicadas en el municipio de Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), escenario del reciente paro minero que afectó durante varias semanas el orden público en la región, el el Fondo para la Reparación de las Víctimas, junto con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría, constataron que se había tramitado una licencia de manera irregular en el predio de Mandinga para actividades de extracción minera.

La actividad  minería ilegal,  ha generado un gran impacto social y ambiental que viene afectando a toda la comunidad del municipio.

 

En el recorrido se evidenció que no se trata de minería artesanal sino de minería con maquinaria, con excavaciones profundas que deja un balance de daños físicos y ambientales muy grande en el predio.

En Marlengo se presenta una ocupación ilegal de alrededor 1.000 unidades habitacionales para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que ha generado una problemática social muy amplia que se revisará en conjunto con varias entidades locales.

El Fondo para la Reparación de las Víctimas solicitó  la presencia del Ministerio de Minas, lo mismo a la procuraduría delegada al seguimiento del proceso de paz, la Secretaría de Ambiente de Antioquia, la Policía y el Ejército para frenar la actividad.

 

Fondo para la Reparación indemniza a 8 mil víctimas

Cerca de 8 mil víctimas de grupos paramilitares como Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros recibieron indemnizaciones judiciales por 23.000 millones de pesos a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Con esto, se terminó de cubrir la totalidad del pago en el valor reconocido para la víctimas con estas sentencias que se profirieron en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

 

Los pagos iniciaron en diciembre del año pasado y tendrá el cierre definitivo es te miércoles 22 de marzo en Barrancabermeja (Santander) con presencia del presidente Gustavo Petro y la directora general de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.

En estas jornadas habrá actividades referentes al reconocimiento y la dignificación de las víctimas del conflicto armado, acompañamiento psicosocial y asesorías relacionadas a la inversión adecuada de los recursos para las víctimas.

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*Foto: Twitter @UnidadVictimas