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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Violencia

Cifras de violencia y delincuencia mal utilizadas

En los últimos días, se ha presentado una serie de polémicas en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia que se registran en el país. La más reciente entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y la segunda entre el mismo presidente y la Defensora del Pueblo, Iris Marín, discusiones públicas sobre las cifras que no han pasado a la solución conjunta de los problemas de violencia y delincuencia por los que está atravesando el país.  

Entre números y tasas.

 

El primer caso, la afirmación del presidente en un acto donde estaba presente el comandante de la Policía Metropolitana y quien le dice “Donde más se mata en Colombia es en Bogotá” frase que fue hecha noticia por la W Radio https://x.com/WRadioColombia/status/1974217556471734277, frente a la cual el alcalde Galán reaccionó exponiendo cómo el presidente hizo mal uso de las cifras https://x.com/carlosfgalan/status/1974232632775815610?s=48&t=b7NyrWSvE0AXoQkZ9qjNxw

Como se puede oír y ver en los dos mensajes, los dos mandatarios no hacen uso adecuado de las cifras. En el caso del presidente, cuando se oye el audio completo, se puede decir que tiene parcialmente la razón cuando asegura que Bogotá, por número en el conjunto del país, es el territorio donde más se cometen homicidios. De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, el año pasado en Bogotá se cometieron 1.208 homicidios, le sigue Cali con 949 casos. En este caso, el presidente debió utilizar el indicador más importante para determinar el nivel de riesgo frente a la violencia homicida en Bogotá, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.  

Con base en la tasa el alcalde Galán también tiene en parte la razón, cuando asegura que Bogotá tiene una de las tasas de homicidio más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año. Sin embargo, al presentar cifras parciales, de enero a octubre, confunde y oculta el creciente problema de violencia y delincuencia que se presenta en la ciudad, dado que en las cifras que presenta, Bogotá aparece con una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes (ver segundo mensaje en X reseñado aquí), cuando la tasa real anual de homicidios, de acuerdo con Medicina Legal, fue de 15,6 casos por cada 100.000 habitantes en 2024 y como van las cosas es posible que este año se tenga una cifra cercana a 15. Hay que reconocer que la tasa de violencia homicida en Bogotá ha aumentado desde el año 2023 en un 12%, como se puede ver en el siguiente cuadro:  

Mapas tomados por la delincuencia.

La segunda polémica en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia entre el presidente y la Defensora del Pueblo, tiene que ver con los mapas de una publicación del diario británico The Economist, en los que se muestra la presencia de grupos armados ilegales en municipios y departamentos del país entre 2019 y 2024, donde para este último año está complemente rojo, como si todo el país estuviera tomado por estos grupos.

Según el presidente la fuente de estos mapas era la Defensoría del Pueblo y reseñó que “no se puede hacer un mapa de violencia tiñendo un municipio de un millón de hectáreas de rojo, en donde en la mayor parte de la extensión no viven personas y donde ocurrió algún hecho de violencia en alguna vereda”. Desde su perspectiva, este tipo de representaciones gráficas, extienden la percepción de inseguridad a regiones enteras, cuando los incidentes se concentran en puntos muy específicos.

Frente al tema, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el mapa que presenta The Economist, no es de la Defensoría del Pueblo. “Es una elaboración de ellos que se basa en un documento publicado antes de mi llegada a la institución. El mapa simplifica una realidad que no corresponde a la lectura del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Iguala en color rojo todas las zonas del país, haciendo parecer que el riesgo es extremo en todos los municipios o que los grupos tienen control general en todos ellos. Ninguna de estas dos conclusiones es cierta”, dijo Marín.

En este caso, los dos tienen la razón. Sin embargo, muchas instituciones públicas y privadas, siguen elaborando este tipo de mapas que no son tan precisos a la hora de poder determinar la verdadera dimensión del problema que se quiere presentar y que requiere solución, como se puede ver en el siguiente mapa de las Fuerzas Militares que intenta mostrar el aumento de las confrontaciones armadas en el país.

Hace cerca de 30 años en Bogotá se tuvo esta discusión, cuando presentaron en un consejo de seguridad, los mapas de delitos que se cometían en las 20 localidades de la ciudad y a simple vista parecía que toda ciudad estaba tomada por la delincuencia, lo que llevó a los servidores públicos a ser más precisos en la presentación de este tipo de información al bajarla a barrios y dentro de los barrios a sectores específicos donde ocurrían los delitos, tanto en días, como en horas, lo que permitió una intervención con resultados más efectivos de las autoridades de seguridad y justicia.

Las cifras sustentan la acción y los resultados.

En medio de estas discusiones queda la sensación que los que más preocupa a algunos servidores públicos nacionales y locales, es la imagen que proyecta la información mal utilizada y no la solución de los problemas que genera esa información.

El presidente Gustavo Petro debería dejar de abrir polémicas publicas en torno a las cifras y más bien trabajar en equipo con las autoridades de seguridad y justicia para solucionar los graves problemas que aquejan al país en materia de seguridad. Reconocer que como “Comandante Supremo de las Fuerza Pública” es responsable del orden público en todo el territorio nacional y quien debe garantizar, junto con los todos los alcaldes y gobernadores, la seguridad del territorio y de todos los ciudadanos, dejando de lado los intereses políticos, económicos, sociales, y religiosos, entre otros.

Para lograr lo anterior, hay que tener claro que el manejo del orden público no se descentralizó, se delegó en cabeza de los alcaldes y gobernadores y las órdenes del presidente en esta materia, prevalecen sobre las órdenes de los mandatarios locales, es decir el presidente es el jefe y responsable mayor del manejo del orden público y los mandatarios locales dependen de las órdenes que el primer mandatario imparta. Para solucionar los graves problemas de violencia y delincuencia que hoy tiene el país, se requiere coordinación permanente y trabajo en equipo entre el presidente y las demás autoridades de seguridad y justicia, que incluye a todos los gobernadores y alcaldes, pero parece que esto no va a suceder en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro.     

Hugo Acero

¡Palabras agresivas! De la política al fútbol

Siento como nadie, los acontecimientos alrededor de la ‘cosa política’ y los pasionales partidos del fútbol, ambos escenarios ‘criollos’ multitudinarios, que, en honor a nuestra realidad, a unos más que a otros, nos hacen despertar euforias inesperadas sea por tendencia ideológica o por el ‘color de una camiseta’. Son tan fuertes las expresiones que hasta nuestras madres salen a relucir sin pudor alguno.

En mi caso particular, amigo lector, el gusto a los temas políticos surge como un deber ciudadano de tratar de entender cómo funcionan y respaldan nuestras instituciones al ‘pueblo’, cómo nuestros trabajadores públicos de cualquier nivel cumplen con sus funciones, cómo la Constitución nos protege y cómo cada día veo más viva que nunca la euforia por defender la democracia. La política es el “arte de lo posible”, dijo Aristóteles.

 

La tradicional política de liberales vs conservadores (rojos vs azules) por esas cosas de ‘las barras bravas’ se trasladó a los dos equipos más populares sino del país, por lo menos de la capital, siempre identificados por esos dos mismos colores. Colores que antes, durante y después de un popular clásico despierta maltratos verbales y físicos que incluso han dejado muertes trágicas. «El fútbol despierta emociones, a veces irracionales, que cruzan la frontera entre el amor tribal y el fanatismo», dicen investigadores de la Universidad de Coímbra, en Portugal.

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Lo más paradójico de este símil es que en los últimos días el insulto y el lenguaje agresivo desde la escena política (se volvió costumbre) se trasladó a las ruedas de prensa de los jugadores como Radamel Falcao García y Hugo Rodallega, figuras internacionales traídas de regreso a nuestro balompié para deleitar con su experiencia, goles y marketing a millones de seguidores, que, sin miedo a errar, creo, les hace ver como héroes y ejemplos a seguir por parte millones de niños. Seamos sinceros el fútbol como actividad de entretenimiento nos sirve para salir del cotidiano estrés social que nos abruma.

A propósito de decepciones sobre los dos escenarios en mención, no deja uno de sentir malestar por ver, oír y leer a nuestro primer mandatario, Gustavo Petro, maltratando con su vulgar lenguaje a sus contradictores tildándolos de “HP, víbora, nazi”, entre otros fuertes calificativos a quien se oponga a sus propuestas, decisiones o línea radical de pensamiento. Se percibe en el clima político falta de altura y respeto en las narrativas, entendiendo que nuestros lideres políticos son elegidos para emocionarnos con mensajes esperanzadores y repletos de políticas públicas coherentes para remediar tantos problemas sociales y económicos.

En esa línea, en la que la verborrea ‘la sacó del estadio’ fueron las desproporcionadas palabras de Falcao: “…Cuando había que revisar no revisaban, y que se jodan los del VAR… Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Desde el torneo pasado hubo un complot mediático que a favor de Millonarios, mentira, a la mierda”. Rodallega también subió el tono: “Mucha gente nos ha tirado mucha mierda… entonces creo que hoy les toca cerrar un poco la boca…”. En esto es entendible que los jugadores son abordados por la prensa tras la calentura de un partido en instancias para pelear un titulo o en un clásico como sucedió en las últimas semanas. No obstante, es urgente advertir a ellos y a otros ‘figurones’ del balón que sus palabras y acciones mueven las mentes y las lenguas de fuego de millones en Colombia. Ojo con eso, cracks!.

Señores políticos y futbolistas un sincero ‘mea culpa’ sobre sus acaloradas palabrotas es urgente dadas las consecuencias violentas, entendiendo que se vuelve costumbre en Colombia pasar del agravio digital, al personal e incluso a atentar contra la vida de un ciudadano cualquiera, como sucedió en días pasados con el senador y candidato a presidente, Miguel Uribe Turbay. Una incitación verbal puede terminar en una catástrofe sin precedentes en una nación en la que ser violento paga.

Seguiré sintiendo la política y el fútbol como dos insumos que alegran mi vida cotidiana. La política observada desde la democracia en todo su furor para seguir vigente en medio de las adversidades ideológicas. El fútbol como una actividad de entretenimiento que me saca de la engorrosa cotidianidad de un país envuelto en palabras, mensajes y discursos rabiosos. Opino, que ni la mediación de la iglesia, ni la multitudinaria marcha del silencio, ni un atentado sicarial contra un senador y candidato presidencial, ni las promesas del mismísimo presidente de los colombianos de bajar el tono, han servido de nada… Y el fútbol, ahora, nos hace un autogol…

Édgar Martínez Méndez

No cesa la violencia en Haití

Más de 260 personas han muerto y alrededor de 60 han resultado heridas en los ataques armados que se han registrado desde que comenzó el año en las comunas de Kenscoff y Carrefour, al sur de la capital haitiana, Puerto Príncipe, en el marco de la espiral de violencia que afecta al país caribeño, según estimaciones de la ONU.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés) ha precisado que desde el 27 de enero hasta el 27 de marzo los ataques de las pandillas en estas localidades han dejado 262 muertos, de los cuales 115 eran civiles y 147 pandilleros, y 66 heridos (59 civiles). Además, cuatro miembros de las fuerzas de seguridad han muerto y otros cuatro han resultado heridos.

 

«Los pandilleros han desplegado una brutalidad extrema con el objetivo de infundir miedo en la población. Ejecutaron a hombres, mujeres y niños dentro de sus casas y dispararon a otros en caminos y senderos mientras trataban de huir de la violencia, incluyendo a un bebé», reza un informe en el que ha señalado que los ataques, en los que se produjeron saqueos e incendios de viviendas, han obligado a más de 3.000 personas a huir de sus residencias.

La BINUH ha advertido de que la demora en la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad a los ataques de las bandas, así como las declaraciones de altos funcionarios que indicaban que las autoridades habían recibido información sobre la preparación de los mismos antes de su ejecución, «podrían poner de manifiesto una falta de coordinación entre la cúpula de la Policía y el Gobierno».

«La secuencia de acontecimientos en Kenscoff parece indicar que, inicialmente, las fuerzas de seguridad no tomaron las medidas adecuadas para prevenir los primeros ataques ni para asegurar el rápido despliegue de unidades policiales especializadas, a pesar de los informes sobre la inminente amenaza de las pandillas», ha señalado.

Ante esta situación, la misión de la ONU ha recomendado a las autoridades nacionales que establezcan fuerzas judiciales especializadas para combatir la impunidad y que desarrollen un plan integral para recuperar el control territorial de las zonas afectadas por la violencia de las pandillas, así como fortalecer las capacidades de recopilación de datos de Inteligencia.

Al dirigirse a la comunidad internacional, la BINUH ha pedido «continuar» con el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) de Haití para «ayudar» a la Policía Nacional a «restablecer la seguridad del país en pleno respeto del Derecho Internacional». También ha pedido adoptar medidas «urgentes» y «estrictas» para impedir el suministro de armas a Haití.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde el año pasado, se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia del contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.

Gustavo Petro niega crisis en el orden público

El presidente de la república, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X respondió a la petición del Consejo Gremial, quien exigió al primer mandatario tomar medidas urgentes para detener la violencia en diferentes zonas del país.

«Hacemos un llamado al ministro de Defensa y a las demás autoridades pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. La presencia activa y decidida del Estado es crucial para que estos actos de violencia no queden impunes y para asegurar que los ciudadanos puedan vivir y trabajar en un territorio libre», expresó en un comunicado el Consejo Gremial.

 

De inmediato, el presidente de la república, Gustavo Petro, respondió en su cuenta de X, no solo negando cualquier tipo de crisis en la seguridad de los diferentes territorios del país, sino además, colocando el espejo retrovisor.

«Ayer el consejo Gremial empresarial le dijo una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia. Tenemos sí.. focos regionales de violencia, pero que nadie olvide esto», dijo el primer mandatario en la red social.

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Aseguró además que las cifras de violencia durante su gobierno han sido menores que las que registraron durante los periodos de los expresidentes, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

La crisis de la violencia armada y sus coletazos contra la población civil

En la discusión sobre las estrategias de lucha armada y resistencia política, las teorías foquistas, el uso del terrorismo y la financiación de grupos armados a través de negocios ilícitos han sido fuentes permanentes de debate y cuestionamiento. Si bien algunas corrientes ideológicas han defendido estas prácticas como medios válidos para transformar la realidad política, económica y social, la experiencia histórica ha demostrado sus consecuencias devastadoras para la población civil, su incapacidad y los efectos contraproducentes para la izquierda.

Las teorías foquistas, influenciadas por la Revolución Cubana y en figuras como Ernesto «Che» Guevara, sostienen que un pequeño grupo armado, al establecerse en zonas rurales, puede generar las condiciones para un levantamiento popular generalizado; sin embargo, en la práctica, esta estrategia ha demostrado ser ineficaz y poco realista. Movimientos insurgentes que adoptaron el foquismo sin una base social sólida han terminado aislados, enfrentando una represión estatal intensa y sin lograr movilizar a la sociedad que, en muchos casos, sufren las consecuencias del conflicto sin adherirse a la lucha. En contraste, procesos de movilización social y lucha política democrática han logrado conquistas significativas.

 

Algunos grupos armados han recurrido al terrorismo como una herramienta de presión política, justificándolo como una forma de «guerra de guerrillas urbana» o de «castigo» a los sectores que consideran enemigos de la revolución. Sin embargo, la experiencia demuestra que estas acciones, lejos de fortalecer una causa política, tienden a generar rechazo social, deslegitimación y una mayor criminalización de los movimientos insurgentes.

El asesinato de líderes y lideresas sociales, los atentados indiscriminados, el desplazamiento forzado, los confinamientos y los secuestros han alejado a estos grupos de la posibilidad de representación política legítima mayoritaria. En lugar de debilitar al Estado, estos actos han justificado su respuesta militarista, cerrando los espacios democráticos y generando mayor sufrimiento en las comunidades.

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Un aspecto fundamental de la crisis de los grupos armados es su participación en negocios ilícitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal. En teoría, estos recursos servirían para financiar la lucha política y sostener las estructuras organizativas, pero en la práctica han provocado en sus bases una degeneración de sus principios ideológicos y una relación de dependencia con dinámicas criminales que traicionan sus objetivos originales. La lucha por el control de las rentas ilícitas ha estimulado el enfrentamientos con otros actores armados, desviando la atención de sus supuestos fines revolucionarios.

Sociedades latinoamericanas ha demostrado que los cambios estructurales no se logran mediante la violencia armada, sino a través de la organización popular, la acción política y la construcción de alternativas democráticas. Experiencias como las movilizaciones sociales en Chile, la alianza social y política en Brasil y el auge de nuevos movimientos progresistas en la región han evidenciado que es posible disputar el poder sin recurrir a la guerra.

Los grupos armados que persistan en estrategias obsoletas, sectarias y en alianzas con negocios ilícitos no solo pueden estar condenados a la derrota, sino que también seguirán alimentando los discursos neofascistas y el ciclo de violencia que impide la construcción de sociedades más justas e incluyentes. El verdadero cambio social, político y económico no se encuentra en las balas ni en el dinero del narcotráfico, sino en la capacidad de los pueblos para organizarse, resistir y transformar la realidad.

Luis Emil Sanabria D.

Es urgente un cambio frente a la violencia armada

En Colombia, el número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales es un reflejo devastador de la incapacidad del Estado y del Gobierno para frenar esta tragedia humanitaria. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores, el desangre de las comunidades persiste. Las personas que se han atrevido a levantar su voz para defender derechos humanos, el medio ambiente, territorios colectivos y proyectos de vida digna, son sistemáticamente silenciadas, en un ciclo incesante de violencia que envuelve a comunidades, niños, niñas y jóvenes.

Es en este contexto, que seguimos reclamando al gobierno nacional y a los gobiernos locales, la necesidad urgente de replantear las estrategias de protección y seguridad, partiendo desde la base de la sociedad y contando con las comunidades organizadas. La experiencia de los Planes de Autocuidado y Autoprotección son herramientas esenciales que han nacido de la propia resistencia comunitaria ante la ausencia de una respuesta estatal eficaz. La construcción colectiva de estos planos, que incluye a los propios líderes, lideresas, organizaciones sociales y actores clave en el territorio, con sus redes, guardias y colectivos noviolentos, es una de las barreras que puede erigirse frente a la violencia armada.

 

La seguridad colectiva no puede ser vista solo como una cuestión de armamentismo o más presencia militar, sino como un proceso integral que prioriza la vida, el bienestar y la permanencia en el territorio. En medio de los diálogos con grupos armados o no, estos planes deben contar con recursos suficientes, garantizados por el Estado, no solo para su implementación, sino para generar condiciones que aseguren la continuidad de estos procesos de protección comunitaria, debidamente asesorados y controlados. Es urgente que alguna entidad estatal dispongan apoyos y rutas humanitarias eficaces para salvar la vida de quienes están bajo amenazas constantes, especialmente en territorios donde el Estado es muy débil o no existe.

¿Dónde están los planes estratégicos de construcción de paz y seguridad que priorice la acción coordinada interinstitucional en los territorios más afectados por la violencia? No se puede continuar permitiendo que las acciones sean aisladas y desarticuladas. Las instituciones del Estado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben trabajar juntas para crear un marco de seguridad, convivencia, reconciliación y paz que trascienda el enfoque punitivo y guerrerista, y que apueste por la paz territorial, el diálogo y la justicia social. De esta forma, el cacaraqueado Acuerno Nacional se hace realidad en los regiones, escenario donde la reconciliación toma vida propia.

Fortalecer las organizaciones sociales debe ser una prioridad en este proceso. Ellas han demostrado ser el núcleo de la resistencia noviolenta en los territorios más golpeados por las acciones delincuenciales. No solo se han organizado para defender la vida y el territorio, sino que también son fundamentales en la promoción de la memoria histórica, la construcción de proyectos de vida y la reivindicación de derechos. Las organizaciones no solo sirven para movilizar sus asociados cada vez que se requiere salir a defender una u otra propuesta de gobierno, son fundamentalmente el acumulado organizativo, la conciencia viva que hará posible las transformaciones hacia el goce pleno de los derechos humanos.

La violencia contra los líderes y líderes sociales no solo es un crimen contra quienes la padecen directamente, sino también contra el futuro colectivo de Colombia. Solo con un enfoque de protección que parte desde las comunidades y que sea respaldado por una acción estatal comprometida y coherente, podremos soñar con detener prontamente este ciclo de muerte. El Estado debe asumir su responsabilidad, no solo como garantía de los derechos humanos, sino como un actor proactivo en la construcción de un país que pueda sanar sus heridas y avanzar hacia una paz verdadera y sostenible.

Luis Emil Sanabria D

Comportamiento de la violencia homicida en Colombia, Medellín y Bogotá 1980, 2023

De manera recurrente, se piensa que hoy estamos viviendo uno de los peores momentos en materia de violencia y delincuencia debido a las acciones delictivas que se vienen presentando por parte de grupos criminales, desconociendo los logros alcanzados materia de seguridad en las últimas tres décadas.

Desde luego existen graves problemas que deterioran la seguridad de los ciudadanos en algunos territorios, especialmente en lo que tiene que ver con el crecimiento y control territorial de los grupos armados, pero es a partir de los aciertos y errores cometidos en el pasado que es posible retomar la senda de disminución de los hechos de violencia y delincuencia y recuperar la seguridad, partiendo de la frase “construir sobre lo construido”, usada por analistas y políticos, y dejando de lado la idea de desconocer los logros alcanzados por el país en este y en otros campos del desarrollo.

 

La violencia homicida, afecta el más importante derecho fundamental, “la vida”. Colombia en las últimas cuatro décadas ha registrado más de 800 mil homicidios dolosos, y como se expone a continuación, con momentos de incrementos y de disminución por distintos factores y por acción u omisión del Estado.

A continuación, se presenta, de manera particular, la situación de Colombia desde 1980 y, de manera general, los resultados de Medellín, Cali y Bogotá desde 1988 hasta el año 2023.

Crece la violencia homicida en los 80.

Durante los años 80 la violencia homicida en Colombia creció hasta el año 1991, año con la tasa más alta durante las últimas tres décadas, con 84 homicidios por cada 100 mil habitantes, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Periodo que se caracteriza por el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones ligadas al narcotráfico, el nacimiento de los primeros grupos de paramilitares financiados por los carteles de la droga, como el MAS (Muerte a Secuestradores) y un accionar fuerte de las guerrillas, en especial de las FARC y del M-19. A finales de los 80 las acciones terroristas del narcotráfico en contra de la extradición se incrementaron.

Tiempo conflictivo que deterioró la seguridad de los ciudadanos, el narcotráfico diezmo de manera violenta la justicia colombiana e infiltró la política, varios candidatos presidenciales fueron asesinados, las autoridades de seguridad y justicia se concentraron en el conflicto armado y la delincuencia común no tuvo la atención debida.

Baja la violencia homicida 1992, 1998

A partir del año 1992 la violencia en Colombia se comenzó a reducir, pasó de una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991, a 57 en 1998. Este resultado se dio, entre otros factores, por:

Elaboración y ejecución de la primera política de seguridad del Estado colombiano, “La Estrategia Nacional Contra la Violencia”.

Creación del Bloque de Búsqueda en contra de los carteles de las drogas de Medellín y de Cali.

La reforma y depuración de la Policía Nacional.

Desarticulación del cartel de Medellín, cuándo es dado de baja Pablo Escobar el 4 de diciembre de 1993 en Medellín.

Captura de los líderes del Cartel de Cali en 1994.

La desmovilización de nueve grupos guerrilleros (M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Quintín Lame, el Comando Ernesto Rojas, la Corriente de Renovación Socialista, las Milicias Populares de Medellín y el Frente Francisco Garnica) a través de los diálogos de paz del gobierno de Cesar Gaviria

Elaboración y ejecución de políticas integrales de seguridad ciudadana de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, con base en la Constitución de 1991 que daba responsabilidades en materia de seguridad a los alcaldes y gobernadores, contribuyendo a la reducción de la violencia homicida.

Vuelve a crecer la violencia homicida 1999, 2002.

En ese periodo la tasa de homicidios pasó de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1998 a 67 en 2002. Esto debido principalmente a tres causas:

La presencia y accionar de grupos paramilitares en las principales ciudades del país.

Al fallido Proceso de Paz del Caguán con las FARC

Y al descuido estatal de la seguridad ciudadana.

Baja importante de la violencia 2003, 2018.

En los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe y los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos la violencia homicida disminuyó de manera considerable, se pasó de una tasa de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2002 a 24 en 2018. Esto debido a cuatro causas:

La Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe (2002 – 2010).

La continuidad de esta política por parte del presidente Santos, especialmente durante su primer periodo de gobierno.

La elaboración y ejecución de la primera política de seguridad ciudadana del gobierno Santos.

El proceso de paz y desmovilización de las FARC en el Gobierno Santos.

En los últimos años la violencia homicida se estancó en una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Hay que anotar que ciudades como Medellín, Cali y Bogotá contribuyeron de manera importante en la reducción de los homicidios en Colombia durante estas tres décadas, reconociendo en cada una de ellas particularidades distintas de afectación de la violencia y delincuencia, así como en el desarrollo de las políticas propias que se ejecutaron para enfrentar estos problemas.

A continuación, se presentan las gráficas del comportamiento de la violencia homicida en estas tres ciudades sin ningún análisis, solo para mostrar períodos de alta y baja violencia en ellas, que en el caso de Medellín y Cali se parecen al comportamiento irregular del país, mientras que Bogotá mantuvo en ese este periodo (1988, 2023) una tendencia permanente a la baja, salvo el periodo de gobierno de Samuel Moreno y Clara López.

Hugo Acero

Ciudadanos en Chiapas, México protestan por aumento de violencia

Foto: https://hchr.org.mx

Miles de personas han salido a la calle en el estado mexicano de Chiapas para manifestarse contra el aumento de la violencia, que se ha vuelto insostenible en municipios como Ocosingo, Chicomuselo y Frontera Comalapa.

 

La organización, que ha indicado que unas 10.000 personas de varios sectores de la sociedad mexicana se han unido a las protestas, ha instado al Gobierno mexicano a detener la creciente ola de violencia, achacada al narcotráfico en la región.

Los manifestantes han hecho hincapié en la importancia de acabar con el ‘modus operandi’ de algunas de las bandas criminales que actúan en la zona y que incurren en secuestros, asesinatos, reclutamiento de menores y desplazamiento forzoso.

La marcha ha comenzado en la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez y hasta allí se han movilizado defensores de los Derechos Humanos, profesores, conductores y miembros de la Iglesia, así como miembros de las comunidades mayas tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y zoques, que han portado banderas blancas como símbolo de paz y pancartas con mensajes como «Paz para Chiapas» y «¡La paz es un grito que merece ser escuchado!».

La manifestación supone un claro llamamiento por parte de la población para que las autoridades tomen las medidas necesarias que lleven a un descenso de la violencia y los enfrentamientos entre cárteles de la droga, una situación que pone en peligro a los ciudadanos.

Señalan a Armando Benedetti por temas de violencia contra su esposa

El embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , Armando Benedetti, enfrenta un nuevo escándalo por cuenta de un posible acto de violencia contra su esposa en Madrid, España.

La denuncia fue presentada en Madrid por la familia de su esposa, Adelina Cobo. Las autoridades españolas están actualmente investigando el caso, y se espera que el embajador sea citado a declarar en los próximos días.

 

Fuentes de Confidencial Colombia confirmaron que la Policía en España lo iban a llevar preso, sin embargo esto no se dio porque Benedetti acudió a su inmunidad como diplomático.

La Policía española abrió un expediente por la denuncia presentada por su esposa. Armando Benedetti ha sido señalado en varias ocasiones por temas de maltrato familiar y violencia contra las mujeres, sin embargo, no se han presentado de manera oficial ninguna denuncia en su contra.

Ecuador declara estado de excepción en siete provincias  

El Gobierno de Ecuador ha decretado este miércoles un nuevo estado de excepción que se aplicará durante 60 días en siete provincias del país ante la violencia armada y pese a las denuncias de «graves violaciones» de los Derechos Humanos en el marco de la lucha contra las pandillas.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha dispuesto el estado de excepción en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana, y en el cantón Ponce Enríquez en Azuay, según reza un comunicado de la Presidencia.

 

«Los grupos narcoterroristas se han atrincherado y han concentrado sus acciones criminales principalmente en estas zonas. Por lo que la medida presidencial marcará el inicio de la ‘fase 2’ en esta lucha, fortaleciendo las acciones de seguridad mediante el estado de excepción», ha indicado.

Por último, las autoridades han concluido que «la seguridad de todos es prioridad para el Gobierno de Noboa». «El nuevo Ecuador no retrocederá en su plan de erradicar la violencia terrorista en todo el país, no podemos perder lo que hemos ganado. Por ello, continuará con operativos que permitan desmantelar estas redes criminales», ha manifestado.

Durante la jornada, la organización Human Rights Watch (HRW) ha alertado de que las fuerzas de seguridad ecuatorianas han incurrido en «graves violaciones» de los Derechos Humanos en el marco de la lucha contra las pandillas, señalando que estas aciones incluyen, al menos, una posible «ejecución extrajudicial» y «múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos del Estado.

A pesar de que los homicidios han ido disminuyendo, las extorsiones y los secuestros han aumentado y la situación de seguridad «sigue siendo grave», según una carta enviada por la ONG al presidente ecuatoriano. Así, ha señalado que, «en lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un ‘conflicto armado’, el Gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva» que proteja a los ciudadanos y sea respetuosa con los Derechos Humanos.

Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574,30 por ciento entre 2019 y 2023, elevando la tasa de homicidios de poco más de 7 a más de 47 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Dos bandas principales –Los Choneros y Los Lobos– se han aliado con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, y luchan por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico en el país.

El anuncio de un «conflicto armado» tras el violento asedio a la sede del canal estatal TC Televisión por parte de hombres armados y la fuga de prisión de José Adolfo ‘Fito’ Macías Villamar, líder de Los Choneros, llevó a Noboa a declararle la guerra a más de una veintena de grupos del crimen organizado, a los que calificó de «terroristas».

Violencia en Haití paraliza el transporte aéreo

Imagen de cortesía

La nueva ola de violencia que vive Haití se ha cebado también con los aeropuertos y ha obligado a paralizar los vuelos nacionales e internacionales, lo que amenaza con complicar el retorno al país del primer ministro, Ariel Henry, a quien esta última crisis le ha sorprendido de gira.

 

Las bandas armadas han trasladado sus actividades a instalaciones como el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, puerta de entrada a Haití desde el extranjero. Las compañías anularon vuelos el lunes y medios locales han informado de disparos en las inmediaciones.

El Gobierno no ha informado oficialmente del paradero de Henry, que en principio ya debería haber vuelto al país caribeño. El Gobierno de Estados Unidos cree que es «importante» que Henry pueda volver, si bien un portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, rehusó el lunes valorar ante los medios la posibilidad de que Washington esté contribuyendo a este traslado.

El Ejecutivo haitiano ha declarado el estado de urgencia y un toque de queda durante tres días ante la nueva escalada de la violencia que, entre otras derivadas, se ha traducido en una fuga masiva de presos de la principal cárcel de Puerto Príncipe.

Uno de los capos más destacados de Haití, Jimmy Chérisier, alias ‘Barbecue’, anunció el jueves el comienzo de una «revolución» contra el Gobierno de Henry mientras éste se encontraba de viaje oficial en Kenia para ultimar un despliegue de fuerzas internacionales con el objetivo de contener la violencia armada que lleva años asolando el país.

Masacre en Bolívar dejó a tres víctimas mortales

La violencia continúa aterrorizando a la población civil en la Costa Caribe y este fin de semana se presentó otra nueva masacre que dejó como víctima a tres personas.

Dos hombres y una mujer de las que se desconoce su respectiva identidad, fueron asesinados en el municipio de Morales (Bolívar). Se habla que un menor de edad pudo haber sido una de las víctimas.

 

Con esta ya son 6 las masacres que se han reportado en Colombia para 2024. En la zona donde ocurrieron los hechos operan grupos armados ilegales como las AGC, el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, además de bandas criminales.

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*Foto: Imagen ilustrativa de Pexels

Masacre dejó a 3 personas muertas en el Cesar

La quinta masacre del año se reportó en el departamento del Cesar con un saldo fatal de tres personas muertas y dos más heridas con arma de fuego.

Según informa Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) dos hombres armados ingresaron a una vivienda y dieron muerte a hombres identificados como Miguel Morales, Martín Lara y Edwin, del que poco más se conoce. Los nombres de los heridos son Andrés Suárez y Jaime Miranda.

 

Específicamente, el hecho se presentó en el municipio El Copey (Cesar) y no se conoce aún el móvil que originó esta masacre. En la zona hay presencia de las AGC y bandas criminales.

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Perú investigará si las armas de sus militares fueron usadas en la ola de violencia en Ecuador

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno realizará una auditoría para determinar si las municiones y artefactos explosivos de algunos grupos delictivos de Ecuador procedían de arsenales de las Fuerzas Armadas peruanas.

«Se ha determinado que existe una presunta posibilidad de que algunas de esas municiones, explosivos o granadas hayan salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas», ha reconocido el ministro Chávez.

 

Según ha relatado el encargado de Defensa a la emisora RPP, parte de las municiones empleadas por los encapuchados armados que asaltaron el martes las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión en Guayaquil podrían proceder de Perú.

Chávez ha detallado que cada munición y lote cuenta con un número de serie que, en el caso de una granada incautada a los delincuentes, coincidía con un arsenal obtenido por Perú en 2016, razón por la que es necesaria una investigación para aclarar los hechos.

«Lo que tenemos que hacer es garantizar que esos hechos sucedidos en años anteriores no se vuelvan a producir, por lo tanto, se están llevando a cabo todas las acciones para evitar justamente eso. El arsenal de guerra debe ser custodiado adecuadamente», ha dicho.

A pesar de la gravedad de esta posible situación, el ministro Chávez ha incidido en que en ningún caso se trata de armamento, sino de municiones y explosivos, y ha asegurado que las autoridades andinas están «extremando todas las medidas».

Un grupo de encapuchados armados asaltó el martes las instalaciones de la cadena TC Televisión, que rápidamente fue rodeada por agentes de Policía que finalmente lograron evacuar a los empleados y detener a los delincuentes.

Ecuador es escenario en las últimas semanas de un repunte de la inseguridad y la violencia a manos de bandas delictivas que han motivado que el presidente Daniel Noboa decretara el toque de queda nocturno y un estado de excepción que reconoce un «conflicto armado».

En Antioquia asesinaron al líder social Émerson Pulgarín

Émerson Pulgarín se convirtió en el segundo líder social asesinado en Colombia de lo que va en el 2024. Su homicidio se reportó en Amagá (Antioquia).

Él había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero y para el pasado 4 de enero su cuerpo fue encontrado sin vida según informó Indepaz. Por ahora se desconocen las causas y la manera en la que fue asesinado.

 

De momento se sabe que el 2 de enero salió de su vivienda en motocicleta. Pulgarín había sido candidato al Concejo de Amagá por el Partido Liberal en las pasadas elecciones regionales.

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*Foto: Facebook Émerson Pulgarín