La comisión política nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola, y Marihuana -COCCAM-; manifestaron su rechazo al decreto presidencial 380 del 12 de abril del 2021 por el cual se reanuda el programa de aspersiones aéreas con glifosato en los territorios como herramienta privilegiada de la política antidrogas del gobierno nacional para combatir el narcotráfico.

De acuerdo con las comunidades asociadas a COCCAM, la decisión gubernamental atenta contra de la salud y la vida de las comunidades y el ambiente, y va en contravía de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y profundizando la crisis ambiental, social y económica que padecen los territorios.

«No entendemos porque el gobierno nacional insiste en hacer trizas el acuerdo de paz y pisotear la confianza de las comunidades cuando según informes de la UNODC el 98% de las familias inscritas en el PNIS han cumplido con lo pactado a pesar del incumplimiento del gobierno que de 99.097 familias solo ha atendido a 67.665» manifestaron voceros de COCCAM en una declaración a medios este martes en Bogotá.

Así mismo recordaron que, en 2017 fueron 17 los departamentos en los cuales se firmaron acuerdos colectivos, regionales y municipales de sustitución los cuales no fueron valorados efectivamente por el gobierno Santos «y han sido perseguidos, estigmatizados y desbaratados por el gobierno de Duque. Así mismo las familias que han manifestado su voluntad de acogerse al programa de sustitución no han sido escuchadas y en cambio han sido revictimizadas por el terror de la fuerza pública».

Para la COCCAM, es imposible comprender que, «aunque el efecto de la pandemia producto del COVID-19 elevo los precios de los insumos y el costo de vida de la población en general, ahora el gobierno nacional calcula el costo de aspersión área por hectárea en $1.800.000 cuando la directora para la sustitución de cultivos ilícitos de la presidencia del año 2018 en respuesta a la Proposición No. 072 del Secretario General de la Cámara de Representantes argumentaba que la aspersión aérea con glifosato costaba $72.000.000 por héctarea.

«En este mismo informe se exponía que desde el 2005 al 2014 se invirtió en fumigación con glifosato 88 BILLONES de pesos a un promedio anual de 8,8 BILLONES lo cual muestra un despilfarro del presupuesto nacional en el envenenamiento de los territorios y que hoy nos serviría para sacar adelante el PNIS que según el PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN tiene un costo de 8,3 BILLONES de pesos», indicaron los voceros de la organización.

De igual manera, la COCCAM manifiesta que en el decreto el gobierno se justifica diciendo que va dar cumplimiento al punto 4.1.3.2 Acuerdos con las comunidades, «cuando en la práctica lo que ha venido haciendo es incumpliéndole a las familias que se acogieron al PNIS según los informes de seguimiento elaborados por las organizaciones, instituciones garantes y veedores internacionales».

«Ha desfinanciado el programa, ha construido programas paralelos desfinanciados, se niega a articular de manera integral el PNIS con el punto 1 de Reforma Rural integral, ha desconocido las instancias municipales de participación, ha excluido de la toma de decisiones a las organizaciones que hacen parte del Consejo Permanente de Dirección y ha construido cifras amañadas para justificar la militarización en los territorios, la judicialización y la represión», precisan.

En ese sentido, la organización invitó al gobierno nacional a leer de manera integra el punto citado ya que dice que SOLO: “En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación o la aspersión de no ser posible la sustitución, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir”; lo cual a su juicio es violado evidentemente por el decreto 380.

Desde COCCAM invitaron a otras organizaciones que ha venido luchando por la implementación del Acuerdo de paz, a pronunciarse y movilizarse en la defensa de lo acordado y la permanencia en los territorios.

Finalmente, extendieron la invitación a entidades como la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Comisión de Paz del Congreso, entre otras a que, en el marco del cumplimiento de su mandato, presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido, así como acompañar y realizar seguimiento a estos hechos que ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades, los territorios y sus dirigentes sociales y comunales, ya suficientemente afectados por el recrudecimiento del conflicto producto de la insensatez del gobierno nacional.