La excongresista del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, interpuso una tutela contra de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), por la decisión de retirarle su esquema de seguridad.

La exsenadora dice que se llegó a esta decisión sin tener en cuenta el riesgo extraordinario de seguridad que ella tiene al ser miembro activo del Centro Democrático.

El esquema de seguridad que tenía asignado estaba constituido por un carro blindado y dos escoltas.

Dentro de sus argumentos expone además que, aunque no esté en el legislativo, su actividad política sigue vigente y su visibilidad ante todo el país no ha cesado.

“Mi decisión de apoyar candidatos para las próximas elecciones regionales, y la promoción para la realización del Referendo PROVIDA, han sido hechos notorios que se amparan bajo el derecho político que pido me sea protegido, y que son actividades de pleno conocimiento por el actual gobierno central, y como lo mencioné del cual somos opositores políticos, así como de su partido el Pacto Histórico”.