La iniciativa, propuesta por la senadora de la Alianza Verde Claudia López, pretende eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y remplazarla por el máximo tribunal que tendrá la tarea de juzgar, por primera vez, a los magistrados de las altas cortes.

A inicios de la semana, cuando se abrió el debate sobre los artículos que compondrán la denominada reforma al equilibrio de poderes, la creación del tribunal de aforados, una propuesta de la senadora de ‘los verdes’ Claudia López, figuraba entre las de menor consenso dado el calibre de su constitución. La comisión primera del Senado decidió dejar este punto al final del primer debate y este jueves, tras casi seis horas de discusión, obtuvo aprobación por mayoría parlamentaria.

Esta entidad remplazaría la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que por años ha tenido la potestad de calificar a los aforados constitucionales, y será la encargada de juzgar por primera vez la conducta de los magistrados de las altas cortes.

De acuerdo con el artículo avalado, el nuevo tribunal juzgará “la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, así como también la del Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y al Fiscal General de la Nación, aunque hubiesen cesado en el ejercicio de sus cargos”. El fallo que dictamine el organismo podrá ser de carácter penal, fiscal o disciplinario.

“El tribunal tendrá nueve miembros, elegidos por la plenaria del Senado de la República, de tres ternas enviadas por el Presidente, tres enviadas por la Cámara de Representantes y un terna enviada por la Corte Constitucional, otra por el Consejo de Estado y otra por la Corte Suprema de Justicia. El periodo de los miembros del Tribunal de Aforados será de ocho años y no podrán ser reelegidos”, enuncia la proposición aprobada.

Con esta decisión la comisión primera del Senado da las últimas pinceladas al debate de apertura sobre el equilibrio de poderes presentado por el Gobierno Nacional, del cual ya se han aprobado eliminar la reelección para Presidente, Fiscal y Procurador.