Ordóñez presento su preocupación ante la norma que ordena monetizar los bienes a los que se les ha extinguido el dominio, ya que “no parece constitucionalmente admisible que un mismo órgano decrete la extinción de un bien para ser su directo beneficiario”.

Igualmente, frente a la concesión de beneficios a los testaferros, el Procurador puso en evidencia sus reservas “dado que sería un claro enriquecimiento ilícito y se pondría al Estado como promotor del testaferrato”.