Hacía más de tres décadas que en Colombia el salario mínimo no se incrementaba por encima del veinte por ciento. Los últimos aumentos de ese nivel ocurrieron a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, en un contexto de inflación desbordada que anulaba rápidamente cualquier mejora real en el ingreso de los trabajadores. Desde entonces, durante más de treinta años, y a pesar de lo mandatado en la Constitución de 1991, los ajustes salariales se mantuvieron por debajo de ese umbral y en el mejor de los casos compensaron el aumento del costo de vida.

Por eso, el reciente aumento del salario mínimo decretado por el presidente Petro no puede leerse como una cifra aislada ni como un gesto coyuntural. Un incremento que supera el veinte por ciento no solo tiene un valor económico, sino también histórico y político, porque rompe una inercia prolongada y reabre el debate sobre el salario mínimo como un ingreso verdaderamente vital y no solo como una cifra de subsistencia. Un salario que alcance para alimentarse, habitar con decencia, educar a los hijos y acceder a la salud y a la cultura y que envía un mensaje claro de que la economía debe estar al servicio de la vida y no al revés.

Es claro que este incremento implica retos inmediatos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que deberán realizar ajustes en sus nóminas y en las formas de contratación de personal. Sin embargo, a medida que el aumento salarial crea nuevas condiciones de consumo, demanda y circulación de recursos, el mercado tenderá a dinamizarse y la producción y los ingresos a estabilizarse. De allí la importancia de que el Gobierno continúe fortaleciendo políticas permanentes de dinamización y respaldo a las Pymes y las Minipymes, garantizando acompañamiento, crédito, comercialización, alivios y estímulos que permitan que la dignificación del salario se traduzca también en sostenibilidad empresarial y crecimiento económico incluyente.

Ese mensaje contrasta de manera brutal con lo que ocurre en varias regiones del territorio. En Catatumbo, Sur de Bolívar, Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca, Arauca, Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico nariñense, entre otros, las acciones armadas de grupos ilegales continúan imponiendo miedo, desplazamiento y muerte. Allí no hay salario vital ni derechos garantizados. Hay control armado, economías ilícitas y jóvenes atrapados entre la pobreza y el fusil. Mientras el Gobierno Nacional intenta dignificar el trabajo, la violencia insiste en negar cualquier posibilidad de futuro.

La contradicción es profunda porque expresa dos proyectos de país que se disputan el presente. De un lado, una apuesta por la justicia social que reconoce que sin ingresos dignos no hay democracia real. Del otro, una lógica de guerra que se alimenta precisamente de la exclusión y del abandono histórico. Cada ataque armado, cada confinamiento comunitario, cada asesinato o amenaza a líderes y lideresas sociales es una negación directa del esfuerzo por construir una sociedad más equitativa.

El aumento del salario mínimo vital no es solo una decisión política y social. Es también una invitación abierta a los empleadores y en especial a los poseedores de grandes capitales a asumir su responsabilidad histórica. Los grandes conglomerados financieros, las multinacionales mineras y energéticas, los grandes grupos agroindustriales, las cadenas de comercio y los poderosos holdings de la construcción y de las telecomunicaciones no pueden seguir actuando como si la desigualdad fuera un daño colateral inevitable. Construir una sociedad justa implica pagar salarios dignos, respetar derechos laborales, invertir en los territorios y renunciar a la lógica de la ganancia sin límites y a cualquier costo.

Este llamado no es nuevo ni improvisado. Es el espíritu que dio origen a la Constitución de 1991, un pacto social que prometió un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, la participación democrática y la prevalencia del interés general. Ese acuerdo fue suscrito para dejar atrás la violencia estructural y abrir caminos de inclusión. Sin embargo, durante décadas ha sido aplazado en la práctica por falsas dicotomías entre crecimiento económico y justicia social, entre rentabilidad y derechos, entre orden y democracia.

Hoy no caben más aplazamientos ni falsos dilemas. No es cierto que pagar salarios dignos destruya la economía. Lo que la destruye es la concentración extrema de la riqueza, la evasión, la corrupción y la naturalización de la pobreza. Tampoco es cierto que la violencia armada tenga justificación social. Ninguna causa se defiende asesinando, desplazando o reclutando jóvenes sin horizonte.

El país tiene frente a sí una decisión ética y política. Profundizar el camino de las reformas que dignifican la vida y el trabajo, o permitir que la guerra siga dictando las reglas en los territorios. El salario mínimo vital es una puerta abierta a la construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática. La violencia armada es la negación de ese proyecto. Refrendar en la práctica el pacto de 1991 exige coherencia, valentía y voluntad real de cambiar. El tiempo de las excusas ya pasó.

Nota: Expreso un firme rechazo a la brutal agresión de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano, una acción que constituye una grave violación del Derecho Internacional, vulnera la soberanía del Estado venezolano y asesta un duro golpe al principio fundamental de la autodeterminación de los pueblos.

Luis Emil Sanabria D.