El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó para observaciones ciudadanas un proyecto de decreto que armoniza el tope máximo general de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), en coherencia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta
medida busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de la VIS y proteger la planeación financiera de los hogares.

De acuerdo con la entidad, «el proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento».

«Normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo», dice el Ministerio de Vivienda en su comunicado.

Según lo explica el texto, la idea es evitar incrementos abruptos —como los derivados del aumento el salario mínimo del 23 % para la vigencia 2026— y se limita cualquier ajuste a
variables relacionadas con los costos de construcción, siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.

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Se busca además, no fijar el precio en pesos colombianos, dilatar la firma de contratos hacia vigencias futuras para trasladar incrementos del salario mínimo y utilizar cláusulas contractuales que generen desequilibrios en perjuicio del comprador.