El director de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas Ramón Rodríguez presentó la alerta para que la población afectada por el conflicto armado no caiga en engaños y fraudes de personas que se hacen pasar como intermediarios, con el ánimo de sacar provecho económico. El funcionario aseguró que la estrategia de prevención contra el fraude busca además de lo anterior, detectar la presencia de falsas víctimas en los registros.
Rodríguez reveló que a junio de 2019 se registraron un total de 6.796 quejas, de las cuales 2.402 han sido denunciadas ante la Fiscalía. De estas, el 76% corresponde a presuntas falsas víctimas y el 24% restante corresponde a los delitos de estafa, falsedad en documentos, fraude subvenciones, entre otros.
Los departamentos donde se registró el mayor número de quejas fueron Cundinamarca (1.302), Antioquia (1.315), Valle del Cauca (505), Huila (417), Tolima (364), Nariño (323), Magdalena (310), Bolívar (290), Norte de Santander (237), Risaralda (196), Santander (188), Cauca 63) y Cesar (131). Sobre las falsas víctimas el director de la entidad asegura que, a la fecha, estas se estiman en un número aproximado a las 200 mil, “iniciamos la depuración con cerca de 15 mil registros presentaban inconsistencias, de los cuales, según el funcionario, se han excluido 6.177 casos.
Recordó también que todos los trámites con la Unidad y con todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, son gratuitos y no requieren intermediarios, recordándoles a quienes buscan ser incluidos como víctimas, “que siempre deben decir la verdad, porque hacerse pasar por falsa víctima es un delito”.
La Unidad ha identificado y detectado organizaciones fachada que contactan a las víctimas con el fin de prometer subsidios, indemnizaciones, vivienda y todo tipo de beneficios, lo que se constituye en el delito de estafa.
En Pereira, por ejemplo, una organización logró provecho ilícito de 36 víctimas incluidas en el Registro de la Unidad, logrando captar más de 700 millones de pesos, por este hecho fueron capturados cuatro integrantes del grupo, entre ellos el líder de la organización.
El 24 % de las denuncias presentadas por la Unidad para las Víctimas corresponde a falsificación de documentos y acceso abusivo a las bases de datos de la entidad.
En esta modalidad, la Unidad ha identificado la existencia de redes u organizaciones de tramitadores inescrupulosos que exigen importantes porcentajes del valor de la atención humanitarias o indemnizaciones administrativas a que tienen derecho las víctimas, bajo la supuesta gestión para priorizar el pago a sus beneficios.
En otros casos, se la logrado identificar y denunciar la existencia de organizaciones con distribución de roles tendientes a falsificar documentos de identificación (cédulas de ciudadanía), cartas de reconocimiento de las medidas de indemnización administrativa que entrega la Unidad para las Víctimas, y personas que haciendo uso de los documentos falsos materializan el cobro de las medidas de asistencia y reparación.
En esta modalidad es común el acceso abusivo a las bases de información oficiales de la Unidad para las Víctimas.
Con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones – CTI y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN, en el departamento de Antioquia y Bogotá se han logrado 56 capturas en las cuales se han visto involucradas redes de tramitadores.
A la fecha se reporta con 16 personas condenadas por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales agravados y fraude procesal.
