Obras de infraestructura tan importantes como el proyecto de Navelena, con el que se busca la navegabilidad por el Río Magdalena o el segundo tramo de la importante autopista denominada “La Ruta del Sol”, han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía, al haber obtenido información desde Estados Unidos que señala que políticos, altos exfuncionarios de los gobiernos de Uribe y Santos, congresistas activos, cuatro funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, empresarios y miembros de la rama judicial, participaron en el entramado de sobornos.
El escándalo de Odebrecht salpicó a Colombia con una cifra en sobornos para la adjudicación de obras que asciende a más de USD$ 11 millones.
Por esta razón, el actual presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, informó que requerirá al tribunal de arbitramento la abolición del contrato de la Ruta del Sol adjudicado a la multinacional brasilera.
Tras el importante anuncio, Confidencial Colombia quiso consultar con fuentes expertas las implicaciones que tendría dicha decisión tomada por la agencia gubernamental.
En principio, la ANI estaría demandando la legalidad del contrato, con lo que busca que éste se retire del mundo jurídico porque en esencia, afirman, nunca debió haber producido efectos, porque desde su nacimiento estuvo viciado.
La agencia ha celebrado la celeridad y los avances de la Fiscalía en esta investigación, con quienes han colaborado desde el primer momento. Pero ¿qué tan prudente fue la decisión de pedir la declaratoria de nulidad?
Para un abogado experto en contratación estatal “el gran problema fue que, ante la inminencia del escándalo, a las autoridades administrativas les tocó salir a apagar el incendio y buscar tomar decisiones políticamente correctas para apaciguar las demandas de justicia social que se suscitaron. Lo de la ANI son decisiones políticas, porque esa no debería ser la primera medida jurídica que uno como contratante debe adoptar”.
De acuerdo con la fuente, la firma brasilera podría apelar a través de una contra demanda que, al margen del escándalo de corrupción, lograría atractivos beneficios económicos para la multinacional. Según el experto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estaría impidiendo finalizar el contrato porque el término del mismo no ha finalizado. “Odebrecht todavía está en plazo de ejecución del contrato, técnicamente, todavía no está en incumplimiento. Seguramente, si se impide finalizar el contrato, debe haber unas multas y unas sanciones pactadas que eventualmente tendría que afrontar el gobierno colombiano”, afirmó.
“En este tipo de contingencias, la parte afectada puede proceder con réplicas (Odebrecht es una firma muy fuerte económica y jurídicamente). Es probable que si la ANI demanda la nulidad del contrato, ellos pueden interponer una demanda de reconvención, que funciona como una contra demanda, reclamando los efectos económicos que se deriven del cumplimiento de su contrato”.
El efecto inmediato y más práctico, explica, ante una anulación es que la obra se paraliza, la concesión que le fue adjudicada a la multinacional, dejaría de producir efecto y no hay nadie que se encargue rápidamente de la finalización del proyecto.
En los contratos administrativos se fijan unos plazos para ejecución de determinadas actividades, por lo que también se estipulan unas penalidades para sancionar el eventual incumplimiento de esos plazos. Lo práctico, asegura la fuente, sería que cuando el contratista reúna ciertas condiciones de incumplimiento y la entidad pública logre determinar que le es imposible desarrollar el objeto contratado, entonces se debería invocar la figura de “caducidad de contrato”, prerrogativa legal dada a toda autoridad pública.
A principios del año pasado, la Revista Dinero explicó que el tema con este contrato es que se han presentado algunos retrasos derivados de acciones judiciales de las comunidades que se oponen a la construcción de algunas variantes. Estas demoras –según Odebrecht–, ajenas al ámbito de su compañía, generaron sobrecostos que están siendo reclamados al gobierno nacional y que podrían ascender a $700.000 millones.
Y en junio del mismo año la Gobernación del Magdalena a través de la Gerencia de Proyectos anunció que iniciaría un proceso sancionatorio en contra de la concesión Ruta del Sol II por incumplimiento de cronograma de obras en el intercambiador de la Lucha.
En términos pragmáticos, alegar la caducidad del contrato significaría relevar a Odebrecht para sacarle de la ecuación y así designar un nuevo contratista. Las implicaciones de la declaratoria de caducidad en un contrato con el Estado conllevan en principio a que quien haya incumplido, le sea imposibilitada la contratación estatal a futuro.
Las diferentes fuentes consultadas, califican como grave esta medida y se considera el peor de los sanciones para cualquier contratista en nuestro país, pues concluye su proyecto, no recibe dinero y se le prohíbe contratar.
