El representante a la Cámara, Iván Cepeda castro, adelantó un debate de responsabilidad política por el caso del nombramiento y ascenso del General (r) Mauricio Santoyo, hoy detenido en Estados Unidos por sus vínculos con grupos paramilitares.
Después de un largo y fuerte debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el congresista Iván Cepeda Castro mostró pruebas que vincularían a varios oficiales y suboficiales de la Policía Nacional con el General (r) Mauricio Santoyo, detenido en Estados Unidos por colaboración con paramilitares.
Según el representante Cepeda la justicia de los Estados Unidos tendría 8 expedientes abiertos en contra de oficiales de la policía y el ejército del país. Entre los investigados por sus presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes, estarían los oficiales: Jorge Daniel Castro, Rubén Carrillo, Luis Alfredo Rodríguez, Luis Alfredo Rodríguez y Mario Montoya. Cepeda insistió en que el de Santoyo no es un caso aislado sino que hace parte de un aparato criminal que en el que el narcotráfico y los paramilitares tuvieron acceso directo los más altos círculos del poder colombiano. No obstante, Cepeda fue enfático en afirmar que ese hecho no significa que la Policía Nacional sea un ente criminal.
Las pruebas presentadas ante la comisión segunda relacionan a varios oficiales del círculo más cercano de la seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con las actividades delictivas de Santoyo. Entre los señalados por el representante se encuentran el Mayor Mario fernando Herrera quien, según las versiones presentadas por el representante Cepeda, concertaba las citas entre alias “El Canoso y Tomás Uribe, de cuyo esquema de seguridad era jefe. Además era la mano derecha del General (r) Santoyo. También fue señalado el General (r) Jorge Daniel Castro quien era el director de la policía metropolitana de Medellín cuando Santoyo era el jefe del Gaula de la capital antioqueña y se le acusó de realizar interceptaciones ilegales a varias líneas telefónicas.
El General (r) Castro fue relevado de sus funciones junto con otros generales dentro del caso de las chuzadas. Cepeda también señaló al General (r) Teodoro Campo quien fue destituido de la policía nacional y reintegrado gracias a la gestión de Pedro Juan Moreno, asesor del expresidente Uribe. Campo fue el designador de Santoyo como jefe de seguridad del expresidente Uribe. Según testimonios del narcotraficante, Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, recogidos por el congresista Iván Cepeda, el Coronel (r) Jorge Vargas tenía pleno conocimiento de que Sierra se refugiaba en la zona especial de seguridad de Santafe de Ralito, de la cuál el Coronel era el jefe de seguridad, durante el proceso de desmovilización de los paramilitares.
El General (r) Julio César Santoyo, hermano del exjefe de seguridad del expresidente Uribe, según la versión presentada por Cepeda, era el enlace entre los paramilitares concentrados en Santafe de Ralito y la Casa de Nariño. Entre los paramlitares con los que habría tenido nexos Julio César Santoyo, se cuentan a alias “El Alemán” y alias “Don Berna”, entre otros. Por último, el congresista hizo notar que el General (r) Flavio Buitrago Delgadillo, instruyó judicialmente a Sergio Tovar Pulido, un individuo que se presentó en la Casa de Nariño para denunciar al entonces Senado, Gustavo Petro. Las denuncias en contra del exsenador Petro se dieron en el marco de los debates sobre parapolítica que adelantó el actual Alcalde de Bogotá durante su paso por el Senado.
El representante Cepeda también recordó el acompañamiento que de la carrera de Santoyo hiciera el expresidente Uribe. Citó el nombramiento de Santoyo como jefe de seguridad de la campaña presidencial de Uribe en el año 2002, el nombramiento en la Casa de Nariño como jefe de seguridad de presidencia, la condecoración y defensa que de él hiciera el expresidente cuando Santoyo fue sancionado y destituido por la Procuraduría General de la Nación. Además, mencionó el nombramiento del General (r) en un cargo consular en Italia a pesar de haber sido destituido y sancionado por el ministerio público.
El debate sirvió para que varios de los argumentos que ya se habían ventilado en los medios de comunicación en diferentes artículos de prensa y columnas de opinión sirvieran de sustento para iniciar un debate de responsabilidad política sobre uno de los casos más bochornosos que ha tenido que encarar la policía nacional.
