Chocó sigue siendo la vergüenza de la conciencia del Estado colombiano. El departamento reúne todos los males que mantiene a sus habitantes en condiciones inhumanas sin que haya decisiones de política pública que logren revertir esta eterna situación.

Las miradas de preocupación por la crisis humanaría se volcaron nuevamente sobre el departamento del Chocó, luego de que los obispos de las diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina -Tadó denunciaran en la Asamblea Plenaria del Episcopado colombiano “la grave crisis humanitaria por la que atraviesan los chocoanos”.

En el comunicado emitido por los obispos señalaron que “el Chocó vive hoy una situación crucial y preocupante por la frecuente violaciones a los derechos humanos tales como: el derecho a la vida, libre movilización, derechos territoriales, de salud, vivienda y educación”.

A pesar que se está en medio de las negociaciones de paz en La Habana con las Farc, “la intensificación del conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley en el departamento siguen siendo causa de “desplazamiento forzado masivos, bloqueo económico y ocupación de escuelas y casas humanitarias; usurpación de tierras, asesinatos selectivo a líderes y reclutamiento de menores”.

Además, también manifestaron, que la fuerza pública “usa espacios civiles para su propia protección, poniendo en peligro la población”. Aunque el Estado ha destino subsidios alimentarios no es suficiente para la comunidad, pues “no hay vías de acceso y cobertura total del territorio. No hay una política gubernamental que favorezca la producción agrícola, sumado a las fumigaciones a cultivos ilícitos” que afectan las labores de siembra de alimentos.

Los obispos manifestaron su preocupación porque a través del desplazamiento forzado, la violencia urbana en Quibdó y otras zonas ha aumentado, pues la presencia de la fuerza pública es poca, produciendo un gran número de asesinatos. Finamente, precisó que la “la incontrolada minería mecanizada ha causado graves daños ambientales”.

Por su parte el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que la Defensoría ha estado denunciado la problemática que atraviesa año tras año el departamento, ya que, grupos guerrilleros como las Farc y el ELN se están enfrentando por el dominio del territorio “esto ha generado un permanente desplazamiento de la población civil”.

Otálora, manifestó que de parte del gobierno “se plantea dar respuesta no de carácter frontal de solucionar el problema por la coyuntura del enfrentamiento, sino de carácter estructural, es decir, que la fuerza pública genere unas reacciones de tal naturaleza para que estos grupos desaparezcan del sector”.

Asimismo, hizo un llamado al Estado para llegar a esta región con una “política seria con soluciones y una inversión que se compadezca con las necesidades que denuncia la comunidad del Chocó”.

Todd Howland, delegado de la ONU para los derechos humanos, denunció que el conflicto ha dejado en lo que va del 2014 en esta región más de 4 mil desplazados y 25 amenazas a defensores de derechos humanos.