El anuncio del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de reanudar las fumigaciones con Glifosato ha generado un aumento de la tensión que vive el Catatumbo por cuenta de la amenaza de paro que habría de reanudarse las aspersiones.
El Catatumbo ha sido una región en la que el conflicto se ha enquistado mostrando todas sus caras. Al ser una zona de frontera el contrabando es una realidad, el narcotráfico es un azote cotidiano y la presencia de grupos armados al margen de la ley es un problema que afecta a toda la población.
En julio de 2013, esta región estuvo paralizada y aislada del resto del país, por más de 50 días debido a un paro campesino. Las exigencias de los manifestantes iban en el sentido de atención estatal a una región olvidada históricamente. Igualmente, buscaban que se estableciera la Zona de Reserva del Catatumbo.
Los acuerdos con el Gobierno Nacional permitieron levantar el paro y que se firmarán unos compromisos entre las instituciones nacionales y las asociaciones que lideraron el paro, entre las que cabe mencionar a ASCAMCAT.
Dos años después, la amenaza de paro en esa región es constante, las denuncias de los líderes campesinos sobre el incumplimiento del gobierno nacional respecto de los acuerdos hechos, es constante. A lo anterior se suma una nueva situación que tiene relación directa con la economía campesina basada en el cultivo de coca.
Desde que se anunció la suspensión de las aspersiones con glifosato para erradicar los cultivos de esta planta, el debate sobre la mejor manera de frenar los cultivos de uso considerado ilícito, se puso a la orden del día.
Varias voces autorizadas, como Pedro Arenas Coordinador del Observatorio de Cultivadores y Cultivos Considerados Ilícitos, han señalado que la salida a este problema va más allá de la erradicación de las plantas. Según él se debe buscar que existan proyectos de desarrollo en las regiones donde existe ese tipo de cultivos.
Coincidiendo con ese planteamiento ASCAMCAT ha presentado una Propuesta Campesina de Sustitución de Ingresos de Cultivos de Uso Ilícito. Esta se basa en la búsqueda de maneras concertadas para garantizar los ingresos generados por estas actividades con otras legales y que coincidan con el deseo del Gobierno Nacional de frenar el avance del narcotráfico.
Sin embargo, como lo señala ASCAMCAT, el gobierno ha desechado esa propuesta y ha anunciado que podrían reanudarse las aspersiones con glifosato y las erradicación manual, apoyada por efectivos de las Fuerzas Militares. Todo esto como respuesta a las últimas cifras publicadas por la ONU que señalan un aumento de los cultivos de coca en el país.
La postura de ASCAMCAT es que de reanudarse las aspersiones con el herbicida el paro sería una triste realidad para la región, que podría extenderse a otras regiones del país con el mismo problema. Esto es advertido por la Mesa de Interlocución y Acuerdos del Catatumbo, de la cual hacen parte, entre otros, Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el sacerdote Francisco de Roux y Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Alianza Verde.
Además, asegura la misma mesa que el plan piloto de sustitución de cultivos y de ingresos de los campesinos debe ser apoyado por el gobierno nacional.
Mientras tanto, en el Catatumbo los sobrevuelos de las avionetas que toman las fotografías aéreas para identificar las zonas a erradicar y fumigar, y el desembarco de tropas son una realidad que genera un aumento de la tensión entre las comunidades campesinas y el Gobierno Nacional.
