Por lo visto, el Consejo de Estado, en vez de enterrar definitivamente la cuestionada Reforma a la Justicia de 2012, terminó por abrir caminos expeditos para revivirla.
Cuentan que el debate llevado a cabo en martes 16 en el seno del Consejo de Estado fue difícil y tenso. De hecho, por poco se aplaza el fallo para finales de octubre, pues los conjueces, Gabriel de Vega y Ana lucia Uribe, luego de oír con paciencia francisana todas las intervenciones de los titulares, pidieron aplazamiento de la votación para poder pesar un poquito más, cosa que implicaba una demora de varias semanas hasta reintegrar de nuevo el quórum. En medio del desconcierto general, pues se daba por hecho que los conjueces estaban bien enterados del tema, el magistrado Enrique Gil, siendo la una de la tarde y después de cuatro horas de debate, pidió que solo se concedieran a los conjueces unas inusuales y escasas tres horas más para que dieran el veredicto. Se oyeron propuestas de varias magistradas que pedían a grito pelado ampliar el plazo y respeto por los conjueces, pero no fue así. A las cuatro de la tarde de este martes, se reanudó la sala plena y el trámite de ahí en adelante fue breve. Se contaron los votos y la ponencia que hundió el decreto que Santos dictó para echar abajo la Reforma a la Justicia obtuvo 15 votos a favor. Uno más de los 14 necesarios.
La conjuez María Isabel Uribe votó a favor. El conjuez De vega votó diciendo que el Consejo de Estado no tenía competencia para juzgar el proceder del presidente Santos.
Pero se oyeron discursos de todo tipo para adoptar esa histórica decisión, pues el magistrado Vargas rincón por ejemplo, era uno de los partidarios de que se omitiera toda referencia a los efectos del fallo, para que la reforma reviviera de inmediato. El magistrado Jorge Octavio Ramírez que siempre estuvo convencido de que la Reforma no podía revivir pese a la nulidad de las objeciones presidenciales y el llamado a extras, bogaba por la teoría de los efectos futuros. El magistrado Hugo Batidas Bárcenas enfiló baterías en contra del proceder “oportunista” del Presidente cuando Objetó la reforma, la actitud débil del Congreso de aceptar ‘mansamente’ las ‘ilegales’ objeciones del Presidente y criticó que la Corte Constitucional, en una decisión que llamó ‘cobarde’, se negara a conocer la demanda interpuesta contra el decreto que convocó a extras, cuando en otras ocasiones ha conocido de varios decretos de interés constitucional.
La magistrada Susana Buitrago cambió de posición y empezó a apoyar la tesis de la nulidad del decreto sobre la base de que esa era el cambio que mejor se avenía a sus principios democráticos. Con este voto ya la suerte del decreto estaba sellada: se anularía.
No se descarta que este debate hay generado fisuras entres los distintos grupos del magistrados que se inscriben en diferentes escuelas y teorías jurídicas, fisuras que luego podría afectar algunas decisiones de gran impacto que se avecinan como el debate sobre el magistrado Munar, que tendría que salir del Consejo de la Judicatura al igual que su par Francisco Ricaurte. Por cierto, nadie se explica por qué razón no se ha cumplido la sentencia que ordenó la salida de Ricaurte, que sigue en su puesto como si el Consejo de Estado no lo hubiera ya despedido por irregularidades en su designación. La demanda contra la relación del Procurador General es otro tema de ciernes que podría afectarse de alguna manera por los resquemores que dejan debates que aunque jurídicos en principio, al final resultan cargados de pasiones políticas y sectarismo de todo pelambre.
El hecho es que el Consejo de Estado expresamente no revivió la polémica Reforma a la Justicia de 2012, de ahí que haya hablado de los efectos futuros del fallo, pero sí sentó el precedente de que en adelante el Presidente de la República no podrá objetar reformas constitucionales.
Para algunos expertos la reforma podrá revivir, pues, como dijo un magistrado del Consejo de Estado, entre el presidente y el Congreso y tardíamente el Consejo de Estado enterraron un muerto vivo, muerto – vivo que ahora podría regresar como un zombie a comerse todas las instituciones del poder público.
En efecto, si alguien demanda la decisión tomada por el Congreso de archivar la Reforma durante las sesiones extraordinarias –ya inhabilitadas por el Consejo de Estado-, podrá ser que le suene la flauta y que los jueces obliguen a promulgar la dichosa reforma, todo eso en medio de debate del nuevo proyecto reforma, ahora llamada sinuosamente reforma para el “equilibrio de poderes”.
Es inaudito que el país, comentan expertos, se vea sometido a tanta inseguridad jurídica y a presenciar verdaderos sainetes públicos cuyos protagonistas son cabezas visibles del Estado. Que el Consejo de Estado debió, sin miedo alguno, o expresamente ordenar la promulgación de la Reforma si fue ilegal el trámite que la hundió o negar la nulidad del decreto, como en cierto modo lo había hecho en su momento la Corte Constitucional, pero por el camino fácil pero practicó la inhibición.
Amanecerá y veremos
