El presidente Juan Manuel Santos ratificó a María Ángela Holguín como Ministra de Relaciones Exteriores. El fallo que profirió la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa con Nicaragua, uno de sus retos que sigue sobre la mesa de discusión.
Este jueves, desde la asamblea del grupo BRICS en Brasilia, el jefe de Estado informó que la canciller Holguín continuará ejerciendo en el cargo, que tendrá fecha de renovación a partir del 7 de agosto. Con esta decisión ya son dos los Ministros con un periodo extendido hasta el 2018, pues en los últimos días Santos concedió un nuevo ciclo de funciones para Mauricio Cárdenas, jefe del Ministerio de Hacienda.
El Presidente explicó que Holguín fue nominada por varios mandatarios para que continúe a cargo de la Cancillería, dado que consideran que la Ministra ha hecho una buena ejecución de sus labores. Bajo este marco, entra a consideración el que quizás sea uno de los temas más apaleados por la opinión pública y también uno de los grandes retos para de la canciller de cara a este nuevo periodo: Avanzar con éxito en la sentencia efectuada por la Corte Internacional de Justicia en el 2012, que le cedió derechos económicos de Colombia a Nicaragua en el Mar Caribe.
En efecto, el último arbitraje dado a conocer por la administración de Santos menciona que el fallo de la CIJ no podrá ser aplicado hasta que no se produzca un tratado con el gobierno de Daniel Ortega, que tenga el sello de aprobación del Congreso colombiano. Conozca qué implicaciones contrae esta decisión.
Este tema en particular ha sido espinoso para la Ministra, pues el silencio de los avances al respecto ha sido abrumador y por ende emergieron serias especulaciones que pusieron en vilo el trabajo de su ministerio. No obstante, el Gobierno asegura ir por el camino correcto y con la decisión de la Corte Constitucional, de establecer que la única manera de modificar los límites marítimos en El Caribe es por medio de un tratado, certifican la positividad de ese enunciado y respaldan la labor de Holguín.
Y es que la mayor complicación de la comisión que está a cargo de revisar las opciones que da la sentencia -además de los dispendiosos trámites y estudios legales- es hacer que la gente conozca en qué se ha adelantado y por qué después de un año y varios meses de dictarse la orden de la CIJ aún late la creencia de que el país perdió una batalla legal ante los nicaragüenses, cuando desde el gobierno insisten en lo contrario y lo hacen con cautela, ya que revelar detalles del caso podría darle opciones a la defensa de Nicaragua.
