El del Procurador General de la Nación es un poder ejercido de manera directa sobre funcionarios públicos como los congresistas, que pueden evaluar ese ascendiente para reelegir a Alejandro Ordóñez Maldonado en el cargo de control público más importante del país.
18 congresistas, 14 gobernadores y 188 alcaldes es el saldo de la gestión de Alejandro Ordóñez al frente de la Procuraduría General de la Nación y es una de las poderosas razones por las que su poder es medible en términos reales.
La posibilidad de decidir quién es idóneo para ejercer un cargo en la administración pública y quién debe ser separado del mismo, le permiten al Procurador Ordóñez ser una figura de poder que siempre está levitando sobre las cabezas de los funcionarios públicos, sin importar el poder al que pertenezcan.
Muchos de los congresistas que han decidido darle el espaldarazo a Ordóñez en su virtual reelección sienten ese poder de manera directa ante la posibilidad de una inhabilidad, o destitución para ejercer cargos públicos, así como también lo sienten de manera indirecta debido a la posibilidad de que muchas de sus cuotas burocráticas regionales pueden llegar a ser tocadas de ese mismo modo.
En teoría, el control disciplinario de la gestión pública se ejerce de esa manera de controlar las acciones de los funcionarios públicos; sin embargo, el problema empieza a notarse cuando ese poder se usa en favor de ciertos grupos o sectores políticos que van en concordancia ideológica con el Procurador. Es así como la exsenadora Piedad Córdoba, a quien la justicia no le ha encontrado méritos para ser investigada penalmente, fue destituida de manera rápida por el Procurador General Alejandro Ordóñez, mientras que el coronel (r) Alfonso Plazas Vega condenado por la justicia ha sido una de las causas del Ministerio Público, llegando a insistir en la absolución del mismo y actuando de parte del militar, acusado de desaparición forzada, ante una eventual acción de casación.
A lo anterior se suma el hecho de que ciertas acciones han demostrado que sus convicciones personales tienen más importancia en su gestión como funcionario público que el mismo ordenamiento legal. En casos como el del aborto legal para las tres circunstancias que consagra la ley o la llamada “píldora del día después”, Alejandro Ordóñez Maldonado ha actuado más como un católico que profesa su fe en público que como el jefe del Ministerio Público. Es por eso que la Corte Constitucional le dio 48 horas, que vencen el próximo 19 de septiembre, para que se retracte de sus declaraciones sobre ambos temas.
Teniendo en cuenta las mencionadas actuaciones, cabría considerar la posibilidad de que el Procurador, cuando lo considere conveniente, pueda abrirle una investigación disciplinaria a los funcionarios que participen en el proceso de paz, toda vez que los diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las Farc no son una de sus prioridades, ni son vistos con buenos ojos por él, como ya lo ha señalado en algunos medios de comunicación.
Por las anteriores razones, la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación puede convertirse en un escollo ante un eventual proceso de paz, pero también en un problema delicado para los grupos minoritarios (LGBTI, Defensoras de Derechos de las Mujeres) que no se han visto reflejados en el actuar y pensar del jefe del Ministerio Público. Sin embargo, su reelección puede ser la mejor carta que se juegue el Congreso después de la fallida Reforma a la Justicia, que con su hundimiento no permitió la implementación de un mecanismo que les permitiera evitar investigaciones en su contra.
Como ya lo ha demostrado el nombramiento de familiares de los funcionarios que deben ternarlo y reelegirlo en su cargo, Alejandro Ordóñez ha sabido administrar en su favor su poder como investigador de la función pública, sin importar que gran parte de la opinión pública considere dicha situación como un clásico ejemplo de politiquería y corrupción. Incluso, ha llegado a contravenir el artículo 126 de la Constitución política, como ya lo mencionó Rodrigo Uprimny en una columna de opinión, que considera una causal de destitución que el Procurador nombre en un cargo público a familiares de los “servidores públicos competentes para intervenir en su designación”
De esta manera queda claro que el inmenso poder que detenta el Procurador Alejandro Ordóñez es efectivo en los círculos de poder que dependen de su visto bueno, pero que por fuera de esos círculos, ante la opinión pública ese poder se agrieta como los pies de barro de la estatua bíblica que tanto debe conocer el más católico de los funcionarios públicos de la historia reciente de Colombia.
