Un histórico fallo de la Corte Constitucional obliga al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez a que se retracte de las declaraciones que ha dado en materia de salud sexual y reproductiva. La decisión se deriva de una acción de tutela presentada por más de 1200 mujeres que consideran que el ministerio público ha faltado a la verdad y ha entregado información falsa sobre la interrupción del embarazo y el uso de la «píldora del día después».

La Corte Constitucional falló a favor de una tutela presentada por 1250 mujeres que denunciaron la falta de información y la tergiversación de la que se entregó por parte de la Procuraduría General de la Nación acerca del derecho que asiste a las mujeres en Colombia para decidir interrumpir su embarazo en los tres casos consagrados en la ley.

La acción de tutela estuvo liderada por Mónica Roa, abogada y directora de la organización Women´s Link, que logró en el pasado la despenalización del aborto en casos en los que la malformación del feto no garantice una vida óptima, en los que la vida de la madre se encuentre en alto riesgo debido al embarazo y en los embarazos fruto de una violación.

Para el alto tribunal el procurador debe entregar información veraz que se ajuste a la realidad y deberá procurar que sus opiniones se circunscriban a su ámbito personal sin que interfieran en las decisiones de caracter judicial que le competen.

La acción de tutela había sido presentada en octubre pasado y en ella se denuncia la falta de información sobre el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los tres casos señalados y a la consideración de la llamada «píldora del día después» como un método abortivo y no como un método anticonceptivo, algo que contraviene el concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud.

Mónica Roa, quien ha sufrido una fuerte persecución en su contra por su caracter de activista de los derechos de la mujer, es optimista y espera que el jefe del ministerio público acate el fallo de la Corte Constitucional o de lo contrario incurriría en un desacato, acto que tipificado como delito según la ley colombiana. “Las ciudadanas y ciudadanos tenemos que poder confiar en la información que nos proveen los funcionarios públicos, más aún la que nos provee la Procuraduría como máximo garante de los derechos humanos en Colombia. Por eso es muy importante que la Corte haya reafirmado el deber que tiene el Estado de respetar la ley y los derechos humanos, incluido el de los servidores públicos de ofrecer información veraz como requisito básico para el ejercicio de los derechos humanos”, afirmó Roa desde Londres.

Sin embargo, fuentes consultadas señalan que una retractación del Procurador General es muy difícil debido a que podría presentarse una solicitud de recurso de nulidad de la decisión de la Corte Constitucional y esperar a presentar dicha solicitud cuando se posesiones el nuevo magistrado del alto tribunal, Luis Guillermo Guerrero, cercano a las tesis de los conservadores que defienden la posición del Procurador Ordóñez.