La decisión de la Corte Constitucional de fallar a favor de la ponencia que revive las corridas de toros en Bogotá cierra un largo capítulo que tenía enfrentados a organizaciones taurinas y a la administración distrital.
El fallo de la Corte Constitucional, que este martes revivió las corridas de toros en Bogotá, acogió la ponencia del magistrado Mauricio González que apoyaba la demanda presentada por la Corporación Taurina, en cabeza de Felipe Negret. Esta demanda señalaba, entre otras cosas, que se hubo violación del debido proceso al terminarse de manera unilateral el contrato de arrendamiento de la plaza, que estaba establecido hasta 2015.
El fallo ordena a la administración distrital “disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión”. Esta decisión de la Corte Constitucional se da después de nueve meses de haberse presentado la demanda.
En ese sentido, la decisión del alcalde mayor de no arrendar de nuevo la Plaza de La Santamaría para ese tipo de espectáculos debe ser reversada y deben implementarse las medidas necesarias para que las corridas de toros regresen a ese escenario.
Los presupuestos jurídicos de las ponencia fallada favorablemente son las sentencias C-666 de 2010 y la C-889 de 2012. La primera señala que no hay impedimento para las corridas de toros en los municipios y poblaciones en los que sean tradición. Por su parte la segunda de ellas establece que ninguna autoridad local, bien sea un concejo o una alcaldía, pueden prohibir las corridas de toros cuando sean parte del arraigo social y cultural.
Por su parte los grupos animalistas y antitaurinos, han activado en redes sociales la propuesta de una consulta popular para que la ciudadanía decida la continuidad o no de las corridas de toros en Colombia. Además, este mismo martes estaba programada la entrega de 16.000 firmas a los magistrados de la Corte Constitucional para que decidieran en contra de la ponencia presentada.
