La multinacional española Fenosa considera que hubo fallos de procedimiento en la intervención estatal que hizo el Gobierno nacional en noviembre. Este recurso administrativo fue interpuesto ante la Superintendencia de servicios públicos y domiciliarios, no entra a juzgar la ilegalidad del hecho sino a buscar vicios de forma en el mismo.
A mediados de noviembre, el Gobierno colombiano anunció la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe con el fin de “reorganizar” la empresa y garantizar el suministro de electricidad allí donde opera.
A principios de ese mes, Gas Natural dio a conocer que Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros (1.318 millones de dólares al cambio actual), si bien la multinacional precisó que tenía aprovisionado el 83 % de este importe.
El grupo español posee el 85 % de la empresa de distribución eléctrica Electricaribe desde 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano.
Esta distribuidora cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona.
La compañía distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, aunque desde hace meses se multiplican las protestas en Colombia por fallos en el servicio.
