El Gobierno colombiano no permitirá que el tesoro del galeón español San José, hundido por corsarios ingleses cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, acabe en anticuarios del mundo.

Así lo aseguró la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien dijo que «nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas ni cazatesoros del mundo entero».

Pero, además, un Tribunal de Barranquilla ha determinado el embargo de estos tesoros, pese a que no se ha extraído un solo gramo.

La funcionaria añadió durante la instalación del foro internacional «Retos y perspectivas de la formación académica en Patrimonio Cultural Sumergido en América Latina» que la Constitución del país «impone el compromiso de defender el patrimonio de todos los colombianos y el Gobierno del presidente Iván Duque no ahorrará esfuerzos en esta labor».

Colombia anunció el pasado 6 de marzo en Cartagena de Indias que prolongaba una vez más la suspensión para contratar a la empresa que extraerá el pecio.

En esa oportunidad la misma Ramírez expresó que «en particular nos preocupa la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón San José».

«Esto significaría que parte de nuestra historia quede dispersa por los anticuarios del mundo y resultaría un precedente inaceptable para el rescate de futuros navíos», agregó Ramírez.

Durante el foro realizado hoy en Bogotá en la Universidad Externado y que tiene la presencia de expertos nacionales e internacionales, Ramírez recalcó que historiadores, profesores y periodistas han expresado que es probable que en aguas colombianas haya cientos de galeones hundidos.

«La historia de nuestros antepasados, su legado, prácticas y costumbres serán reveladas con la extracción de esos naufragios y por esa razón, las decisiones que se tomen no son aisladas sino que define la protección del patrimonio sumergido de nuestra Nación. El primer gran reto que tenemos es nuestro conocido Galeón San José», acotó la vicepresidenta.

En esa dirección, Ramírez señaló que la premisa fundamental del Gobierno es «la defensa del patrimonio histórico de nuestra nación de indiscutible interés para la historia de la humanidad».

Es por este motivo que se está elevando consulta al Consejo de Estado para aclarar «algunas dudas legales surgidas sobre el desarrollo del proceso de contratación adelantado por el gobierno anterior».

El hallazgo del San José fue anunciado en noviembre de 2015 por el anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cuyo Gobierno puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar, que incluía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo.

El Gobierno de Duque, sucesor de Santos en la Presidencia, ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón, el más reciente de los cuales venció el pasado 10 de marzo.

Colombia cuenta con una Ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto «proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido».

Según dicha ley, forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas «las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio».

Esa ley recoge sin embargo que «no se considerarán patrimonio cultural sumergido» las «cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas», así como los «bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes».

Además incluye la posibilidad de hacer una alianza público privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de «hasta el 50 % del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación».

Con información de EFE