Este viernes el Gobierno y las Farc lanzaron el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, con el que buscarán darle una solución definitiva al problema de las drogas. Durante este año las partes esperan sustituir cerca de 50.000 hectáreas de cultivos en 40 municipios que fueron escogidos para tal fin y para lo cual invertirá cerca de un billón de pesos. En un informe preparado por Naciones Unidas se ha señalado que la cifra se incrementó en un 39% comparando los años 2014 y 2015; de 69.000 hectáreas detectadas en 2014 pasamos a 96.000 en 2016.

El programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, será liderado por la Presidencia de la República, en cabeza de la Alta Consejería para el Posconflicto y contará con la participación.

«Con este Programa se inicia la implementación del punto 4 del Acuerdo Final, que permitirá a las comunidades participar activamente en la construcción y desarrollo de los proyectos productivos para la sustitución», manifestó Pastor Alape, integrante de las Farc.

Según lo dieron a conocer las partes, la guerrilla tendrá la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto, reveló que la meta del programa «es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito durante el primer año de su implementación en más de 40 municipios de los departamentos más afectados».

En cuanto a los beneficios que recibirán las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos, el Gobierno y las Farc acordaron el siguiente plan de estímulos:

Durante el primer año:

• Un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.

• Un millón 800.000 mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.

• Nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.

Pardo manifestó que todos los recursos para financiar este plan, provienen del presupuesto nacional; sin embargo, no se descartan que recursos de cooperaciòn internacional sean destinados para seguir financiando este ambicioso proyecto.

Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de tres millones 200.000 mil pesos por familia.

El programa no atenderá a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio de 2016, fecha en la que se puso en marcha el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en Briceño, Antioquia.