(Reuters) Las víctimas de minas antipersonales en Colombia más que se triplicaron con creces este año debido a que los grupos armados ilegales que ocuparon las zonas desalojadas por las FARC tras el acuerdo de paz están usando estas armas para ganar control territorial y atemorizar a los civiles, dijo el miércoles la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM).
La organización reveló que mientras en 2017 hubo 56 víctimas entre muertos y heridos por la explosión de estos artefactos, en lo que va del 2018 la cifra se incrementó a 180, principalmente en regiones selváticas y montañosas en donde disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y bandas criminales se disputan el control territorial.
Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en 2016 un acuerdo de paz con el gobierno que redujo la violencia en el país, pero a medida que grupos armados ilegales avanzan por el control de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal, el uso de minas antipersonales se ha disparado.
“Hemos tenido este año un incremento de más de un 200 por ciento de personas que han sufrido accidentes con minas, muchas con daños dramáticos para sus cuerpos. Debemos lanzar una alerta porque no podemos permitir que Colombia vuelva a estar entre los primeros más países afectados”, dijo a Reuters Álvaro Jiménez, director nacional de la CCCM.
Según el informe, la mayoría de víctimas son civiles, a diferencia de años anteriores cuando eran militares, debido a que los grupos armados ilegales que ocupan los espacios de las FARC en su afán de consolidarse territorialmente no advierten a la población civil de las zonas sembradas con minas, como sí lo hacía la desmovilizada guerrilla, que las utilizaba para contener el avance de los militares a sus campamentos.
El acuerdo de paz con las FARC, que puso fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados, ha permitido que Colombia despeje de minas casi dos millones de metros cuadrados, una mínima parte de la extensión que estaría contaminada con artefactos explosivos.
Colombia, que junto con otros 163 países es parte de la Convención de Ottawa sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, tiene como meta erradicar de todo su territorio estos artefactos en 2021.
Pero de acuerdo a la nueva dinámica del conflicto armado y a la disputa que mantienen los grupos ilegales por el control territorial, con la población civil de por medio, es poco probable que logre el objetivo, por lo que el país tendría que fijar una nueva fecha o pedir a la convención una prórroga de 10 años, según la CCCM.
