A través de comunicado, la Conferencia Episcopal señaló que la familia solo está compuesta por un hombre y una mujer y que la iglesia Católica se opone a la unión de parejas del mismo sexo “contradice la voluntad del creador y de la Constitución”. Además, señala que ninguna autoridad del Estado puede obligar a los notarios a formalizar uniones homosexuales.

A partir del próximo jueves, las parejas del mismo sexo podrían ir a las notarías del país para formalizar su unión. La Corte Constitucional, a través de una sentencia proferida en 2011, señala que los funcionarios estarían obligados a tramitar un contrato solemne para que las parejas LGBTI puedan legalizar su relación amorosa.

A dos días de la “fecha límite”, la Iglesia Católica volvió a arremeter contra la iniciativa. A través de un documento firmado por el cardenal Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, la institución manifestó su desacuerdo con las uniones homosexuales y reiteró que la familia solo puede estar compuesta por un hombre y una mujer.

“No existe otra familia que la constituida en su origen por la unión del hombre y de la mujer. En efecto, ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio y la familia existen, únicamente, entre dos personas de sexo opuesto que por medio de la recíproca donación tienden a la comunión de sus personas y a la procreación”, señala el documento.

Además, la Iglesia afirma que las uniones entre parejas del mismo sexo no solo “contradice la voluntad del creador” sino que va contra el artículo 42 de la Constitución, que señala que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

Por estas razones, el jerarca se opone enfáticamente “a cualquier reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales que conduzca a una equiparación con el matrimonio o la familia” y sentencia que los funcionarios públicos –los notarios en este caso– “tienen el imperativo moral e incluso la obligación constitucional de brindar a la familia, al matrimonio y a sus integrantes especial y preferente protección”.

Finalmente, la institución religiosa afirma que ninguna autoridad del Estado puede obligar a los notarios a formalizar este tipo de uniones. Para ellos, estos funcionarios “no son simples testigos de las decisiones de las personas sino que son actores que formalizan o solemnizan la situación jurídica que ante ellos se presenta, por lo que están en su derecho de oponerse a actuar cuando consideren que con su acción están avalando o legitimando un acto contrario a su conciencia o a la Constitución”.

A menos de 48 horas para que se cumpla el plazo otorgado por la Corte Constitucional a los notarios, los sectores más conservadores se manifiestan contra la posibilidad de que puedan constituirse uniones legales entre parejas del mismo sexo. La Iglesia, representante de la concepción católica de la familia, arremete de nuevo.