Gravar a todas las motocicletas con el impuesto al consumo de 8%, adicional al incremento de la tarifa de IVA de 16% a 19%, afectaría al momento de la compra el bolsillo de más de 6 millones de colombianos y sus familias, de los estratos 1, 2 y 3 en aproximadamente medio salario mínimo.
La motocicleta es el medio de transporte utilizado por excelencia en más del 26% de los hogares. Se constituye en una solución económica y eficiente de movilidad, mejora la calidad de vida de sus usuarios, es óptima en las zonas rurales y apartadas y se usa principalmente como herramienta de trabajo para oficios como servicios a domicilios, mensajería y repartición.
El impuesto al consumo tiene como propósito gravar bienes o servicios suntuarios y de lujo; las motocicletas son productos de consumo masivo, utilizadas por la población vulnerable y de escasos recursos, por lo tanto, no se les debe aplicar más impuestos, a excepción de lo ya establecido para las motocicletas de más de 250cc.
En 2016, el mercado de motocicletas sufrirá una contracción cercana al 15,2%, causada principalmente por efecto de la devaluación, el incremento de las tasas de interés, la pérdida de la confianza del consumidor y la caída del PIB. En 2017, se sumaría una contracción estimada del 35% a causa del impoconsumo.
De igual forma, limitaría el acceso a la motocicleta en el futuro a las clases menos favorecidas, debido a la alta elasticidad del producto. En otras palabras, este incremento abrupto en el precio del vehículo por el impuesto al consumo no es consecuente con la capacidad adquisitiva de los usuarios y los afectaría inmediatamente.
Con esta reducción en el mercado, no se lograrían las metas de recaudo adicional que espera el Gobierno y se reduciría el actual recaudo por concepto de IVA.
El 96% de las motocicletas que se venden en el país son fabricadas en Colombia y contribuyen con el 1,05% del PIB industrial, por lo que el impacto negativo de este nuevo impuesto podría dejar sin empleo a 24.000 personas, de los 70.000 que hoy trabajan en las ensambladoras, los concesionarios, la red de servicios, los talleres y los almacenes de repuestos.
El impuesto al consumo pone en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas de los industriales, quienes han realizado inversiones por más de US$120 millones, tan sólo en los dos últimos años; mayoritariamente en zonas de conflicto como el departamento del Cauca.
