Irlanda reformará sus leyes para autorizar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro, después de la conmoción causada por la muerte de una mujer india en un hospital porque los médicos se negaron a interrumpir su embarazo.
Savita Halappanar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció de septicemia después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto, tras alegar que la ley impedía hacerlo mientras latiera el corazón del feto, pese a que la salud de la mujer se deterioraba.
Su muerte conmocionó a la sociedad irlandesa y reabrió el debate sobre la necesidad de aclarar en qué circunstancias se podrá poner fin a un embarazo si la vida de la madre corre peligro en Irlanda, donde más de 4.000 mujeres viajan cada año al Reino Unido para abortar.
En la actualidad el aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre está en riesgo, pero esto está sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a ese vacío legal o por convicciones religiosas.
La nueva ley, que podría entrar en vigor en el primer semestre de 2013, sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas siguiendo directrices muy vagas recogidas en la Constitución.
El ministro irlandés de Sanidad, James Reilly, aseguró hoy que es “muy consciente” de las dificultades que presenta la cuestión del aborto en un país tradicionalmente católico, pero reiteró el “compromiso” adquirido por el Gobierno para “reforzar” la “seguridad” de las mujeres.
“También aclararemos qué es legal para los profesionales que deben ofrecer ese tratamiento (interrupción del embarazo), al mismo tiempo que han de tener siempre en cuenta el mismo derecho a la vida del no nacido”, declaró Reilly.
La Constitución irlandesa sitúa en un nivel de igualdad el derecho a la vida de la madre y del feto, una cuestión intocable para el poderoso “lobby” antiabortista de este país, que ya se ha declarado opuesto a las intenciones de reforma del Gobierno de coalición entre el democristiano partido Fine Gael (FG) y los laboristas.
También desde la filas de la formación conservadora se ha advertido de que no se tolerará una ley que permita una situación de “aborto a la carta”, al tiempo que algunos laboristas podrían considerar que no va lo suficientemente lejos para que Irlanda cumpla con las obligaciones adquiridas tras sendas sentencias de los tribunales irlandeses y europeos.
El primer ministro del país, el conservador Enda Kenny, ya ha confirmado que los diputados de su partido deberán acatar la disciplina del FG cuando la nueva ley se someta a votación el próximo año, posiblemente antes de Semana Santa, después de un proceso de debate en el Parlamento nacional que comenzará a principios de 2013.
Al anunciar hoy los planes de reforma, el Ejecutivo de Dublín aseguró que la nueva ley, que estará reforzada con “regulaciones”, ofrecerá “claridad y certeza sobre el proceso por el que se decide cuándo es permisible la terminación de un embarazo”.
Para el Gobierno, el aborto debe ser “permisible cuando existe un riesgo real y sustancial para la vida -en vez de para la salud- de la mujer y este riesgo solo puede evitarse con la terminación del embarazo”.
El proyecto de ley tratará de acabar con el vacío legal desde que el Tribunal Supremo de Dublín ampliase en 1992 las situaciones en las que se puede interrumpir un embarazo si la vida de la madre corre peligro para incluir, entre otras, la amenaza de suicidio.
Hace dos años la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer enferma de cáncer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida corría peligro.
