La academia tiene con el proceso de paz que se avecina la responsabilidad intelectual, científica, civil, ciudadana e institucional de colocar todos sus recursos y presupuestos de inteligencia al servicio del proceso de solución política negociada del conflicto armado.
Para lograr esto, debe llamar la atención sobre los aprendizajes de los procesos de diálogo y negociación de los últimos cinco lustros, de los que se derivan varias enseñanzas:
La primera y fundamental es el reconocimiento y el pleno convencimiento de las partes que el proceso de reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera pasa necesariamente por la renuncia definitiva y absoluta a la conquista de la victoria military, la disposición de las voluntades políticas para transitar un proceso de conversaciones, consensos y concertaciones en un escenario de acuerdos democráticos en los que se reconocen y respetan las diferencias y se da especial atención al interés nacional.
La segunda es admitir que existen unas causas estructurales del conflicto que es urgente comprender, atender y superar con una propuesta de transformaciones que comprometen la voluntad, los esfuerzos e intereses de todos los sectores de la sociedad. Unas causas que reclaman reformas sustanciales en relación con la propiedad de la tierra, la redistribución equitativa de la riqueza, la democratización del régimen político, la aplicación de justicia y, sobretodo, la construcción de condiciones de bienestar general para la población en materia de empleo, salud, educación, vivienda y seguridad.
Todos estos cambios deben quedar consignados en un acuerdo político para construir la paz, que desde luego demanda cambios institucionales y constitucionales, que requieren el tiempo que sea necesario para producirse en el marco de la orientación de un nuevo plan de desarrollo que tome en consideración el espíritu de los acuerdos.
La tercera consiste en situar en un lugar de atención privilegiada la superación de la crisis humanitaria en el marco de las garantías constitucionales y los esfuerzos institucionales y sociales que convocan el respeto de los derechos fundamentales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario prestando atención integral e inmediata a las victimas de la violencia.
La cuarta, tiene que ver con la profundización y extensión de la democracia cuyo requerimiento esencial consiste el fortalecer y proteger las formas de organización social y política de la sociedad civil, los movimientos sociales y las comunidades, comoexpresiones legitimas en las dinámicas de los conflictos colombianos, garantizando los más amplios y democráticos mecanismos de expresión y participación en los escenarios de decisión política y construcción de paz. Esto implica la descriminalización y desjudicialización de la protesta social y el reconocimiento y protección de los liderazgos naturales de las distintas formas de organización y las comunidades en general.
La quinta consiste en asumir como parte del acuerdo de solución política el compromiso de las partes de trabajar conjuntamente en la solución definitiva de los problemas del paramilitarismo y el narcotráfico sin lo cual consolidar un autentico proceso de paz y reconciliación no es posible.
La sexto, de especial relevancia, consiste en valorar y convenir el acompañamiento solidario de la comunidad internacional, incluyendo la participación decidida de los organismos multilaterales y el gobierno de los Estados Unidos, no solo en la etapa de conversaciones y firma de acuerdos, sino, en los blindajes que requiere el proceso en la etapa de postacuerdos, en el marco de una clara delimitación de su rol el cual no debe erosionar la independencia del proceso, la libre determinación y la soberanía de la nación.
En general considero que la academia debe jugar un papel activo en el proceso, nutriendo con objetividad cada uno los temas de la agenda y que a ese recurso deben recurrir en igualdad de condiciones las partes. Que el patrimonio de inteligencia con que cuenta el país con sus distintos puntos de vista y propuestas de solución de problemas, puedan estar al alcance de la mesa de conversaciones sin otro propósito que proporcionar insumos para la toma de decisiones.
