El proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno eliminaría la reelección presidencial, el voto preferente y le daría el poder al Presidente de postular a candidatos a la Procuraduría. En el Congreso discrepan del equilibrio que genere darle facultades adicionales al jefe de Estado en la elección del procurador.
En las últimas horas el Gobierno presentó ante el Congreso la reforma al equilibrio de poderes, que pretende eliminar la figura de la reelección presidencial y ponerle límites a los periodos legislativos de congresistas y funcionarios públicos. El proyecto es ambicioso, es una de las piedras angulares del abanico de trabajo de la actual administración, aunque desde ya devela controversias que tendrán que resolverse en el Senado y la Cámara de Representantes.
En efecto, la primera concierne a la elección del Procurador. Dice el proyecto de ley que para efectos de garantizar un equilibrio entre las cortes, la nominación del jefe del ministerio Público estará en manos del Presidente. Es decir que la terna no estaría conformada por un postulado del Consejo de Estado, otro de la Corte Suprema de Justicia y un último por Presidencia, sino que sería el jefe de Estado quien haga las postulaciones.
“La Procuraduría debe ejercer el control disciplinario administrativo del Estado, y por ello el Presidente, como máxima autoridad administrativa es a quien naturalmente le corresponde intervenir para garantizar que sus políticas públicas se materialicen de forma efectiva y transparente”, enuncia el documento que lleva el sello del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Con esta decisión se abriría la puerta a una avalancha de denuncias, pues el propio Presidente tendría prácticamente injerencia en la Procuraduría. De hecho, varias voces de la política dan ejemplo de una presunta movida hecha por Santos para esparcir ‘mermelada’ en los órganos de control y resaltan el guiño que el mandatario le dio a Edgardo Maya para que quedase como el nuevo Contralor. En este orden de ideas, de aprobarse la reforma, el jefe de la Contraloría sería elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente, pero “no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo”. Lo mismo sucedería con el Procurador.
Esta reforma desencadenó desacuerdos en la Unidad Nacional y las demás bancadas, especialmente en el punto del procurador. Según el presidente del Senado, José David Name, esta decisión “fractura el equilibrio que debe existir entre quien ejerce el control disciplinario del Estado y las autoridades públicas”. Asimismo,la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, indicó que el partido está un 30 por ciento de acuerdo con el escrito no obstante hizo énfasis en que las plenarias deben pincelar un nuevo decreto para la elección de órganos de control.
Otro aspecto que eventualmente generará discusión es aquel que señala la eliminación del voto preferente y la implantación de listas cerradas. En las elecciones para Congreso de marzo el Centro Democrático utilizó este mecanismo en sus listas. Este hace que el elector vote por partido y no por candidato, con el fin de que las bancadas tengan la posibilidad de una mayor cuota de escaños. No obstante, se considera que esta forma de votación fracciona a los partidos, favorece a las microempresas electorales, habilita la compra y venta de votos y refuerza el clientelismo.
En todo caso, el proyecto de ley relata que “el voto preferente mantuvo el fraccionamiento con tendencias a prácticas clientelares al interior de las organizaciones políticas y afecta gravemente la cohesión interna necesaria para impulsar sus propuestas”. Es por esto que se proponen listas cerradas y bloqueadas.
