El expresidente francés fue imputado por «corrupción activa», tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional. Estos delitos podrían darle hasta 10 años de prisión.

El pasado domingo Nicolás Sarkosy había sugerido, con más empeño de lo habitual, su retorno a la escena política. Pocas horas después, su abogado y otros dos magistrados ligados a él eran llamados a declarar por la Policía Judicial. Un día más tarde, él mismo era requerido por los funcionarios de las operaciones mani pulitefrancesas para someterse a lo que aquí se llama “garde à vue”, una retención en comisaría que puede durar hasta 48 horas, o 72 en los casos más graves, como terrorismo, y finalmente durante esta madrugada ha sido imputado por «corrupción activa».

Esta figura jurídica no implicaba culpabilidad, pero desde el primer momento cubría con un manto de sospecha indeleble al sospechoso. Por eso, tanto los partidarios de Sarkozy como otras voces en la judicatura hablaron de “encarnizamiento” con el auténtico líder de la opositora Unión para un Movimiento Popular (UMP). El prestigioso abogado y presidente de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA), Alain Jacubowicz, llegó a calificar la “garde à vue” de Sarkozy como “excesiva y humillante”.

Las dos juezas encargadas del caso querían confrontar las opiniones de los cuatro “detenidos” sobre los supuestos delitos de tráfico de influencia y violación del secreto de instrucción. La investigación se centra en las sospechas de que Sarkozy haya utilizado a su amigo, el exjuez del Tribunal Supremo Gielbert Azibert para informarle sobre el curso de dos de las pesquisas judiciales que le atañen: la supuesta financiación de la campaña electoral de 2007 por parte de Muammar el Gadafi y la pretendida obtención ilegal de fondos de la multimillonaria propietaria de L’Oréal,Liliane Bettencort, para la misma campaña.

Teléfono ‘chuzado’ y un retiro de lujo

En septiembre de 2013, un juez ordenó el pinchazo de los teléfonos de Sarkozy. Este, advertido presuntamente por sus contactos en las esferas del Estado, cambió de móvil y utilizó con su abogado otro aparato bajo nombre falso. La maniobra no escapó a los policías; ahora, basándose en esas escuchas, el exmandatario se ve tratado como ciudadano no aforado. En esas grabaciones se da a entender, según algunas fuentes, que el juez Azibert sería recompensado con un retiro de lujo en la Justicia de Mónaco si ayudaba a su amigo.

Por supuesto, la defensa de Sarkozy niega todo en bloque, pero ni ella misma está en capacidad de saber el calibre de todo el arsenal jurídico que diferentes jueces han recopilado en contra de su defendido.