Una estrategia para la reducción del crimen y el microtráfico, es la principal razón de el alcalde de Bogotá, para insistir en su idea de crear centros de consumo controlado de drogas para los adictos.

«No es un salto al vacío», dijo Gustavo Petro a periodistas durante los actos conmemorativos de la Batalla de Boyacá. Agregó que esta iniciativa ha sido implementada por algunas ciudades, entre ellas Vancouver, en Canadá, país que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Para el burgomaestre es obvio que la propuesta de crear Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas, CAMAD, desate polémica, más cuando este tipo de estrategias pretenden construir mejores opciones de vida.

«Es obvio que desate polémica, nada que intente construir un mejor vivir, un mejor futuro, pasará sin polémica en una sociedad que desgraciadamente se ha acostumbrado a no cambiar», agregó Petro.

Según el alcalde bogotano, «si en 60 ciudades del mundo, varias de ellas americanas, ha producido hechos beneficiosos como aislar la juventud del crimen, quitar el consumo de las calles y debilitar las bandas del narcotráfico dedicadas al microtráfico, claro que hay que insistir».

Aunque precisó que no pondrá en marcha la estrategia si el Gobierno no la aprueba, recordó que contempla una atención integral, es decir, que irá de la mano con una política de salud que busque la prevención y que intente disminuir los daños del consumo.

El Fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo que la iniciativa de Petro es «interesante, el país debe debatir con toda tranquilidad, el país no debe tenerle miedo a propuestas audaces».

Entre tanto, el procurador General, Alejandro Ordóñez, señaló que la propuesta es inconstitucional porque la Carta Magna «establece que en Colombia el adicto no es un delincuente sino un enfermo para el que se deben diseñar políticas públicas para efectos terapéuticos».

Agregó que lo que propone Petro «nada tiene que ver con esas finalidades».

El Gobierno descartó la propuesta de Petro ya que, según la ministra de Salud y de la Protección Social, Beatriz Londoño, por acuerdos internacionales Colombia no puede entregar drogas ilícitas a los ciudadanos.

Londoño admitió que actualmente sólo está permitido el suministro de metadona para adictos a la heroína en cinco ciudades del país y que una de las consideraciones del Gobierno es tratarlos «como enfermos y no como delincuentes».

La semana pasada el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sancionó la primera ley que reconoce la adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública.

En la iniciativa se «reconoce la enfermedad y garantiza el tratamiento integral» y por tanto los drogadictos deben ser tratados como enfermos y tienen derecho de pedir de manera voluntaria y recibir una «atención integral por parte del Estado».