En diálogo exclusivo con Confidencial Colombia, el fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre afirmó que no es partidario de que se archive completamente el proyecto de reforma a la Justicia. Rescata más de cinco iniciativas del proyecto de ley y no cree que los congresistas hayan planteado esta reforma buscando mecanismos de impunidad.
Contrario a casi todo el país, que exige a gritos que el proyecto de reforma a la Justicia sea archivado y olvidado en su totalidad, el fiscal Eduardo Montealegre sale en defensa de la polémica iniciativa que la semana pasada fue aprobada tanto en Senado como en Cámara.
Afirma que los congresistas no tramitaron ni propusieron esta reforma para buscar mecanismos de impunidad y cree que se perdió una gran oportunidad para superar críticas a la Constitución del 91, sobretodo en materia de administración de justicia.
Confidencial Colombia: Lo sucedido con la reforma a la Justicia hace creer que todavía existen intenciones de violentar los procesos establecidos por la ley y la Constitución, ¿cómo lee usted este caos?
Eduardo Montealegre: Lo que muestra este momento de crisis es que hay salidas institucionales. El gobierno nacional ha optado por una tesis heterodoxa en materia de control institucional y no se ha atenido a una interpretación literal de las normas de la constitución sino que ha acudido al mecanismo de objeción de un acto legislativo.
Tal vez es la primera vez en la historia del país en el que se produce este precedente y creo que la reacción del gobierno fue afortunada. Ese es el camino institucional correcto y el Presidente tiene tanto un respaldo importante como una interpretación acertada de las normas constitucionales para hacer esta objeción.
En momentos de crisis, como este, la institucionalidad colombiana funciona.
CC: Luego de dos años de debate, se viene al traste una reforma que era necesaria para el país, ¿cómo evalúa este proceso, que estuvo lleno de tensiones?
EM: Eso muestra que en Colombia funcional la institucionalidad, que la opinión pública y los medios juegan un papel muy importante al momento de construir las instituciones jurídicas del país. Ha sido un proceso muy difícil, con posiciones muy encontradas al interior de las mismas cortes, diversidad de criterios al interior de la rama jurisdiccional, etcétera.
Pero yo creo que el debate que se ha dado al interior del país muestra Colombia todavía le apuesta a la vía institucional. Tanto las críticas como las objeciones del Presidente lo que muestran es la fortaleza de las instituciones, de la sociedad civil, de los medios y de la rama en Colombia. Es una experiencia que debe servirle al país para futuros procesos.
CC: Pero casi lo logran… ¿por qué persisten esas presiones que algunos congresistas son capaces de ejercer para legislar a su acomodo?
EM: Hay muchos vacíos jurídicos sobre el tema de la competencia que tienen las comisiones de conciliación al interior del legislativo. No hay unas normas claras, unos precedentes concluyentes frente a lo que deben hacer las comisiones de conciliación.
La Corte Constitucional debe seguir debatiendo los alcances de estas comisiones, porque la jurisprudencia no ha sido concluyente frente al tema y estos entes tienen todavía un margen de interpretación debido a que se sigue sosteniendo la tesis de que las comisiones de conciliación tienen una gabela de configuración para armonizar textos de Cámara y Senado.
Hay unos límites en el sentido de que deben tener como referencia lo decidido tanto en la plenaria del Senado como en la plenaria de la Cámara y no pueden incluir artículos que no hayan sido, por lo menos, discutidos o debatidos en estas corporaciones.
CC: ¿Hay algo de esta reforma que le parezca conveniente?
EM: En la reforma hay normas muy importantes. La facultad que se la da al Congreso de dar funciones jurisdiccionales a notarios, abogados, árbitros, cámaras de comercio y centros de conciliación es una iniciativa importante para lograr el acceso de la ciudadanía la administración de justicia.
También había unas ideas importantes en materia presupuestal porque fortalecían tanto el presupuesto como la autonomía presupuestal de la rama, creo que también había un rediseño en materia de administración de justicia en el que les daba mayor participación a los funcionarios de la rama en el manejo de los temas.
Había normas importantes en materia de fortalecimiento de la autonomía con un rediseño de la rama jurisdiccional, el tema de que el Consejo Superior de la Judicatura iba a ser integrado con base en ternas que serían emitidas por las altas cortes también era importante y benéfico para el país.
La reforma a la Justicia, a pesar de los defectos, tenía o tiene unas disposiciones muy rescatables sobre las cuales se tiene que seguir reflexionando para modificar este texto o para crear uno nuevo.
CC: El artículo 17 es el que encarna el gran ‘mico’ porque le quita a la competencia a la Fiscalía de investigar a los aforados, ¿ en qué momento apareció esto y cómo no se dio cuenta del artículo ese día de la conciliación, si estuvo presente?
EM: Ese era un tema que se venía debatiendo en sesiones anteriores. Había una propuesta de 2 meses atrás donde se establecía que se le quitaba la competencia a la Fiscalía General de la Nación para investigar y acusar aforados, como ministros y embajadores.
En su momento yo llamé la atención sobre esa norma, me opuse a esa iniciativa tan es así que en los textos que aprobaron las plenarias de Cámara y Senado no se le quitaba la competencia a la Fiscalía. Semanas atrás manifesté mis objeciones a esa norma porque no la consideraba conveniente para la institucionalidad porque la nueva comisión no tiene la suficiente infraestructura para recibir la investigación y juzgamiento de esos aforados.
El día anterior a que se aprobara en Cámara y Senado las decisiones y el texto de la comisión de conciliación, le expresé a los miembros de esa comisión mis preocupaciones sobre la regulación en el tema del fuero integral para Presidente, Vicepresidente, magistrados de las altas cortes y Fiscal General.
Les reiteré que creo que no se debe privar a estos servidores del fuero integral que en este momento les concede la Constitución. Pienso que había ciertas normas que estaban debilitando ese instrumento que es una garantía institucional de independencia y de autonomía y por eso los reparos y las objeciones.
CC: ¿Hay algún indicio de cómo se ‘coló’ ese artículo en la reforma?
EM: No, esa era una norma que venía caminando pero el día de la conciliación no sé cómo vuelve a aparecer el tema. Esa idea ya se había planteado en sesiones anteriores del Congreso aunque también desconozco quién emitió la iniciativa.
Reitero que le hice mis reparos a la norma, que no fue tenida en cuenta en las plenarias de Cámara y Senado y que surgió súbitamente el día de la conciliación. Y también reitero que es una norma inconveniente.
CC: Cuando surgieron los procesos de parapolítica, se crearon mecanismos para poder juzgar a los congresistas de manera vehemente y apropiada, ¿cree usted que esta reforma es una idea del Congreso para quitarse esa ‘mano pesada’ de la justicia?
EM: Yo no le daría esa lectura a la actuación del Congreso de la República. No creo que exista una intención deliberada del Congreso de aprobar normas para buscar impunidad en investigaciones.
Creo que la norma en cuanto a la creación de una nueva comisión de investigaciones dentro de la Corte Suprema de Justicia obedece a un debate que se ha dado en el país y en el que se afirma que no es bueno que se mantenga un sistema inquisitivo para la investigación y juzgamiento de los congresistas.
También se ha dicho que es importante que esté separada la función de investigación y la función de juzgamiento para los congresistas, la necesidad de una segunda instancia para los congresistas. Esa norma que se sacó recoge un debate que se ha dado en Colombia y no comparto la opinión de que los congresistas pretendan buscar la impunidad.
Entre más garantista sea la Constitución en materia de investigación y juzgamiento no solo de congresistas sino frente a todos los ciudadanos, se avanza en la consolidación del Estado de Derecho.
Yo nunca participé de la opinión de esa forma de investigación y juzgamiento de congresistas, creo que debe existir un sistema de fortalecimiento de las garantías para el Congreso y para todos los ciudadanos. Mi idea es que existiera un sistema acusatorio, que la Fiscalía General acuse y la Corte Suprema, en dos instancias, investigue.
Ellos optaron por una fórmula de no sistema acusatorio, yo respeto esa decisión aunque no la puedo compartir porque yo prefería un sistema de investigación y acusación por parte de la Fiscalía. De todos modos, no puedo dar la lectura de que la reforma sea en busca de la impunidad.
Si bien estoy de acuerdo con cualquier reforma que busque garantías para los ciudadanos, creo que existieron fallas en cuanto a las fórmulas de transición, de cómo pasar del sistema actual a un nuevo sistema. Y hubo una equivocación en pasar a todos los aforados allá.
CC: ¿Siente que la reforma sí viola la Constitución del 91?
EM: Creo que en la comisión de conciliación hubo equivocaciones, en el sentido que no se incluyeron normas de transición para la reforma. Hay una equivocación en pasar la investigación y acusación que tiene la Fiscalía para ministros, embajadores y generales de la República a esa nueva comisión cuando todavía no hay infraestructura suficiente para llevar esos procesos.
Lo preferible habría sido unas buenas normas de transición, la reforma también obedece a unas discusiones en el país y lamentablemente se pierde una gran oportunidad para superar críticas institucionales a mecanismos de la constitución del 91, como el poco funcionamiento del sistema de administración de justicia, el tema de investigación y juzgamiento a congresistas, los temas de pérdida de investidura y garantías.
