Guillermo Sinisterra
Esta semana vivimos las reacciones de diferentes sectores al desafortunado asesinato de una abogado de 46 años y padre de dos hijos, Javier Ordoñez. Algunas fuentes informativas se centraron en los daños materiales, los cuales son irrelevantes en este caso, dada la gravedad de lo ocurrido. Quince mil millones de pesos costarían los destrozos hechos a estaciones y buses de Transmilenio. Además, más de cincuenta y cinco CAIs fueron vandalizados o destruidos por completo, lo que genera pérdidas por siete mil millones de pesos aproximadamente. Duelen mucho más las 11 personas que hasta ahora han perdido sus vidas por las protestas y la más de 60 recibieron impactos de bala, incluyendo algunos policías. Algunas de las personas heridas o muertas, ni siquiera estaban participando de las protestas.
La razón por la cual estas cifras son irrelevantes es porque hay mucho mas en el fondo de esta situación que los daños materiales. La brutalidad policial o el exceso de la fuerza pública contra ciudadanos inermes, es una constante en nuestro país y existen múltiples episodios que han sido documentados sobre este fenómeno. Tal vez los mas icónicos son los de Diego Felipe Becerra (el grafitero), Dilan Cruz y ahora el de Javier Ordoñez[1].
Es un fenómeno que se da por varias razones. La primera es porque el arreglo institucional así lo permite, si dos servidores públicos tienen la oportunidad de golpear sin ninguna clase de restricción a un ciudadano que les es incómodo o que es grosero a pesar de estar siendo grabados, es porque saben que las consecuencias de sus actos serán leves. Por ejemplo, los cobija la justicia penal militar a pesar de que la policía presta un servicio civil. El largo conflicto de nuestro país obligó a que así fuera, ya que en muchas áreas rurales la única presencia del Estado era la policía por lo que tenía sentido que estuvieran cubiertas con el mismo fuero que los militares.
La segunda razón, es porque existe la solidaridad de cuerpo que hace que los miembros de la institución se solidaricen con otros miembros que hayan cometido errores u omisiones, generando impunidad.
También existe el concepto de blanco legítimo, según el general Sergio Mantilla quien era el comandante de las fuerzas militares en 2013[2] : “El blanco legítimo es cualquier miembro de un grupo armado que cumple una función relacionada con las hostilidades y también cualquier civil que participe directamente en las hostilidades mientras dure su participación”. Se puede argumentar que un ciudadano borracho y agresivo es un peligro para su entorno y su agresividad en contra de la fuerza pública lo convierte en un blanco legítimo.
La otra razón es la inercia, son procedimientos que siempre se han realizado así y a los cuales se les da trámite como normales, prueba de esto es que a los agentes no les importó que los estuvieran grabando, siguieron como si nada electrocutando a Javier.
La violencia de algunos manifestantes es imperdonable y puso en riesgo la vida de policías que actuaron en legítima defensa, aunque en algunos videos se evidenció que hubo policías que llegaban en motos disparando indiscriminadamente.
La pedida de perdón por estos hechos llegó tarde, un general de la policía fue en persona a visitar a la familia después de la primera noche de destrozos. El ministro de defensa solo llegó después de tres días. El presidente dejó claro que no se puede llamar asesinos a los policías, pero se negó a pedir perdón en público con la alcaldesa, a pesar de que es él, el jefe máximo de dicha institución.
La policía es una institución que ha prestado un servicio oportuno y necesario en muchas ocasiones y conozco a varios policías dedicados y preocupados por la comunidad. Las voces que dicen que se debería acabar están entre la ingenuidad y la irresponsabilidad, no creo que vivan en Colombia.
Pero eso no quiere decir que a nivel institucional aún exista excesiva permisividad con acciones como las que llevaron a la muerte de Javier y esto da una oportunidad para mejorar. Sin embargo, el primer requisito para mejorar es la autorreflexión, el reconocimiento de que hay problemas, la voluntad política para cambiarlo y desarrollar estrategias que deben ir hasta la etapa de selección y formativa de los policías y elaborar los instrumentos de capacitación y los nuevos manuales de procedimiento.
A pesar del malestar ciudadano, que se puede seguir manifestando con violencia, el gobierno nacional se niega a tomar medidas para mejorar la institución, seguimos con el cuento de las manzanas podridas y los casos aislados, aunque la experiencia muestra que estos abusos son sistemáticos. Desconocen que, de no hacer una revisión a fondo, solo se va a agravar la desconfianza que la comunidad tiene en la misma y también incentivará que algunos avivatos aprovechen para crear caos y destrucción de manera sistemática. Aunque a estos también podríamos llamarlos manzanas podridas y no hacer nada al respecto.
[1] Para más casos sobre abusos policiales recientes: https://www.hrw.org/es/news/2020/03/10/colombia-abusos-policiales-en-el-contexto-de-manifestaciones-multitudinarias
[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-justicia-penal-militar-tendra-que-reinventarse/
