El Juzgado Cincuenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá negó la acción de tutela instaurada por el concejal Juan Baena Merlano en contra de Ágata, Agencia Analítica de Datos, respecto al acceso a la información financiera y presupuestal de la compañía, ratificando la inexistencia de vulneración alguna al derecho fundamental de petición.

Agata se encuentra constituida como una sociedad comercial con régimen de derecho privado, razón por la que solicitó autorización a la Asamblea de Accionistas para enviar al Concejo de Bogotá la información general financiera y presupuestal de la compañía, la cuál fue enviada el lunes 27 de marzo a los concejales citantes a un debate de control político.

El concejal del Nuevo Liberalismo, Juan Baena, solicitó información para un debate de control político que tuvo lugar en el cabildo distrital, preguntando por el destino que le está dando a los 36.400 millones de pesos para ejecutar su misión.

«“¿Qué hace Agata con la plata? ¡No sabemos! porque se niega a entregarle al Concejo de Bogotá la información referente a su planeación presupuestal diciendo que es privada. A sabiendas que la Agencia es una sociedad de economía mixta vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, creada con recursos públicos de entidades como la ETB, el Grupo de Energía Bogotá, Catastro Bogotá, Acueducto de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación, lo que faculta al Concejo para hacerle control político”, dijo en su momento Baena.

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Por su parte, Agata dejó claro que los recursos aportados  por sus socios han cumplido a cabalidad con lo descrito en el Plan de Negocios aprobado por su Asamblea General de Accionistas, «superando metas de ingresos y generando eficiencias de gastos que la consolidan como una entidad con estabilidad financiera, predominando en su actuar la transparencia y el cumplimiento de su misionalidad».

Añadió en el comunicado  que el manejo de los recursos aportados no solo ha sido bueno a la luz de la administración y de sus órganos colegiados, sino que también ha sido auditado por las entidades competentes, en particular por la Contraloría de Bogotá, quien instaló una auditoría sin encontrar ninguna incidencia disciplinaria, fiscal ni penal.