Por: Juan Camilo Castellanos M.
Las Juntas Administradoras Locales (J.A.L.), son el escenario de mayor intensidad democrática que pueda existir, son cuerpos colegiados de verdaderas decisiones, bueno, aún les queda un poco de ello luego del huracán Claudia López y su centralismo desbordado que casi las acaba, estos estamentos donde se hace control político a lo local y distrital e incluso me atrevo a decir que, a cualquier orden, siempre y cuando sean recursos públicos sobre los cuales recaiga dicho control según mandato del artículo 318 de la carta superior, es decir, es un mandato constitucional.
El próximo alcalde mayor si quiere pasar a la historia de la ciudad como un verdadero líder o lideresa, debe entender su dinámica y en primera medida, debiera fortalecerlas, generándoles mayor capacitación, pero a la vez mayores herramientas de apoyo en personal que les ayude a hacer un control normativo, jurídico y técnico en cuanto a la vigilancia de obras de infraestructura, verificación y seguimiento de cláusulas contractuales, así como de seguimiento a estudios de mercado que se hacen desde las Alcaldías Locales con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local.
Es aquí donde está el verdadero y gran control de los recursos públicos de la ciudad, si miramos, los grandes desagües del presupuesto público de la ciudad, no se da en los grandes contratos, sino en la cantidad de contratos de menor y mínima cuantía, que son a dedo en más de un 53% aproximadamente según datos de la Contraloría Distrital, ente que a 25 de agosto de 2022, le informó a la ciudad que había ejercido un control fiscal con más de 81 hallazgos fiscales por $61.684 millones, en 14 sectores del Distrito Capital. Ese monto es parecido al de la cartera vencida de la Subred de salud de centro oriente, que llega a los $61 mil millones.
Pues bien, son las J.A.L. precisamente las corporaciones llamadas a hacer este primer e inmediato control por una sencilla razón, las obras, son realizadas principalmente por criterios territoriales, las obras muchas veces pertenecen al nivel central como contratante, otras veces directamente a las localidades, pero en ambos casos son las localidades las que sufren y observan de primera mano las circunstancias desfavorables que se presentan en la ejecución de obras y contratos de todos los temas habidos y por haber.
Por ello, si los Ediles y Edilesas tuvieran un mayor apoyo técnico y jurídico tendrían mayores posibilidades de elevar el nivel del debate de control político, esto generaría desconcentración del control político que adelanta el Concejo de la ciudad y que no siempre tienen en la agenda, precisamente porque esa agenda muchas veces está cargada de los grandes temas de la ciudad, cupos de endeudamiento, planes de desarrollo, elecciones de personeros y contralores, en fin.
Mientras esto sucede, en los territorios locales, se hacen 3 o 6 contratos de capacitación a artesanos, mujeres productoras, copacos, veedurías sociales, comunales etc., actores sociales que ya han asistido a muchas “capacitaciones” y ven en estos programas poca innovación y pertinencia de temas, como aquellos donde quieren enseñarle a vender joyas a los joyeros, artesanías a los artesanos, productos varios a los tenderos y así sucesivamente.
Estos encuentros, terminan desolados en los salones comunales y casas comunitarias, con los refrigerios siendo entregados a los vecinos del sector para que pongan la firma y legalizar el contrato de refrigerios, que suele ser a parte de las capacitaciones y del alquiler del lugar del encuentro con la comunidad increíblemente.
Ni que hablar de aquellos de malla vial o andenes, muchas veces interminables, con infinitas adiciones y suspensiones, solo porque se montan sobre la base de pliegos tipos sin conocer las dinámicas propias de los territorios, pero que a su vez son tan aislados que muchas veces, ni los entes de control logran llegar a hacerles un efectivo control y quienes sí podrían hacerlo y lo hacen de hecho, son los Ediles y edilesas, pero muchas veces por la falta de apoyo técnico y jurídico los debates se quedan en el aislamiento y nada pasa.
De manera que sería muy interesante que el próximo alcalde piense en una verdadera descentralización administrativa, la que se funda en el verdadero ejercicio de planeación, ejecución desde las alcaldías locales con apoyo del nivel central, bien sea Secretaria de Planeación o el I.D.U. etc., y un verdadero control que le beneficia al final al gobierno distrital y por supuesto a la ciudadanía que está harta de que se mal gasten o se roben los recursos públicos.
Bien podría evitarse todo un desangre si se invierte en personal que le genere apoyo técnico y jurídico a los ediles y edilesas de la ciudad, unas Unidades de Apoyo Normativo como las de los Concejales, acorde y proporcional a cada J.A.L., que incluso pueden ser parte de la nómina bien sea del Fondo de Desarrollo Local o de Secretaria de Gobierno.
Como sé que el distrito ante esta idea piensa inmediatamente en el presupuesto, pues que lo saquen bajándole a la burocracia en tantas entidades que tienen asesores de los asesores, o que se los asignen a la J.A.L. y sus corporados, finalmente habrá que entender que el presupuesto de Suba o Kennedy, localidades más grandes que Bucaramanga o Barranquilla, no puede ser controlado por una J.A.L. de 11 Ediles a quienes les toca preparar sus debates de manera autónoma, sin ayuda de nadie para cuidar presupuestos tan enormes como los de departamentos enteros del país.
Tocará hacer un versus entre costos y beneficios, estoy seguro que gana el rubro de beneficios en recuperación o impedimentos al detrimento patrimonial de la ciudad, un alcalde inteligente entenderá que es mejor que le avisen lo que esta funcionando mal desde abajo, generaría una cultura del control político que a su vez se convertiría en una buena plataforma para aquellos que quieran surgir en sus carreras políticas, un incentivo clave.
