El interrogante del cómo hacer la paz, recorre las reuniones de las organizaciones ciudadanas y diversos escenarios de encuentro social, incentivando la elaboración de propuestas tendientes a encontrar las rutas que logren la transformación pacífica y definitiva del conflicto armado, para abordar, con la necesaria participación ciudadana que debe enriquecer y legitimar lo acordado, las múltiples causas que lo retroalimentan.
Será muy importante que se instalen prontamente todas las mesas previstas de negociaciones entre el Gobierno Nacional y las diversas expresiones armadas de alto impacto nacional y territorial, diferenciando las negociaciones con las organizaciones guerrilleras, atendiendo a su reconocimiento como grupos armados de carácter político que incurren en delitos comunes y las negociaciones con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que incurren en delitos políticos.
La sociedad está dispuesta a acompañar y participar, pero los grupos deben decidirse rápidamente a participar del proceso y lograr el respaldo de la gente.
Hay que reconocer que la política para construir la paz, transforma e incide sobre lo jurídico, y que la institucionalidad y la sociedad evolucionan con mayor comprensión y flexibilidad a la hora de encarar las iniciativas. Para encontrar salidas, seguramente será necesario ir más allá de la tradición jurídica que caracteriza el delito político. Se debe avanzar en desescalar la intensidad de la confrontación, pactar ceses al fuego y de hostilidades bilaterales y promover el cese al fuego multilateral. Las organizaciones de la recién instalada Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz-MENISP, han ratificado sus dispocisión de acompañar y de vincularse a los espacios de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades que se pacten.
Para las organizaciones y esperamos que para el Gobierno Nacional y los Grupos Armados No Estatales, se debe avanzar en alcanzar preacuerdos que dejen establecidas algunas premisas, dentro de las cuáles se pueden asumir las siguientes: a) Dejar claridad que se negocia para alcanzar un acuerdo que propenda por la superación de las múltiples causas que retroalimentan el conflicto; b) y para avanzar en el desarrollo efectivo del Estado Social de Derecho, dando como resultado la dejación de armas y su monopolio por parte del Estado, las garantías de no repetición, lo que lleva implícito el abandono de toda acción violenta y delincuencial, la exclusión de las armas de la política y avanzar en garantías efectivas a la reincorporación social, económica y política de los excombatientes. Se debe insistir en que todas las mesas de diálogo se desarrollen en territorio colombiano. En ese sentido el Consejo Regional Indígena del Cauca-Nacional, ha ratificado el ofrecimiento para que los diálogos se adelanten en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas vinculados a esta organización.
Al tiempo que avanzan los diálogos con las organizaciones armadas, se deben instalar con el mismo compromiso y responsabilidad, espacios de diálogo y construcción de acuerdos entre sectores sociales que mantienen conflictos, que manifiestan diferentes formas de ver la política y la economía o que mantienen contradicciones territoriales y nacionales. Mesas de diálogo sobre los temas que alejan o acercan a la sociedad, en donde participen gremios económicos, empresas, organizaciones sociales, comunitarias, étnicas, juveniles, LGBTIQ+, víctimas, de discapacidad, de mujeres, sindicales, etc., teniendo en cuenta las múltiples causas que alimentan el conflicto armado y los territorios en donde estos temas impacten negativamente con mayor fuerza. Estas mesas deberán construir planes territoriales, como componentes de un gran plan (acuerdo) nacional de paz y reconciliación.
Ojalá los grupos armados se comprometan a profundidad, de tal forma que en estos espacios de diálogo social se posibilite su participación y por supuesto la del gobierno. Espacios que deben ser dinamizados por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, bajo el marco del Plan Nacional y los Planes territoriales de Desarrollo, acompañados por garantes que observen especial interés en los temas o en los territorios. Las autoridades tradicionales étnicas deberán ser las responsables de promover e instalar mesas de diálogo y definir los enfoques temáticos en los territorios de su jurisdicción. Adicionalmente, se deben prever mecanismos de decisión o refrendación ciudadana en caso de que, por ninguna de las rutas o escenarios establecidos, se logren acuerdos sobre un tema específico. En ese sentido se pueden convocar Asambleas Ciudadanas, o consultas ciudadanas territoriales o nacionales según sea el caso. El Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, pueden asumir la tarea de convocar, coordinar y dinamizar estos espacios de diálogo y concertación social.
La paz será posible si se abren con generosidad y compromiso, espacios ciudadanos de participación y decisión, y si estos espacios no excluyen a ningún sector social, por muy profundas que sean las diferencias. De eso se trata un proceso de paz, de reconciliar a una sociedad tan fracturada como la colombiana, afectada por más de 60 años de violencias de todo tipo.
