Hace solo 15 días en un artículo similar exponía el drama de los ingenieros contratistas debido a la endemia de la corrupción: es tan generalizada que, o ceden a sus condiciones o terminan de ser empresarios. Advertía que la Ley 80 dejaba los mecanismos para casos de emergencia, en los cuales el Estado debía actuar con suma urgencia, y que era razonable, siempre y cuando se aplicara bien. La pandemia claramente es un caso de estos, que hay que actuar con rapidez estratégica, lo cual no es igual a urgencia para hacer lo que toque sin pensar mucho. De hecho, la investigación de la Fundación Pares (Un acuerdo para la corrupción, El Espectador, Ariel Avila, y documento de la fundación) recién salido, muestra cómo se han implementado las medidas a lo largo de casi un año, tiempo suficiente como para no burlarse el sistema de transparencia en la contratación estatal que establece la ley.
Una cosa es salir a ayudar ya a personas que se están muriendo de hambre y no tienen techo, y otra muy diferente es planificar las mismas ayudas para el próximo mes y meses subsiguientes. Y si no hay tiempo para los engorrosos procesos (que no deberían serlo tampoco), lo que no se puede perder nunca es la trasparencia. No obstante haya que salir a contratar recursos en urgencia extrema, el funcionario del rango que sea tiene que poder demostrar su trasparencia. ¿O es que se entiende que el Estado de Emergencia es la entrada a la fiesta de la corrupción?
En las empresas privadas que siempre andan “cuidando hasta el último centavo”, cuando se presenta una emergencia se actúa con urgencia en un frente de atención inmediata, y se estabiliza el trabajo cuidadoso de recuperación en otro frente simultáneo. Normal, para que la emergencia no termine con todo. Después de 1 año de pandemia el Gobierno sigue actuando en urgencia, lo cual le permite saltarse todos los controles. Controles, que de paso no existen en la práctica, porque la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía están manejadas por el mismo Gobierno al haber logrado que sus cabezas le sean afines y leales, un verdadero exabrupto para la democracia que debería estar absolutamente prohibido en la ley; un mal legado de la última constitución. En un ambiente de corrupción generalizada como el que tenemos en el país, no hay lugar para sorpresas, la falta de trasparencia de inmediato induce a pensar que se ha maquinado para permitir la corrupción. Nos debe quedar así de claro: falta de trasparencia, presunta corrupción.
Según la investigación de Pares, el Gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME en el Ministerio de Hacienda y una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad a su vez adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que le maneja al Ministerio de Salud el gasto para este propósito, con duplicación de funciones y ambos manejados con régimen privado (no obligación de procesos de selección objetiva y en cambio contratación directa “a dedo” como se le conoce), y éste último con una novedad especial: un acuerdo de confidencialidad que trata de impedir que se sepa qué están haciendo, es decir arrollando la trasparencia. Este sofisticado entramado no puede ser creado por personas de baja experiencia en estos asuntos ni mucho menos de poco rango; cuando emerja el escándalo tarde o temprano, no nos vayan a salir después con que era a sus espaldas, del presidente de la República, del Ministro de Hacienda y del Ministro de Salud, que podría estar siendo el idiota útil de la tramoya (parte que queda oculta en un asunto o negocio).
Afirmaba en el artículo anterior citado, en una sentida síntesis que la corrupción no solo nos roba los recursos monetarios, ¡no!; principalmente nos roba la esperanza de prosperidad a todos. Pero es que en este caso es aún más sensible. La corrupción en el manejo de la pandemia no solo nos robaría la esperanza de un futuro mejor, nos robaría la vida misma ya. Se traduciría de inmediato a un menor número de vacunados, un mayor tiempo de vacunación, unas vacunas deficientes…; todo esto apunta a una pandemia más larga y por ende con más muertos y más pobres. Sin hablar de las menores ayudas que podrían hacer aguantar a más gente pobre, o recién llegada a la pobreza con la pandemia, dependiendo del manejo defectuoso que el Gobierno haga.
¡Habrase visto semejante infamia! hubieran dicho personas mayores, usando la máxima expresión decente para la maldad y la vileza. Los jóvenes de estos tiempos prefieren palabras soeces que reducen la frase, a una más directa y que dependiendo del tono, la velocidad y la furia, tiene diferente significado. El lector ya sabrá cual.
@refonsecaz Ingeniero, Consultor en Competitividad.
