Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que durante el primer trimestre del año se desembolsaron créditos por valor de $5.209.385 millones de pesos corrientes para compra de vivienda. De esta cifra, $3.729.578 millones fueron créditos de vivienda y $1.479.807 millones fueron para adquisición de leasing habitacional.

Al respecto, Johann García, Coordinador de la Tecnología en Gestión Bancaria del Politécnico Grancolombiano, explica la relación que existe entre la inflación y los créditos de vivienda.

En Colombia, muchos de los créditos de vivienda se otorgan con una tasa que se denomina UVR (Unidad de Valor Real) la cual permite que un crédito hipotecario sea expresado en una unidad que aumenta o disminuye al mismo tiempo que la inflación del país, más unos puntos adicionales ligados al IPC (Índice de Precios al Consumidor).

En la medida en que el IPC se aumenta con relación a la inflación, los deudores de créditos de vivienda se verán afectados, puesto que les va a encarecer el pago de la cuota y el costo de la vivienda. Es por ello, que muchas personas cuando acceden a este tipo de créditos prefieren la cuota fija en pesos, dado que saben cuál es el valor de la cuota al conocer también la tasa de interés; mientras que, al adquirir un crédito UVR, el comportamiento es impredecible al estar atado al IPC.

Por lo tanto, si bien es cierto que en el 2020 el IPC estuvo por debajo del 2 % y la UVR no tuvo una variación representativa, para los dos siguientes años este cambió. En el 2021, la tasa del IPC fue más del 5 % y, para el 2022, se presenta un IPC que va en 10,21 %. Por efecto de la inflación y la variación UVR, se ha visto un incremento en el valor de las cuotas para los deudores hipotecarios.

El docente también aclara que, los bancos o los intermediarios financieros se ven afectados en la medida que el crédito se encarece, debido a que la demanda de créditos disminuye por parte de las empresas y personas. Es por eso que los intermediarios financieros buscan tratar de protegerse y canalizar los recursos de los agentes económicos que tienen excedentes a través de las captaciones y colocar esos recursos con una tasa de interés variable atada a la inflación.

Esto lo realizan a través de los diferentes productos como los CDT (Certificado de Depósito a Término) o los CDAT (Certificado de Depósito de Ahorro a Término) con tasas más elevadas, transfiriendo así un mayor costo a las empresas o personas que requieren crédito; sin embargo, ese mayor costo en el que incurren las entidades financieras se lo trasladan a los deudores, con el objetivo de que los bancos puedan manejar un margen, teniendo en cuenta que les cuesta más captar recursos porque la tasa de interés del Banco de la República ha subido.

Además, dicha captación se maneja a través de un referente como el DTF (Depósito a Término Fijo) que es el promedio que pagan las entidades financieras por los depósitos a 90 días. En la medida en que los CDT se calculan por los DTF, la tasa aumenta y es trasferida a la hora de adquirir un crédito por parte de las empresas, quienes utilizan generalmente créditos que no son con tasa fija, sino con tasas variables; en otras palabras, con unos índices como la UVR (Unidad de valor real), IBR (Indicador Bancario de Referencia) o a través de la APR (Tasa Porcentual Anual).

Por esta razón, requieren buscar cómo su rentabilidad o margen de intermediación no los perjudique, sino los beneficie. Para eso, son más rigurosos a la hora de hacer un estudio de crédito, teniendo en cuenta que el riesgo para las entidades financieras es más latente ante una economía inflacionaria, dado que se generan muchas expectativas e incertidumbre.