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Confidencial Noticias 2025


Foto: tomada de europapress.com

La coalición opositora Chile Vamos ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional para revocar los indultos concedidos a finales de diciembre por el presidente del país, Gabriel Boric, a más de una decena de manifestantes detenidos durante las protestas sociales de finales de 2019.

Según ha detallado Francisco Chahúan, presidente de Renovación Nacional –formación integrante de Chile Vamos– el recurso tiene como principal objetivo revisar «desde el punto de vista jurídico» el indulto concedido a siete de los beneficiados por la medida de gracia de Boric.

«Algunos decretos no están fundados adecuadamente: hay errores de forma en términos de la referencia a los articulados que pudieran permitir que estas personas sean indultadas. No solamente hay errores de hecho, hay errores de forma en los decretos», ha aseverado.

En este sentido, Chahuán ha reconocido que esperan del presidente Boric «una señal» y le ha pedido que «deje sin efecto» unos indultos que desde el día de su anuncio han generado polémica en Chile e incluso han provocado la salida de Marcela Ríos al frente del Ministerio de Justicia.

Por su parte, el presidente de Unión Democrática Independiente, Javier Macaya, ha asegurado que en otras ocasiones se han respetado los indultos cuando han estado motivados por cuestiones humanitarias o razones de salud.

«Pero cuando un indulto se otorga por consideraciones políticas, evidentemente entra en una contradicción que para nosotros es fundamentalmente política y esperamos resolverla», ha aseverado Macaya, según recoge la cadena de televisión chilena T13.

El presidente Boric concedió a finales de 2022 una serie de indultos que desde el primer momento generaron polémica y las críticas de la oposición, que se intensificaron después de comprobar que en el proceso de perdón no se había cumplido una de las principales premisas: que el beneficiado no tuviera antecedentes.

Así pues, el Gobierno concedió el indulto a más de una decena de manifestantes entre los que se encontraba Luis Castillo, quien había sido condenado previamente por cinco delitos comunes entre el año 2005 y 2017, según recoge la prensa chilena.

El Gobierno chileno reconoció entonces una serie de «desprolijidades» que se saldaron con la mencionada salida de Ríos y la de Matías Meza-Lopehandía como jefe de Gabinete. El propio Boric salió entonces al paso para reconocer que cuando se dan este tipo de situaciones, se deben «asumir responsabilidades».

Según una encuesta elaborada por Cadem, un 72 por ciento de la población chilena está en contra de estos indultos, mientras que un 37 por ciento considera que habría que revocarlos todos, independientemente de si hay antecedentes o no.

Más allá de los manifestantes, el Gobierno concedió el perdón también al exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna, cuya medida de gracia recava aún menos apoyos. El 81 por ciento de los encuestados está en contra de su indulto.

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