La investigación de la Fiscalía General de la Nación recopiló el suficiente material para pedir la imputación del exgobernador del Casanare, Nelson Ricardo Mariño, posibles irregularidades en el trámite y celebración de un convenio suscrito en 2012, entre la Gobernación de Casanare y una caja de compensación del departamento.

El contrato se firmó con el objeto de garantizar el servicio de restaurante escolar para 62.825 estudiantes de 10 municipios, celebrado de manera directa por un monto de 18.294 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, este contrato requería una licitación pública para garantizar la participación de otros oferentes.

En ese sentido, el citado convenio habría sido direccionado para beneficiar a la caja de compensación, que no contaba con la capacidad técnica, operativa y financiera para atender las necesidades alimentarias. En consecuencia, la entidad terminó por tercerizar la responsabilidad adquirida, a través de un contrato suscrito con una unión temporal por un valor superior a los 16.694 millones de pesos, que aumento el costo de las raciones.

La investigación puso en evidencia la indebida disposición de recursos públicos asignados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), materializada en el reconocimiento y pago de rubros de legalización, contribuciones, pólizas, entre otros conceptos por una cuantía que ascendió a 794 millones de pesos, girados en favor de la caja de compensación.

Por todo lo anterior, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Los cargos no fueron aceptados

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