Este martes la Juez 30 de Garantías que lleva el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por compra de testigos y fraude procesal, tomó una decisión que puede enredar el futuro jurídico del jefe del partido de Gobierno.
Cuando se esperaba que la Juez definiera la solicitud de los abogados de Uribe de revocar la medida de aseguramiento que pesa contra el ex mandatario por orden de la Sala Primera de Instrucción de la Corte Suprema, ya que el proceso fue remitido de ese tribunal a la Fiscalía; la Juez reveló una decisión que por ahora dejará en veremos los anhelos de Uribe y sus abogados.
La togada no sólo no definió la solicitud interpuesta por la defensa, sino que nuevamente envío el caso a la Corte Suprema de Justicia para que en Sala Plena establezca cuál sistema judicial debe aplicarse al caso del ex presidente Uribe en la justicia ordinaria.
Si el proceso continúa bajo la ley 600 será la Fiscalía la responsable de tomar la decisión sobre la libertad de Uribe. Si pasa al sistema penal acusatorio, la decisión tendrá que tomarla un juez de control de garantías.
La suspensión de la audiencia se produjo el pasado 16 de septiembre para que la jueza en cuestión pasase a valorar si hay jurisprudencia o no para declararse competente para resolver la situación actual de Uribe después de que la defensa de una de las partes afectadas, el senador Iván Cepeda, defendiera que la magistrada no contaba con las competencias legales para dejar libre a Uribe.
El exmandatario tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.
Este caso se trata de una investigación por supuestos delitos de fraude electoral y manipulación de testigos, surgido después de que el propio expresidente iniciara un proceso contra el senador Cepeda, a quien denunció por dirigir una supuesta red de manipulación de testigos para acusarle por vínculos con paramilitares.
Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio Uribe, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador del Polo Democrático en algunas cárceles acusando al expresidente no fueron producto de manipulación ni de pagos.
La defensa de Uribe, al igual que la Fiscalía, se ha opuesto a las peticiones de las víctimas y ha defendido que el proceso debe someterse a la ley 906, norma que rige la justicia ordinaria, ya que el acusado ya no tiene fuero constitucional.
