La Contraloría General de la República dio a conocer un hallazgo fiscal derivados de una gestión de pagos por más de 692 millones de pesos realizados por la Unidad Para las Víctimas entre los años 2012 y 2020.
La investigación del ente de control estableció que se hicieron giros desde la Unidad hacia operadores bancarios de recursos a beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia. La Contraloría encontró además, pagos realizados por operadores bancarios a beneficiarios fallecidos con posterioridad a los traslados de recursos desde la UARIV.
La Unidad Para las Víctimas recordó que la entidad instauró 488 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por delitos asociados a falso testimonio, fraude procesal y fraude en el Registro Único de Víctima, entre otros.
“En aplicación de las medidas contra actos irregulares, fueron denunciadas 41.312 falsas víctimas, que fueron excluidas del Registro Único”, aseguró la entidad en un comunicado.
Así mismo, la Oficina Asesora Jurídica reportó que en el año 2021 se logró una recuperación de $8.697.135 en el marco de procesos penales y diligencias suscritas bajo la figura del Principio de Oportunidad.
L a Contraloría busca aclarar la situación de los giros que estarían llegando a personas fallecidas, sin hablar de un “cartel de víctimas del conflicto muertas”.
La investigación involucra las direcciones en la entidad de Paula Gaviria, Alan Jara, Yolanda Pinto y Ramón Rodríguez.
