Los presidentes de la Cámara de Representantes de Colombia, Jennifer Arias, y del Senado, Juan Diego Gómez, respectivamente, han enviado una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que la acusan de tratar de «interferir» en la soberanía del país en relación con el caso de la destitución del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Así, Gómez y Arias han arremetido contra la postura de la corte respecto a la reforma aprobada recientemente por el Congreso sobre la Procuraduría del país, lo que ha permitido crear más de 1.200 nuevos cargos, si bien no resuelve la cuestión de Petro como la CoIDH solicitaba.

La polémica entre las partes aumenta, ahora a raíz de un aumento de la burocracia en la Procuraduría debido, precisamente, a la creación de estos nuevos cargos. El organismo advirtió previamente de que Colombia no está cumpliendo con el fallo sobre el caso Petro y ha señalado que la reforma supondrá un coste de 12.000 millones de pesos (516 millones de euros) al Estado.

La corte emitió un documento a finales de noviembre en el que concluye que la reforma aprobada por el Congreso en junio no se ajusta con el fallo sobre la destitución de Petro. La corte indicaba entonces que la Procuraduría, como órgano administrativo, no podía restringir los derechos políticos de los funcionarios elegidos mediante voto popular, como era el caso de Petro, y señaló así que no era posible destituir o inhabilitar a estos cargos a menos que esto formara parte de un proceso penal en su contra.

«Esta Corte advierte que las reformas realizadas al procedimiento disciplinario colombiano no deben confundirse con mantener jurídicamente en su ordenamiento la posibilidad de que órganos distintos a un ‘juez en proceso penal’ impongan sanciones de destitución o inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos», recogía el documento.

Así, la corte concluyó que la reforma «no constituye una medida de cumplimiento» dado que permite que este tipo de órganos tomen medidas que restrinjan los derechos de funcionarios democráticamente electos», según informaciones del diario ‘El Espectador’. Sin embargo, tanto Arias como Gómez han criticado al organismo y lo han acusado de injerir en cuestiones estatales.

«El pronunciamiento de la corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos», han manifestado.

Aluden a la lucha contra la corrupción

Además, defienden que la destitución de altos cargos a manos de la Procuraduría permite hacer frente a actos de corrupción: «El ejercicio del poder disciplinario por parte de la Procuraduría sobre quienes desempeñan funciones públicas –incluso en cargos de elección popular– le ha permitido al Estado colombiano enfrentar el flagelo de la corrupción».

La reforma, han añadido, «introdujo varias disposiciones orientadas a que dentro del procedimiento disciplinario los funcionarios sean investigados y luego juzgados por funcionarios diferentes, independientes, imparciales y autónomos».

En este sentido, han manifestado que el Estado colombiano «siempre se ha esforzado» por respetar los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales, lo que queda demostrado «con los convenios ratificados e introducidos al ordenamiento jurídico, en armonía de las disposiciones superiores».

Para el propio Petro, sin embargo, todo esto constituye una «falsedad». «La sentencia lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas; en cambio lo que hizo la procuradora fue transformarla en una policía política a cambio de cargos para los congresistas», ha aseverado en su cuenta de Twitter.