El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano pidió a la Contraloría General realizar una auditoría a la contratación realizada durante los años 2021 y 2022 porque al parecer, se habrían firmado múltiples contratos en pocas personas en diferentes entidades, muchos de estos con funciones que son de competencia del personal de planta.

La información estaba en manos de la Fiscalía quien la remitió a la Contraloría al considerar que no existía méritos para una investigación de tipo penal.

Dentro de los hallazgos que serán remitidos a la Contraloría se encuentran una serie de documentos relacionados con el presupuesto ejecutado por parte de varias entidades del Estado por concepto de prestación de servicios.

El director del DAPRE habría hecho algunas advertencias sobre posibles irregularidades encontradas, entre ellas, “una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios, similitud en el objeto contractual referente a las tareas propias de los funcionarios de planta y se constató que algunas personas son beneficiadas de varios contratos en distintas entidades estatales”.

“La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”, recalcó Lizcano quien explicó que de encontrarse algún hallazgo se haga la compulsa de copias respectivas a la Fiscalía.