El proyecto de ley que buscaba que las mujeres cabeza de familia que están privadas de la libertad, puedan sustituir esa sanción que tienen con un trabajo social, fue objetado por el Gobierno Nacional, quien pide que las medidas diferenciales para mujeres cabeza de familia privadas de la libertad no se aplique al hurto agravado, al concierto para delinquir o al narcotráfico.
Al respecto, la representante a la cámara Juanita Goebertus considera que de aprobarse estas peticiones en el Congreso de la República, se dejaría por fuera de la aplicación al 91% de las mujeres que están privadas de la libertad por este tipo de delitos.
“El Gobierno se opone también a que se aplique en penas entre 6 y 8 años, a pesar de que la Fiscalía apoyó esta propuesta que venía del CICR e insiste en que se amplíe a padres cabeza de familia. Daremos la pelea en el Congreso de la República”, aseguró la congresista.
