La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria a Andrés Mayorquín Bocanegra, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por posible tráfico de influencias.
El órgano de control busca establecer si Mayorquín Bocanegra también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su esposa, Karen Vaquiro, en distintas entidades estatales.
El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias.
Es de señalar que, de manera preliminar, la condición de Vaquiro no permitiría dar inicio a una actuación disciplinaria en su contra, por no ser sujeto disciplinable, como lo señala el Artículo 25 de la Ley 734 de 2002, “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código”.
El órgano de control dejó claro que si se comprueba que Mayorquín asumió funciones públicas, la Entidad procederá con su vinculación formal a la investigación.
